Reformas electorales: aumenta la presión para frenar el proyecto 699
- 06/10/2026 00:00
Libertad Ciudadana solicitó a la presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas, que el proyecto regrese a la Comisión de Gobierno. La iniciativa llegó al pleno con el informe de primer debate sin las firmas de tres de los nueve comisionados y bajo cuestionamientos del Tribunal Electoral, gremios empresariales, diputados y organizaciones civiles
La presión alrededor de las reformas electorales aumenta. La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana solicitó formalmente a la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, devolver a primer debate el proyecto de ley 699, una iniciativa que salió de la Comisión de Gobierno profundamente modificada y que desde entonces acumula cuestionamientos sobre su contenido y su trámite.
La organización, capítulo panameño de Transparencia Internacional, considera que los cambios introducidos requieren una discusión más amplia antes de que el proyecto avance en el pleno. Sus principales reparos están en el aumento de los topes de financiamiento y gasto electoral, los controles sobre el dinero de campaña, las condiciones para la libre postulación, la formación de nuevos partidos y los plazos vinculados a la fiscalización.
La solicitud se produce cuando el proyecto todavía no ha entrado de lleno en segundo debate y arrastra una controversia que comenzó antes de abandonar la Comisión de Gobierno.
El 23 de septiembre, la iniciativa fue aprobada en primer debate con siete votos a favor y dos en contra. La respaldaron Benicio Robinson y Raphael Buchanan, del PRD; Luis Eduardo Camacho y Alaín Cedeño, de Realizando Metas; Julio de la Guardia, de Cambio Democrático; Ósman Gómez, de Alianza; y Ariana Coba, del Partido Panameñista. Alexandra Brenes y Walkiria Chandler, de Vamos, votaron en contra.
Pero cuando el informe llegó al pleno apareció otro elemento de discusión: el documento solo contenía seis de las nueve firmas de los integrantes de la comisión.
No estaban las firmas de Brenes, Chandler ni Coba. Las dos diputadas de Vamos habían votado contra el proyecto; Coba, en cambio, lo había respaldado. Firmaron Robinson, Buchanan, Camacho, Cedeño, De la Guardia y Gómez.
La diferencia es relevante. Coba votó a favor de que las reformas avanzaran, pero no estampó su firma en el informe enviado al pleno.
Brenes y Chandler cuestionaron el procedimiento y alegaron que el Reglamento Interno establece que los integrantes de la comisión deben firmar el informe, incluso cuando discrepan, dejando constancia de que salvan su voto. Camacho, secretario de la Comisión de Gobierno, respondió que remitir informes con la firma de la mayoría constituye una práctica recurrente en la Asamblea.
A esa discusión se sumaron posteriormente discrepancias entre modificaciones que, según las diputadas, fueron aprobadas en la comisión y el texto que finalmente fue enviado al pleno.
El proyecto 699 no llegó a la Asamblea como una hoja en blanco. Fue presentado por el Tribunal Electoral después del proceso de consultas de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, en el que participaron partidos políticos, representantes de la libre postulación, organizaciones de la sociedad civil, universidades e instituciones públicas.
Sin embargo, su paso por la Comisión de Gobierno alteró sustancialmente el contenido.
La Asamblea reportó dos grandes paquetes de modificaciones: uno presentado por Brenes y Chandler y otro impulsado por Robinson y Camacho.
Libertad Ciudadana contabilizó 14 artículos eliminados, cinco añadidos y 27 modificados respecto al proyecto presentado originalmente por el Tribunal Electoral. La organización advirtió desde el 30 de septiembre que el nuevo texto reduce controles sobre el financiamiento político y crea condiciones desiguales para competir.
Entre las modificaciones promovidas por Robinson y Camacho figura el aumento de los topes de financiamiento privado para candidatos a diputado y alcalde, que pueden alcanzar hasta $500,000.
También se han cuestionado los cambios relacionados con los plazos para rendir cuentas, la fiscalización electoral, las candidaturas por libre postulación, los requisitos para constituir nuevos partidos y la posibilidad de mantener la titularidad de dos cargos de elección popular.
La ruptura más clara con el texto aprobado por los diputados vino del propio Tribunal Electoral. El pleno de la institución rechazó el 1 de octubre varios de los cambios introducidos en primer debate y aseguró que representan “retrocesos para el sistema electoral panameño”.
Entre los puntos señalados por los magistrados están el aumento de los límites de las donaciones privadas para diputados y alcaldes, la posibilidad de que autoridades electas mantengan la titularidad de dos cargos y la extensión de los plazos para que funcionarios con aspiraciones electorales permanezcan en sus puestos.
El Tribunal advirtió que no apoyará modificaciones que comprometan la equidad y la transparencia de las elecciones de 2029.
El pronunciamiento elevó el tono de una discusión que hasta entonces estaba concentrada principalmente entre diputados, organizaciones civiles y gremios empresariales.
La doble titularidad abre otro frente
Uno de los artículos que más resistencia ha generado es el que permitiría a una persona electa para dos cargos conservar la titularidad de ambos durante el periodo constitucional, aunque solo ejerza uno a la vez.
La modificación fue cuestionada por el diputado panameñista José Luis Varela, quien sostuvo que representa un retroceso y alertó sobre los efectos jurídicos que podría producir si un funcionario alterna entre dos cargos durante el mismo periodo.
Varela, presidente de la bancada panameñista, anunció además que su colectivo presentaría un informe de minoría y propondría devolver el proyecto a primer debate.
La posición introduce otro matiz dentro del Panameñismo: Ariana Coba, miembro de la Comisión de Gobierno, votó a favor del proyecto, aunque posteriormente no firmó el informe; mientras Varela ha pasado a encabezar las críticas contra varias de las modificaciones introducidas.
Mientras tanto, las reformas abrieron, además, una disputa interna en el PRD.
Una de las modificaciones impulsadas durante el primer debate plantea que la representación legal de los partidos recaiga en su presidente. En el PRD, esa función corresponde actualmente a la Secretaría General, ocupada por Balbina Herrera.
El cambio enfrenta a Herrera con Benicio Robinson, presidente del partido y, al mismo tiempo, presidente de la Comisión de Gobierno que condujo el primer debate del proyecto. La discusión dejó de ser únicamente electoral para tocar directamente la estructura interna de uno de los principales partidos del país.
Por su parte, la presidenta del partido Cambio Democrático (CD), Yanibel Ábrego, adelantó este fin de semana su preocupación por los cambios introducidos al proyecto de reformas electorales.
Ábrego señala que el texto que llegó a la Asamblea presenta modificaciones sustanciales respecto a la propuesta discutida y consensuada en la Comisión Nacional de Reformas Electorales. A su juicio, estas diferencias representan un riesgo para el proceso electoral de 2029. “Hay diferencias graves que pueden poner en peligro las elecciones del 2029”, advirtió.
La dirigente de CD también dejó claro que su colectivo rechazará cualquier decisión impuesta o aprobada de manera sorpresiva y reclamó que se mantengan los acuerdos alcanzados durante el proceso de discusión de las reformas.
Vamos mantiene una de las posiciones más críticas frente al texto.
Brenes y Chandler fueron las únicas integrantes de la Comisión de Gobierno que votaron contra la iniciativa. La diputada Janine Prado también ha cuestionado el endurecimiento de las condiciones para la libre postulación, especialmente el aumento de requisitos combinado con un periodo menor para recolectar firmas.
La bancada Seguimos también ha anunciado que presentará modificaciones durante el segundo debate, con reparos sobre las reglas aplicables a la libre postulación y la formación de partidos.
El diputado Ernesto Cedeño ha pedido que el paquete sea analizado con mayor detenimiento, mientras Betserai Richards ha advertido previamente que recurriría a la Corte si las nuevas disposiciones terminan restringiendo de manera indebida la participación de candidatos independientes.
Los cambios también alcanzan a agrupaciones políticas en formación. El expresidente Martín Torrijos, que impulsa Unidos por una Nueva Era (UNE), ha cuestionado el aumento de las exigencias para constituir nuevos partidos.