Reformas eléctricas: Clientes se podrán abstener de pago ante un reclamo de aumento de factura

El proyecto de ley No. 705, presentado este 7 de septiembre por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, ante el pleno de la Asamblea Nacional busca modificar la normativa que regula el servicio público de electricidad en Panamá y establece nuevas obligaciones para las empresas distribuidoras, al tiempo que fortalece los mecanismos de reclamo y compensación para los usuarios.

La iniciativa, que se encuentra pendiente de primer debate en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, propone cambios al Texto Único de la Ley No. 6 de 1997 con el objetivo de elevar los estándares de calidad del servicio y reforzar la fiscalización de las empresas.

Uno de los principales cambios planteados está relacionado con los derechos de los clientes frente a incumplimientos en la calidad del suministro eléctrico.

El proyecto establece que los clientes tendrán derecho a recibir créditos en sus facturas cuando las empresas incumplan los parámetros de calidad establecidos.

Además, se modifica el procedimiento para presentar reclamos por facturación. Los clientes que estén al día con sus pagos podrán abstenerse de cancelar la parte de la factura que se encuentre bajo reclamo, mientras la empresa analiza el caso.

La distribuidora tendría un plazo de 15 días para resolver el reclamo. Si transcurre ese período sin una respuesta, el proyecto plantea que el reclamo se considere resuelto a favor del cliente.

El proyecto también endurece el régimen de sanciones para las empresas del sector eléctrico.

Las modificaciones contemplan multas de hasta B/.20 millones, además de sanciones reiterativas diarias que podrían oscilar entre $100 y $10,000, dependiendo de la infracción.

Un aspecto relevante es que los recursos provenientes de determinadas multas podrían ser destinados a los clientes afectados o al Tesoro Nacional.

La propuesta también otorga mayores facultades a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) para hacer efectivo el cobro de obligaciones económicas relacionadas con procesos de resarcimiento a los usuarios. En estos casos se contempla un recargo mensual de 2% por mora.

El proyecto establece nuevas obligaciones para las empresas distribuidoras, entre ellas la inversión en redes inteligentes, mejoras en los sistemas de medición y mayor transparencia sobre el estado de sus redes.

Las compañías tendrían que colocar en sus sitios web sistemas que permitan conocer información sobre el estado de la red y la capacidad disponible para nuevas conexiones.

También se establecen obligaciones relacionadas con la electrificación rural, incluyendo áreas que actualmente no son servidas, no resultan rentables o no están dentro de una concesión.

La iniciativa también plantea nuevas causales para la terminación de los contratos de concesión.

Entre ellas figuran los incumplimientos reiterados de las obligaciones de inversión, electrificación rural y calidad del servicio.

Incluso se contempla la terminación cuando las multas o penalizaciones acumuladas superen el 25% del ingreso total anual facturado por la empresa.

En situaciones que comprometan la continuidad del servicio, la ASEP también tendría facultades para intervenir al prestador mediante la designación de un interventor, cuyo costo sería asumido por la propia empresa.

Además, el proyecto propone modificar las reglas para las concesiones de distribución eléctrica, estableciendo un período de 15 años y procesos competitivos de concurrencia con precalificación.

La propuesta incorpora reglas para la eventual venta del paquete mayoritario de acciones de las empresas concesionarias, definido como una participación no menor del 51%, y establece fórmulas para determinar los beneficios que corresponderían al Tesoro Nacional.

También introduce restricciones para evitar concentraciones excesivas en el mercado eléctrico y prácticas de competencia desleal o abuso de posición dominante.

El proyecto establece límites a la participación de generadores en el control de empresas distribuidoras y restringe la posibilidad de solicitar nuevas licencias cuando atiendan más del 30% del consumo nacional, con excepciones para centros de datos sujetos a regulación de la ASEP.

Para las distribuidoras, se plantean restricciones sobre el control de plantas de generación y límites vinculados con la demanda y la cantidad de clientes atendidos en el mercado nacional.