Revocatoria de Mandato en Panamá: ¿qué es, cómo funciona y qué figuras políticas han recibido solicitudes?
- 10/07/2025 20:04
Aunque es un derecho ciudadano limitado, este fortalece la democracia participativa entre los ciudadanos. La revocatoria de mandato se ha convertido en un tema cada vez más presente en la política panameña. Este mecanismo democrático permite que los ciudadanos soliciten la destitución anticipada de una autoridad electa cuando consideran que esta ha incumplido con sus funciones o ha perdido legitimidad. Pero ¿cómo funciona exactamente este proceso en Panamá y qué casos recientes se han registrado?
¿Qué es la revocatoria de mandato? Es un recurso legal y político mediante el cual los electores pueden remover a una autoridad elegida por voto popular antes de que termine su período. La revocatoria se basa en el principio de soberanía popular y se puede aplicar a figuras como alcaldes, representantes de corregimiento e incluso diputados electos por libre postulación.
La revocatoria de mandato está respaldada por la Constitución panameña y desarrollada en leyes como la Ley 60 de 2006, la Ley 14 de 2010 y la Ley 4 de 2013.
Además, en 2020, el Tribunal Electoral reglamentó los procedimientos específicos para aplicar esta figura a través del Decreto No. 49.
¿Cómo se inicia el proceso? 1. Un ciudadano interesado presenta la solicitud formal ante la Dirección Regional de Organización Electoral (DROE) correspondiente.
2. El Tribunal Electoral revisa la solicitud y, si cumple los requisitos, notifica al funcionario implicado.
3. El funcionario tiene dos días hábiles para apelar.
4. La resolución final se remite a la Fiscalía General Electoral para los trámites pertinentes.
Este procedimiento aplica específicamente a autoridades electas de forma independiente, es decir, sin afiliación a partidos políticos.
Tipos de revocatorias Actualmente existen dos modalidades:
Revocatoria popular: Impulsada por la ciudadanía. Para que sea válida, se requiere recolectar firmas equivalentes al 30% del padrón electoral del circuito donde fue electa la autoridad. Luego, el Tribunal Electoral puede convocar a un referéndum vinculante.
Revocatoria partidaria: En este caso, es el propio partido político el que puede solicitar la destitución de un miembro electo por sus filas, especialmente por faltas graves a los estatutos o si ha sido condenado por delitos dolosos con penas de cinco años o más.
Casos recientes en Panamá Hasta la fecha, el Tribunal Electoral ha recibido nueve solicitudes de revocatoria de mandato contra autoridades electas por la libre postulación. La mayoría de estas se concentran en la provincia de Panamá Oeste. Algunas de las figuras involucradas son:
Stefany Peñalba, alcaldesa de Arraiján
Oliver Joel Ríos, vicealcalde de Arraiján
Manuel Cheng, diputado del circuito 13-1
Raquel Murillo, representante de Juan Demóstenes Arosemena
Franklin Valdez, alcalde de Barú, Chiriquí
Olga Paulette Thomas, diputada del 8-3
Salvador Lobos, representante suplente en Arraiján
Aunque el uso de la revocatoria de mandato en Panamá todavía es limitado, su reciente activación en varios distritos refleja un creciente interés de la ciudadanía por ejercer un control más directo sobre sus representantes.
Este instrumento fortalece la democracia participativa y plantea un llamado a la rendición de cuentas en todos los niveles del poder local y nacional.
La revocatoria de mandato se ha convertido en un tema cada vez más presente en la política panameña. Este mecanismo democrático permite que los ciudadanos soliciten la destitución anticipada de una autoridad electa cuando consideran que esta ha incumplido con sus funciones o ha perdido legitimidad. Pero ¿cómo funciona exactamente este proceso en Panamá y qué casos recientes se han registrado?
Es un recurso legal y político mediante el cual los electores pueden remover a una autoridad elegida por voto popular antes de que termine su período. La revocatoria se basa en el principio de soberanía popular y se puede aplicar a figuras como alcaldes, representantes de corregimiento e incluso diputados electos por libre postulación.
La revocatoria de mandato está respaldada por la Constitución panameña y desarrollada en leyes como la Ley 60 de 2006, la Ley 14 de 2010 y la Ley 4 de 2013.
Además, en 2020, el Tribunal Electoral reglamentó los procedimientos específicos para aplicar esta figura a través del Decreto No. 49.
1. Un ciudadano interesado presenta la solicitud formal ante la Dirección Regional de Organización Electoral (DROE) correspondiente.
2. El Tribunal Electoral revisa la solicitud y, si cumple los requisitos, notifica al funcionario implicado.
3. El funcionario tiene dos días hábiles para apelar.
4. La resolución final se remite a la Fiscalía General Electoral para los trámites pertinentes.
Este procedimiento aplica específicamente a autoridades electas de forma independiente, es decir, sin afiliación a partidos políticos.
Actualmente existen dos modalidades:
Revocatoria popular: Impulsada por la ciudadanía. Para que sea válida, se requiere recolectar firmas equivalentes al 30% del padrón electoral del circuito donde fue electa la autoridad. Luego, el Tribunal Electoral puede convocar a un referéndum vinculante.
Revocatoria partidaria: En este caso, es el propio partido político el que puede solicitar la destitución de un miembro electo por sus filas, especialmente por faltas graves a los estatutos o si ha sido condenado por delitos dolosos con penas de cinco años o más.
Hasta la fecha, el Tribunal Electoral ha recibido nueve solicitudes de revocatoria de mandato contra autoridades electas por la libre postulación. La mayoría de estas se concentran en la provincia de Panamá Oeste. Algunas de las figuras involucradas son:
Stefany Peñalba, alcaldesa de Arraiján
Oliver Joel Ríos, vicealcalde de Arraiján
Manuel Cheng, diputado del circuito 13-1
Raquel Murillo, representante de Juan Demóstenes Arosemena
Franklin Valdez, alcalde de Barú, Chiriquí
Olga Paulette Thomas, diputada del 8-3
Salvador Lobos, representante suplente en Arraiján
Aunque el uso de la revocatoria de mandato en Panamá todavía es limitado, su reciente activación en varios distritos refleja un creciente interés de la ciudadanía por ejercer un control más directo sobre sus representantes.
Este instrumento fortalece la democracia participativa y plantea un llamado a la rendición de cuentas en todos los niveles del poder local y nacional.