Revocatoria de mandato, un intento simbólico sin impacto
- 02/01/2026 00:00
La revocatoria de mandato sigue siendo un derecho formal sin capacidad real de control ciudadano. Los intentos más avanzados en Arraiján, Barú y Panamá evidencian que la indignación ciudadana no se traduce en presión política
El inicio de 2026 confirma una verdad incómoda para la democracia panameña: la revocatoria de mandato sigue siendo un derecho formal que no logra convertirse en una herramienta real de control ciudadano.
Tras meses de descontento público, controversias políticas y activismo digital, los procesos de revocatoria activos y los ya concluidos confirman un mismo patrón: la indignación no se transformó en organización. Los datos oficiales del Tribunal Electoral (TE), actualizados al 28 de diciembre de 2025 y complementados con los reportes finales, funcionan como una radiografía precisa del fenómeno.
Más que procesos estancados, las revocatorias se revelan como iniciativas políticamente marginales, incapaces de convertirse en una amenaza real para el poder constituido.
En el distrito de Panamá, las cifras son contundentes. La revocatoria contra la diputada por libre postulación Olga Paulette Thomas Horly registró apenas 5 firmas válidas de 50,162 requeridas en 120 días, lo que representa 0.10 %, y culminará el 10 de enero.
En el caso del alcalde capitalino Mayer Mizrachi Matalon, el respaldo fue de 49 firmas válidas de 217,322 requeridas en 120 días, equivalentes a 0.023 %, con cierre el 4 de febrero.
Ambos procesos, pese a la exposición mediática y al clima de fiscalización ciudadana posterior a las elecciones, no alcanzan ni el umbral mínimo para ser considerados políticamente relevantes.
En la provincia de Colón, la revocatoria contra el alcalde del distrito capital, Lorenzo Diógenes Galván Niño, alcanza 238 firmas válidas de 52,149 requeridas en 120 días (0.46 %) y cerrará el 11 de marzo.
Arraiján concentra el mayor número de procesos activos y, paradójicamente, refuerza la misma tendencia.
La alcaldesa Stefany Peñalba acumuló 2,478 firmas válidas de 57,465 requeridas, equivalentes a 4.31 %, y culminará el 15 de enero.
Su vicealcalde, Oliver Joel Ríos García, registró 2,396 firmas válidas de 57,465 requeridas (4.17 %), y su procesa cierra el 16 de enero de 2026, mientras que el diputado Manuel Cheng Peñalba sumó 2,066 de 57,465 firmas requeridas (3.60 %), y cierra el 14 de enero de 2026.
La representante de Juan Demóstenes Arosemena, Raquel del Carmen Murillo Godoy, alcanzó 211 firmas válidas de 10,822 requeridas (0.195 %), cerrando el 23 de diciembre de 2025.
El contraste resulta llamativo si se considera que la alcaldesa estuvo envuelta en una fuerte polémica nacional tras la demolición del monumento chino ubicado en el mirador del Puente de las Américas, un episodio que generó cuestionamientos culturales, simbólicos y administrativos.
El caso de Barú, en Chiriquí, representa el esfuerzo más estructurado y aun así insuficiente.
El proceso contra el alcalde Franklin Enrique Valdés Pitty concluyó el 28 de diciembre de 2025, tras un periodo de recolección de 90 días, con 851 firmas válidas de 14,914 requeridas (5.69 %).
En el mismo distrito, la revocatoria contra el vicealcalde Guadalupe Pitti cerró con apenas 20 firmas válidas, equivalente a 0.13 %. Incluso los intentos más avanzados no lograron acercarse al umbral necesario para desafiar la autoridad local.
A estos datos se suman las iniciativas que ya fracasaron sin generar efecto político alguno.
En Vacamonte, los procesos contra los representantes José E. Pérez y Maygualida Sánchez cerraron con 107 de 8,434 firmas requeridas (1.27 %) y 104 de 8,434 (1.23 %), con cierre el 6 y 3 de noviembre de 2026, respectivamente.
En Juan Demóstenes Arosemena, el proceso contra Salvador Lobos finalizó con 205 de 10,822 firmas requeridas (1.89 %), cerrando el 10 de noviembre de 2026. No hubo escalada, ni contagio ciudadano, ni acumulación de fuerza territorial; los procesos terminaron sin ruido y sin consecuencias políticas significativas.