Sector empresarial exige discutir propuestas de leyes anticorrupción

En Panamá, la corrupción ha pasado de ser un tema secundario a ocupar los primeros lugares en la lista de preocupaciones ciudadanas. Hace apenas una década, el problema figuraba al final de las encuestas; hoy, se ubica junto al desempleo como uno de los mayores retos nacionales, señaló la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap).

La Cciap advirtió que, pese a la magnitud del problema, 13 anteproyectos y 7 proyectos de ley en materia de anticorrupción permanecen sin discusión en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional.

“Estas iniciativas no son perfectas, pero comparten un propósito fundamental: atacar el principal cáncer de nuestra sociedad. Son herramientas indispensables para fortalecer las instituciones, proteger a quienes denuncian, promover la transparencia y cerrar los espacios donde la impunidad prospera”, señaló el presidente de la Cciap, Juan Alberto Arias.

Arias destacó que, aunque existen propuestas impulsadas por diputados de distintas corrientes políticas, preocupa que una minoría mantenga paralizado el debate.

“El que no la debe, no la teme; por eso no entendemos por qué no se discuten estos proyectos ni por qué se paraliza un debate que la ciudadanía exige con urgencia. Cada día de retraso envía un mensaje equivocado a quienes aún creen en la justicia”, advirtió.

El presidente de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, Luis Eduardo Camacho, respondió a Arias señalando que su crítica es “un discurso de taquilla” divorciado de sus acciones.

”Predique con el ejemplo, pidiéndole a los empresarios corruptos que dejen de ofrecer y dar coimas a los funcionarios”, escribió en sus redes.

Asimismo, señaló a La Estrella de Panamá que el avance de los proyectos anticorrupción que se encuentran en primer debate en las últimas semanas de sesiones ordinarias de la Asamblea dependerá de la respuesta que se de a los conceptos emitidos por la comisión.

Anteriormente Camacho, ha respondido a críticas sobre la celeridad del avance de los proyectos sobre anticorrupción advirtiendo que cualquier intento de presión para acelerar la discusión de las leyes anticorrupción podría resultar contraproducente.

“Cuando a mí se me pone presión, ya sea aquí en el pleno de la Asamblea, por un diputado o por un funcionario que filtra documentos que llegan a mi comisión, lo que provoca es el efecto contrario. Lo que provoca es que, como presidente, que tengo la discrecionalidad, decida sencillamente no darle prioridad al proyecto que me están planteando casi a manera de extorsión”, afirmó Camacho.

Según la Cciap, entre 2018 y 2024, el Ministerio Público recibió 8.197 denuncias, de las cuales el 92% (7,570) corresponden a delitos de corrupción. Para la Cciap, estas cifras reflejan con claridad la magnitud del problema y la responsabilidad que recae sobre las autoridades.

El gremio empresarial hizo un llamado a la Asamblea Nacional para reactivar la discusión de las iniciativas anticorrupción y demostrar, con hechos, que la honestidad sigue siendo el mejor camino.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) respaldó el llamado de la Cciap, destacando la urgencia de debatir el Proyecto de Ley 291, conocido como la Ley General Anticorrupción, presentada por el procurador General de la Nación, Luis Gómez.

“La lucha contra la corrupción no puede seguir esperando. Esta iniciativa representa una oportunidad histórica para fortalecer la capacidad del Ministerio Público y reconstruir la confianza en el Estado”, afirmó la presidenta de Apede, Giulia De Sanctis.

El proyecto amplía los plazos de prescripción, regula la colaboración eficaz, refuerza la autonomía del Ministerio Público y promueve la cooperación internacional en casos complejos, todo bajo control judicial y respetando el debido proceso.

De Sanctis advirtió que el país no puede darse el lujo de descalificar esta propuesta bajo argumentos infundados y enfatizó que Panamá debe debatir con rigor, corregir lo que sea necesario, pero no permitir que la ley quede sepultada por intereses políticos.

Asimismo, sostuvo que la ley debe ir acompañada de mecanismos concretos de rendición de cuentas, como auditorías independientes, trazabilidad digital del gasto público, portales de datos abiertos y sistemas seguros de denuncia.

Tanto la Cciap como la Apede coinciden en que la corrupción es el mayor obstáculo para el desarrollo del país, no solo por su impacto moral, sino por el costo económico y social que genera.

Ambas organizaciones subrayan que la transparencia es un requisito esencial para la confianza y la inversión, y que sin justicia independiente no hay crecimiento sostenible.