Sesiones ordinarias entran en su recta final con proyectos polémicos

A solo días de concluir el segundo periodo de sesiones ordinarias, la Asamblea Nacional entra en la recta final con una agenda cargada y varios proyectos clave aún pendientes de discusión. Con apenas 12 días de trabajo legislativo antes del cierre del 30 de abril, reformas al reglamento interno, la eliminación del Ministerio de la Mujer, la escogencia de un nuevo magistrado del Tribunal Electoral (TE) y la ley de bioetanol concentran la atención del pleno.

Uno de los avances más significativos se dio con la aprobación en la Comisión de Credenciales del proyecto de reformas al Reglamento Orgánico del Régimen Interno, tras un debate prolongado que concluyó el pasado 9 de abril. La propuesta llega ahora al pleno con poco margen para su discusión final.

El paquete incluye 37 artículos y plantea cambios orientados a la transparencia y la eficiencia legislativa. Entre ellos destacan la prohibición de nombrar familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, la ampliación de los tiempos de debate, la transmisión obligatoria de las sesiones y la exigencia de que la Comisión de Presupuesto sesione siempre de manera pública.

También se fija un plazo máximo de tres días para elegir la junta directiva al inicio de cada legislatura, con el objetivo de evitar paralizaciones como la ocurrida en el periodo anterior. La iniciativa ha sido celebrada por la coalición Vamos, mientras otros diputados han mostrado reservas sobre el alcance de las reformas.

En paralelo, el proyecto que elimina el Ministerio de la Mujer sigue sin avanzar a segundo debate. La propuesta del Ejecutivo, aprobada en primer debate en febrero, busca restituir el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) como entidad autónoma. La iniciativa ha generado rechazo de organizaciones feministas, mientras diputadas oficialistas sostienen que el cambio permitiría una institución con mayores recursos y capacidad de impacto.

Otro tema clave es la apertura del proceso para elegir al nuevo magistrado del TE, tras el vencimiento del periodo de Alfredo Juncá. La Asamblea deberá recibir postulaciones, evaluar los perfiles en la Comisión de Credenciales y tomar la decisión final en el pleno. El cargo exige los mismos requisitos que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y tiene una duración de diez años, lo que convierte el proceso en una decisión de alto impacto institucional.

La agenda se completa con el proyecto de ley que establece la mezcla obligatoria de 10% de bioetanol en el combustible. Aunque la iniciativa busca generar empleo rural, enfrenta críticas por posibles aumentos en el precio del combustible, dudas sobre su impacto en la cadena logística y cuestionamientos constitucionales por su carácter obligatorio.