Un Poder Legislativo disfuncional

El país ha observado con asombro, sorpresa e incomprensión el largo intento de alcanzar un consenso entre todas las bancadas legislativas en torno a la composición de las 15 comisiones de la Asamblea. Lo que ha podido realizarse en una semana, como mucho, los legisladores han logrado lo impensable: alargar el acuerdo por más de un mes. Incluso a última hora nos han sorprendido con lo inesperado: lograron un acuerdo en torno a 13 comisiones.

¿Cómo se explica que lo que pudo lograrse en una semana haya tomado más de 30 días, y que el voto secreto para dirimir la composición de las comisiones de Gobierno y Credenciales haya dejado ver la ruptura del compromiso de algunos diputados del bloque de los 37 de oposición, que son los que controlaron en buena lid la junta directiva de la Asamblea?

La respuesta es crucial para entender y dejar al descubierto la naturaleza de ese órgano del Estado, sin el cual no habría democracia, aunque si resultara disfuncional lo que tendríamos es una caricatura del órgano Legislativo.

Alcanzar en un poco más de 30 días lo que pudo lograrse en una semana deja ver las dificultades que encontraron las maniobras dirigidas a romper la disciplina del bloque de oposición. Mientras estas no lograban su objetivo, la estrategia fue alargar al máximo posible la constitución de las comisiones.

Convencido el bloque oficialista, constituido fundamentalmente por Realizando Metas y el Partido Revolucionario Democrático, de la imposibilidad de hacerse con comisiones tan importantes como la de Presupuesto, rebajaron sus ambiciones para centrarse en las de Gobierno y Credenciales, pero al no alcanzar acuerdo alguno se vieron obligados a someterlas a votación secreta, con la certeza previa de que habían logrado “conquistar” dos votos del bloque de oposición para beneficio del bloque oficialista en la Comisión de Gobierno, y cuatro votos para la Comisión de Credenciales.

Resultado: el bloque oficialista controlará la Comisión de Credenciales, siendo su presidenta más probable Dana Castañeda. Pese a todas las maniobras, el bloque de oposición logró la mayoría en la importantísima Comisión de Gobierno.

Lo primero que hay que señalar es que es muy probable que, dependiendo de la naturaleza de cada ley, el bloque de los 37 sufra rupturas cada vez más continuas, cediendo a presiones de muchos tipos. La Asamblea es un órgano que más parece un Frankestein que una institución fundamental del Estado democrático. Veamos algunos ejemplos.

La Asamblea Nacional tiene contratados, entre permanentes y eventuales, 4.719 funcionarios, y el presupuesto de 2026 le asigna 98,7 millones de balboas.

El Congreso de los Diputados de España está compuesto por 350 diputados, es decir, 5 veces más que la Asamblea Nacional de Panamá, y tiene una planilla de 934 funcionarios entre los de carrera (385), personal contratado (75), personal adscrito a servicios de apoyo (239) y personal eventual (235). Y su presupuesto anual es el equivalente a 127 millones de balboas.

Dicho de otra manera, en Panamá a cada uno de los 71 diputados le corresponderían 66,5 funcionarios y a los congresistas españoles 2,66 funcionarios por diputado.

Siguiendo con la comparación, si dividiéramos el presupuesto anual, a cada diputado español le corresponderían 362.000 balboas y a cada diputado panameño 1,390.000 balboas.

En Panamá hay diputados con cinco despachos y una planilla mensual superior a los 200.000 balboas mensuales.

Sesionan solo ocho meses al año y no se les descuentan del salario los días que no asisten, solo los investiga y juzga la Corte Suprema de Justicia, siempre y cuando exista la “prueba sumaria” (que nadie sabe muy bien en qué consiste y de la que hay varias interpretaciones), y para ser condenados se requiere una mayoría calificada de seis de los nueve magistrados. Téngase presente además que la Asamblea es el órgano judicial de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y a la vez es la Corte la que juzga a los diputados. Así, pues, es una situación posibilitadora de la corrupción o del chantaje judicial.

Las anteriores son solo un débil reflejo de las canonjías de las que disfrutan los diputados durante cinco largos años, ya que además disponen de pasaporte diplomático, placas oficiales, comunicaciones telefónicas gratuitas, choferes pagados por el Estado y otros beneficios adicionales.

Con esta estructura evidentemente corrupta, más las dádivas que se pueden recibir por cambiar su voto en ciertos proyectos, tal como al parecer ocurrió ahora con las elecciones a las comisiones de Credenciales y Gobierno, las expectativas sobre cambios importantes en la Asamblea son muy débiles. Pero nada de esto impediría que algunas bancadas intenten jugar un papel importante en proyectos de lucha contra la corrupción, e incluso en proyectos que aspiren a reformar de manera importante el Reglamento Interno de la institución. A lo que apuntamos es que sus posibilidades de éxito son exiguas.

En efecto, lograr cambios significativos en la Asamblea Nacional de Diputados, a fin de que se puedan aprobar paquetes de leyes de lucha contra la corrupción, la evasión fiscal, y otras de similar importancia, requiere no solo de una reforma en profundidad del Reglamento Interno, sino también cambiar una camisa de fuerza legal en la que se erige la Constitución Nacional.

Reducir el presidencialismo abrumador que posibilita la Constitución Nacional, y que permite que el presidente de la República nomine a los magistrados de la Corte Suprema, al procurador general de la Nación y al contralor de la República, requiere de una reforma constitucional de fondo. Lo mismo para transformar a los actuales diputados, que se eligen por circuitos electorales, en diputados nacionales, acabando así con la manipulación clientelista de importantes sectores ciudadanos.

También la actual Constitución establece un maridaje escandaloso cuando establece que los diputados juzgan a los magistrados del Tribunal Supremo y estos últimos a los diputados. Y de igual manera concede al presidente la facultad de vetar leyes, limitando de esa manera la voluntad soberana de la Asamblea, cuando en tal caso debería ser la Corte Suprema de Justicia la que emita concepto sobre la constitucionalidad o no de dichas normas legales.

Mientras esté vigente la actual Constitución muy poco podrá cambiar o reformarse la Asamblea, así como muy poco podrá cambiar o reformarse el régimen político bajo cuyas normas funciona la Asamblea.

A nuestro juicio, no se trata de una actitud pesimista, sino todo lo contrario. Si se conoce la causa que origina una enfermedad, se habrá dado un gran paso hacia la búsqueda de una cura. En efecto, nuestra Asamblea Nacional de Diputados es consecuencia de un régimen constitucional que hace posible la corrupción como sistema político y establece derechos sociales y democráticos limitados. Y cierto es que las constituciones no construyen puentes ni caminos ni garantizan gobernantes probos, pero no cabe duda de que instituyen marcos legales que dificultan el recorte de derechos sociales y democráticos, por una parte, y por otra crean mecanismos que promueven la defensa eficaz de dichos derechos.

Nada de lo anterior debería limitar a los ciudadanos para exigir a la Asamblea legislaciones sociales y económicas que sirvan al desarrollo del país que no incurra en la desigualdad bajo el antifaz tramposo del crecimiento. Como, por ejemplo, solucionar la gigantesca evasión fiscal, impedir los contratos de obra leoninos para el Estado, las exoneraciones injustificables, la impunidad convertida en norma, los contratos-leyes que son una vergüenza por su descaro en la corrupción que daña en ocasiones de forma irreparable al Estado, e impulsar una ley general de salarios que impida nombrar con salarios dispares a funcionarios para ejercer las mismas funciones, etc. En fin, todo lo anterior son algunas de las responsabilidades de la Asamblea, y para su cumplimiento el tiempo se ha agotado.