Protocolo Taft-Arango: cuando Panamá puso límites a la injerencia de EE.UU.
- 16/08/2026 00:00
El acuerdo de 1907 marcó un giro en la relación con Washington al reconocer a Panamá autonomía para definir sus fronteras.
No es la primera vez que se cuenta la historia del control estadounidense sobre el territorio panameño y sus usos. Sin embargo, tras la separación de Colombia, la injerencia de Washington también alcanzó la delimitación de las fronteras de la naciente República, limitando la posibilidad de que Panamá resolviera por sí misma una cuestión fundamental de su soberanía.
Durante los primeros años de vida independiente, Estados Unidos tuvo un papel determinante en asuntos relacionados con el territorio panameño, una situación que estuvo vinculada al régimen establecido por el Tratado Hay-Bunau Varilla.
Una disposición de ese tratado resulta particularmente relevante para entender el alcance territorial de los derechos concedidos a Estados Unidos: el artículo II. A este se sumó, pocos años después, el Protocolo Taft-Arango de 1907, firmado el 17 de agosto, que permitió a Panamá recuperar margen de acción para negociar directamente con Colombia la definición de sus fronteras.
El artículo II del Tratado Hay-Bunau Varilla estableció una concesión territorial extraordinariamente amplia a favor de Estados Unidos. Panamá concedió a Estados Unidos, “a perpetuidad”, el uso, ocupación y control de una zona de tierra y aguas de diez millas de ancho para la construcción, mantenimiento, funcionamiento, saneamiento y protección del Canal.
La zona se extendía cinco millas a cada lado de la línea central de la ruta del Canal, atravesando el istmo desde el Caribe hasta el Pacífico.
El alcance de la disposición no se limitaba a esa franja de diez millas. El mismo artículo establecía que Panamá también concedía también a Estados Unidos otras tierras y aguas fuera de esa zona que pudieran resultar necesarias o convenientes para el funcionamiento y protección del Canal, así como para obras auxiliares.
Además, la concesión incluía las islas situadas dentro de los límites de la Zona del Canal y las islas Perico, Naos, Culebra y Flamenco, en la bahía de Panamá.
Pero la influencia estadounidense sobre los asuntos territoriales de Panamá no terminó en la definición de la Zona del Canal. En los primeros años de la República también estaba pendiente la definición de la frontera entre Panamá y Costa Rica.
De acuerdo con el historiador Ernesto Castillero Pimentel, autor de Panamá y los Estados Unidos (1903-1953), el Gobierno estadounidense se mantuvo informado sobre el desarrollo de la controversia territorial a través del gobierno costarricense.
En mayo de 1907, el presidente costarricense Cleto González Víquez pidió al Congreso Nacional de Costa Rica rechazar los acuerdos existentes con Panamá, como parte de una estrategia para presionar a la nueva República hacia un entendimiento.
Posteriormente, Costa Rica envió a Luis Anderson a Washington con el objetivo de conseguir la intervención estadounidense para buscar una solución definitiva a la disputa territorial.
Mientras tanto, el ministro costarricense en Washington, Joaquín Bernardo Calvo, realizó gestiones para que el entonces presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, aceptara actuar como árbitro.
Un aspecto particularmente relevante de estas gestiones es que, según Castillero Pimentel, el Gobierno panameño no tenía conocimiento de ellas.
El 4 de diciembre de 1907, el secretario de Estado estadounidense Elihu Root recibió a Anderson. Cinco días después, el representante costarricense solicitó oficialmente los buenos oficios del Gobierno de Estados Unidos para solucionar la controversia fronteriza.
Costa Rica argumentó que confiaba en la cooperación estadounidense para conseguir la definición de la línea divisoria con Panamá. Washington aceptó rápidamente intervenir.
El 24 de diciembre, el Departamento de Estado remitió la solicitud costarricense y su respuesta al ministro estadounidense en Panamá, Herbert A. G. Squiers, con instrucciones para que presionara al Gobierno panameño a someter la controversia al presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos o a otro alto funcionario judicial estadounidense.
Este episodio muestra hasta qué punto Estados Unidos podía ejercer influencia sobre una República panameña que apenas comenzaba a consolidar su soberanía.
Sin embargo, en ese mismo año Panamá logró negociar una modificación importante de este esquema.
El 17 de agosto de 1907, el panameño José Agustín Arango y el entonces secretario de Guerra estadounidense William Howard Taft firmaron en Washington el denominado Protocolo Taft-Arango.
Arango había sido uno de los protagonistas de la separación de Colombia y posteriormente desempeñó funciones de representación de Panamá en Washington.
El protocolo funcionó como una adición al Tratado Hay-Bunau Varilla y reconoció a Panamá la posibilidad de negociar directamente con Colombia la definición de sus fronteras, sin que Estados Unidos tuviera que intervenir en esas negociaciones.
La importancia del acuerdo radicó precisamente en que devolvía a Panamá un margen de autonomía en una materia esencial de su soberanía: la definición de sus propios límites territoriales.
El Tratado Hay-Bunau Varilla no solamente definió las condiciones bajo las cuales Estados Unidos construiría y administraría el Canal. También estableció un régimen que condicionó durante décadas la relación entre la soberanía panameña y la presencia estadounidense.
El artículo II es clave para comprender la dimensión territorial de ese acuerdo. El primero creó la Zona del Canal y concedió a Estados Unidos amplios derechos de uso, ocupación y control. El segundo estableció el destino de determinados bienes y tierras vinculados a las compañías que habían operado el Canal y el Ferrocarril.
Años después, el Protocolo Taft-Arango mostró que Panamá buscaba recuperar espacios de decisión sobre asuntos fundamentales para cualquier Estado: sus fronteras y sus relaciones con sus países vecinos.
Así, durante los primeros años de la República, la definición del territorio panameño estuvo marcada por una tensión entre las amplias facultades concedidas a Estados Unidos y los esfuerzos posteriores de Panamá por recuperar capacidad de decisión sobre su propio territorio y sus relaciones exteriores.