‘Se está destruyendo el Estado de derecho en Panamá’, advierten abogados
- 21/05/2025 13:30
Juristas panameños cuestionaron el “uso político” de la Justicia bajo “presiones” del Ejecutivo en medio de las protestas por el Seguro Social y los acuerdos firmados con EE.UU. Un grupo de abogados y docentes del derecho denunciaron este miércoles lo que calificaron como una “ruptura del Estado de derecho”, en medio de las protestas contra las políticas del gobierno de José Raúl Mulino.
En conferencia de prensa en la ciudad capital, los juristas, que ejercen en distintas provincias y ramas de la abogacía, cuestionaron la “interferencia del Órgano Ejecutivo” en procesos judiciales contra dirigentes sociales que se manifiestan.
“La impunidad frente a delitos graves, la selectividad judicial, y la persecución a líderes sociales (...) son señales preocupantes del uso político de la justicia. Esta conducta erosiona la autonomía institucional y mina la confianza ciudadana en el Estado de derecho”, señalaron en una declaración abierta para que sea firmada por otros abogados y la ciudadanía en general.
El doctor en derecho y catedrático universitario, Rolando Murgas Torraza, uno de los juristas que suscribió la declaración, advirtió sobre las recientes acciones que avanza el gobierno de Mulino y que a su juicio representan una vulneración de garantías fundamentales como el derecho a la protesta, la libertad de expresión y la actividad sindical.
Consideran como muy grave el uso del Ministerio Público y la administración de justicia para perseguir políticamente a quienes cuestionan al Ejecutivo, haciendo referencia al caso del dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), Jaime Caballero, quien fue detenido por el presunto delito de blanqueo de capitales en el marco de la protesta contra la Ley 462 que reforma la Caja de Seguro Social (CSS).
“Se está destruyendo el Estado de derecho. Los abogados que estamos aquí, lo hacemos para evitar que se desarme eso”, sostuvo Murgas Torraza.
Los abogados hicieron también un llamado a la Corte Suprema de Justicia, para que “ponga freno” y sea garante de la protección de los derechos fundamentales.
En el documento también hacen un llamado a defender la soberanía y en rechazo de los abusos de los estamentos de la Fuerza Pública contra los ciudadanos que protestan.
“Es indispensable que los profesionales del derecho exijan el respeto de los derechos colectivos de los trabajadores, hoy enfrentados a políticas antidemocráticas (...) proteger el Estado de derecho como fundamento de la justicia y de la democracia es responsabilidad de todos los ciudadanos que aspiramos a una sociedad justa, libre y equitativa”, señala.
Las organizaciones populares manifiestan que la Ley 462 abre las puertas para la “privatización” de la CSS y cuestionan el esquema de cuentas individuales del gobierno, que consideran generará “jubilaciones de hambre”. En su mayoría, plantean volver a un modelo de reparto de beneficio definido -sistema solidario-. Estos cuestionamientos son calificados como “mentiras” por el Ejecutivo.
Un grupo de abogados y docentes del derecho denunciaron este miércoles lo que calificaron como una “ruptura del Estado de derecho”, en medio de las protestas contra las políticas del gobierno de José Raúl Mulino.
En conferencia de prensa en la ciudad capital, los juristas, que ejercen en distintas provincias y ramas de la abogacía, cuestionaron la “interferencia del Órgano Ejecutivo” en procesos judiciales contra dirigentes sociales que se manifiestan.
“La impunidad frente a delitos graves, la selectividad judicial, y la persecución a líderes sociales (...) son señales preocupantes del uso político de la justicia. Esta conducta erosiona la autonomía institucional y mina la confianza ciudadana en el Estado de derecho”, señalaron en una declaración abierta para que sea firmada por otros abogados y la ciudadanía en general.
El doctor en derecho y catedrático universitario, Rolando Murgas Torraza, uno de los juristas que suscribió la declaración, advirtió sobre las recientes acciones que avanza el gobierno de Mulino y que a su juicio representan una vulneración de garantías fundamentales como el derecho a la protesta, la libertad de expresión y la actividad sindical.
Consideran como muy grave el uso del Ministerio Público y la administración de justicia para perseguir políticamente a quienes cuestionan al Ejecutivo, haciendo referencia al caso del dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), Jaime Caballero, quien fue detenido por el presunto delito de blanqueo de capitales en el marco de la protesta contra la Ley 462 que reforma la Caja de Seguro Social (CSS).
“Se está destruyendo el Estado de derecho. Los abogados que estamos aquí, lo hacemos para evitar que se desarme eso”, sostuvo Murgas Torraza.
Los abogados hicieron también un llamado a la Corte Suprema de Justicia, para que “ponga freno” y sea garante de la protección de los derechos fundamentales.
En el documento también hacen un llamado a defender la soberanía y en rechazo de los abusos de los estamentos de la Fuerza Pública contra los ciudadanos que protestan.
“Es indispensable que los profesionales del derecho exijan el respeto de los derechos colectivos de los trabajadores, hoy enfrentados a políticas antidemocráticas (...) proteger el Estado de derecho como fundamento de la justicia y de la democracia es responsabilidad de todos los ciudadanos que aspiramos a una sociedad justa, libre y equitativa”, señala.
Las organizaciones populares manifiestan que la Ley 462 abre las puertas para la “privatización” de la CSS y cuestionan el esquema de cuentas individuales del gobierno, que consideran generará “jubilaciones de hambre”. En su mayoría, plantean volver a un modelo de reparto de beneficio definido -sistema solidario-. Estos cuestionamientos son calificados como “mentiras” por el Ejecutivo.