Sector empresarial critica actuar de Sitraibana en Changuinola tras despido masivo
- 26/05/2025 00:00
El gremio empresarial advirtió que la huelga bananera en Bocas del Toro se ha desviado de su propósito legítimo y acusa una agenda política detrás del conflicto La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) advirtió este domingo que la situación que atraviesa el distrito de Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, podría repetir un ciclo de crisis económica y social similar al que vivió Puerto Armuelles décadas atrás, tras la salida de la industria bananera en esa región.
En su columna semanal ‘La Cámara Opina’, el presidente del gremio, Juan Alberto Arias, señaló que lo que ocurre actualmente no es simplemente una falta de razonamiento, sino una instrumentalización política de la huelga convocada por el Sindicato de Trabajadores del Banano, Agropecuaria y Empresas Afines (Sitraibana), que ha dejado a miles de trabajadores sin sustento.
“Aquí hay algo mucho más serio: se está usando al sindicato para hacer política, dejando a un lado lo que de verdad importa —el bienestar de los trabajadores—, y saltándose lo que dice la ley y la propia convención colectiva”, aseguró Arias.
El presidente de la Cámara recordó que los sindicatos tenían una ruta legal clara para declarar una huelga, pero no la siguieron. Por este motivo, el paro fue declarado ilegal, pero la paralización se ha mantenido, afectando gravemente a la economía local.
“Cerca de 7.000 personas y sus familias están viendo cómo pierden su sustento. Y lo más triste es que todo esto se pudo evitar si hubiese habido disposición de cumplir la ley y buscar soluciones reales”, advirtió.
La semana pasada, Chiquita Panamá, junto con Ilara Holding, anunció el despido de todos los trabajadores afiliados al Sitraibana, quienes se encuentran en huelga desde el 28 de abril. La compañía justificó esta medida alegando un “abandono injustificado de labores” que ha causado pérdidas superiores a los $75 millones y daños irreversibles en la producción.
Los trabajadores despedidos debieron presentarse a partir del jueves pasado en la Oficina de Empalme para hacer efectivo el retiro de su liquidación, la cual será entregada mediante cheques bancarios nominales, conforme a la normativa vigente en Panamá.
A pesar de los despidos, el secretario general de Sitraibana, Francisco Smith, afirmó que la huelga indefinida continúa. El sindicato exige la derogación de la Ley 462, que reforma la Caja de Seguro Social, argumentando que lesiona los derechos de los trabajadores bananeros.
Aunque el Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley para reformar la Ley No. 45, que rige el sector bananero, Smith indicó que la huelga se mantendrá hasta que se apruebe una legislación que realmente beneficie a los trabajadores.
El presidente, José Raúl Mulino, declaró la huelga como ilegal y ha responsabilizado al líder sindical por los daños económicos en la región de Bocas del Toro, una zona clave para la producción bananera.
La situación ha generado preocupación por el impacto económico y social en la provincia de Bocas del Toro, donde la industria bananera es una fuente principal de empleo. Mientras tanto, el gobierno y los trabajadores bananeros continúan en negociaciones para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto laboral.
Por su parte, Arias comparó el escenario actual con lo ocurrido en Puerto Armuelles, que durante el siglo XX fue un símbolo de prosperidad alrededor de la producción bananera, pero cuya economía colapsó cuando se rompieron los canales de diálogo entre las partes.
“El resultado fue devastador: la empresa se fue, los empleos desaparecieron, y un pueblo pasó de ser próspero a un pueblo fantasma”, recordó.
La Cámara valoró que el Gobierno ha puesto propuestas sobre la mesa para atender las inquietudes derivadas de la Ley 45 de 2017 —que regula aspectos laborales y de seguridad social de los trabajadores del sector bananero—, pero lamentó que estas hayan sido rechazadas por los líderes sindicales.
“Así no se avanza. Lo que estamos viendo ahora se parece más a una jugada política que a una verdadera defensa del trabajador”, puntualizó Arias.
En su mensaje, la Cámara insistió en que no puede haber empleo sin empresas operando, y alertó que la confrontación constante solo conduce al estancamiento y la pobreza.
La reflexión se extendió también al plano educativo, otro sector que enfrenta paralizaciones. Arias subrayó que miles de niños y jóvenes están perdiendo más que solo clases: se les está negando la oportunidad de desarrollar habilidades necesarias para el futuro.
“Necesitamos formar ciudadanos que sepan defender sus derechos con argumentos, pero también que sepan cómo construir acuerdos con responsabilidad”, expresó.
Finalmente, el gremio hizo un llamado a todas las partes involucradas a recuperar el diálogo y construir acuerdos sostenibles.
“Todavía estamos a tiempo de evitar que Changuinola termine como Puerto Armuelles. Pero para eso, hay que estar dispuestos a sentarse, hablar, cumplir la ley y construir soluciones reales”, concluyó Arias.
La Cámara de Comercio reiteró su compromiso con el desarrollo del país y pidió no permitir que “la politiquería nos cierre las puertas al progreso”.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) advirtió este domingo que la situación que atraviesa el distrito de Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, podría repetir un ciclo de crisis económica y social similar al que vivió Puerto Armuelles décadas atrás, tras la salida de la industria bananera en esa región.
En su columna semanal ‘La Cámara Opina’, el presidente del gremio, Juan Alberto Arias, señaló que lo que ocurre actualmente no es simplemente una falta de razonamiento, sino una instrumentalización política de la huelga convocada por el Sindicato de Trabajadores del Banano, Agropecuaria y Empresas Afines (Sitraibana), que ha dejado a miles de trabajadores sin sustento.
“Aquí hay algo mucho más serio: se está usando al sindicato para hacer política, dejando a un lado lo que de verdad importa —el bienestar de los trabajadores—, y saltándose lo que dice la ley y la propia convención colectiva”, aseguró Arias.
El presidente de la Cámara recordó que los sindicatos tenían una ruta legal clara para declarar una huelga, pero no la siguieron. Por este motivo, el paro fue declarado ilegal, pero la paralización se ha mantenido, afectando gravemente a la economía local.
“Cerca de 7.000 personas y sus familias están viendo cómo pierden su sustento. Y lo más triste es que todo esto se pudo evitar si hubiese habido disposición de cumplir la ley y buscar soluciones reales”, advirtió.
La semana pasada, Chiquita Panamá, junto con Ilara Holding, anunció el despido de todos los trabajadores afiliados al Sitraibana, quienes se encuentran en huelga desde el 28 de abril. La compañía justificó esta medida alegando un “abandono injustificado de labores” que ha causado pérdidas superiores a los $75 millones y daños irreversibles en la producción.
Los trabajadores despedidos debieron presentarse a partir del jueves pasado en la Oficina de Empalme para hacer efectivo el retiro de su liquidación, la cual será entregada mediante cheques bancarios nominales, conforme a la normativa vigente en Panamá.
A pesar de los despidos, el secretario general de Sitraibana, Francisco Smith, afirmó que la huelga indefinida continúa. El sindicato exige la derogación de la Ley 462, que reforma la Caja de Seguro Social, argumentando que lesiona los derechos de los trabajadores bananeros.
Aunque el Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley para reformar la Ley No. 45, que rige el sector bananero, Smith indicó que la huelga se mantendrá hasta que se apruebe una legislación que realmente beneficie a los trabajadores.
El presidente, José Raúl Mulino, declaró la huelga como ilegal y ha responsabilizado al líder sindical por los daños económicos en la región de Bocas del Toro, una zona clave para la producción bananera.
La situación ha generado preocupación por el impacto económico y social en la provincia de Bocas del Toro, donde la industria bananera es una fuente principal de empleo. Mientras tanto, el gobierno y los trabajadores bananeros continúan en negociaciones para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto laboral.
Por su parte, Arias comparó el escenario actual con lo ocurrido en Puerto Armuelles, que durante el siglo XX fue un símbolo de prosperidad alrededor de la producción bananera, pero cuya economía colapsó cuando se rompieron los canales de diálogo entre las partes.
“El resultado fue devastador: la empresa se fue, los empleos desaparecieron, y un pueblo pasó de ser próspero a un pueblo fantasma”, recordó.
La Cámara valoró que el Gobierno ha puesto propuestas sobre la mesa para atender las inquietudes derivadas de la Ley 45 de 2017 —que regula aspectos laborales y de seguridad social de los trabajadores del sector bananero—, pero lamentó que estas hayan sido rechazadas por los líderes sindicales.
“Así no se avanza. Lo que estamos viendo ahora se parece más a una jugada política que a una verdadera defensa del trabajador”, puntualizó Arias.
En su mensaje, la Cámara insistió en que no puede haber empleo sin empresas operando, y alertó que la confrontación constante solo conduce al estancamiento y la pobreza.
La reflexión se extendió también al plano educativo, otro sector que enfrenta paralizaciones. Arias subrayó que miles de niños y jóvenes están perdiendo más que solo clases: se les está negando la oportunidad de desarrollar habilidades necesarias para el futuro.
“Necesitamos formar ciudadanos que sepan defender sus derechos con argumentos, pero también que sepan cómo construir acuerdos con responsabilidad”, expresó.
Finalmente, el gremio hizo un llamado a todas las partes involucradas a recuperar el diálogo y construir acuerdos sostenibles.
“Todavía estamos a tiempo de evitar que Changuinola termine como Puerto Armuelles. Pero para eso, hay que estar dispuestos a sentarse, hablar, cumplir la ley y construir soluciones reales”, concluyó Arias.
La Cámara de Comercio reiteró su compromiso con el desarrollo del país y pidió no permitir que “la politiquería nos cierre las puertas al progreso”.