Carlos A. Mendoza y la transición al liberalismo

La muerte de don José Agustín Arango, primer designado del presidente José Domingo De Obaldía Gallegos, el 2 de mayo de 1909 y la del propio presidente De Obaldía, el 1 de marzo de 1910, produjeron el acceso a la presidencia del segundo designado, don Carlos Antonio Mendoza Soto (1856-1916).

Carlos A. Mendoza ocupó la presidencia únicamente durante siete meses en 1910, del 1 de marzo al 30 de septiembre, el fin del primer bienio del periodo de De Obaldía Gallegos. Ello significó no solo el acceso del primer liberal a la presidencia de Panamá, sino que llevó el heredero de tez morena “del viejo caudillismo liberal santanero, de Buenaventura Correoso y Rafael Aizpuru”-.

El hecho tuvo triple importancia política:

Llegó a la presidencia de la República por primera vez, un liberal de pura cepa y así se puso término al dominio de los conservadores con respecto al cargo de responsabilidad suprema en la República.

Llegó a la presidencia un liberal santanero de los “de afuera”, es decir, no pertenecía a la elite de personajes que vivían en el Panamá “de adentro” (Catedral y sus alrededores), quienes conformaban el grupo social, económico y étnico dominante de la época. Él no estaba íntimamente asociado a esa gente “de adentro” sino a la gente del arrabal de Santa Ana, de donde él provenía.

Llegó a la presidencia de la República alguien que no era blanco, sino negro, con lo cual se amplió sociológicamente el acceso a este importante cargo y se intensificó la identidad, como ciudadano panameño, del grupo étnico negro.

Carlos Antonio Mendoza pertenecía a la tradición liberal que se vinculaba al general José Domingo Espinar y por su intermedio a Bolívar mismo, de quien Espinar fue secretario. Esa tradición, a lo largo del siglo XIX en Panamá, había estado representada por dirigentes políticos como Buenaventura Correoso (1831-1911) y Rafael Aizpuru (1843-1919). De Correoso se ha dicho que era: “caudillo popular que emergió de los arrabales de la ciudad. Fue un permanente defensor de la pureza del sufragio. En tres oportunidades distintas fue presidente del Estado Soberano de Panamá y su actuación administrativa se destacó por el empeño que colocó en la educación popular”.

“Pero, además de su vocación como caudillo popular, se destacó como el estadista más importante de la centurias”.

Buenaventura Correoso fue además la figura tutelar de Belisario Porras, a quien mandó a estudiar derecho a Bogotá. Además, Correoso fue maestro durante cierto tiempo. Y como personero municipal le correspondieron las sumarias del Incidente de la Tajada de Sandía, en el año de 1856.

Rafael Aizpuru, por su parte, en el tercer cuarto del siglo XIX, junto a Buenaventura Correoso dirigió un intento de revolución en contra del centralismo de la “Regeneración” de Rafael Núñez, adicionalmente, como concejal, el día 4 de noviembre de 1903: “Fue uno de los signatarios del Acta de Independencia, había conjugado diversos cargos en el gobierno de Colombia; encargado del Estado Soberano de 1875; Jefe Civil y Militar en Panamá en 1885; varias veces diputado en la Asamblea Legislativa y toda su vida fue un forjador de la patria, valiente y constante”.

Carlos Antonio Mendoza Soto, discípulo de estos dos, fue máximo dirigente de este liberalismo santanero, liberales del arrabal y no de los de “adentro”, por eso, su acceso a la presidencia tuvo tanta significación.

Como segundo designado del primer bienio del presidente De Obaldía Gallegos, Carlos Antonio Mendoza Soto tenía derecho a gobernar como presidente del 2 de marzo de 1910 hasta el momento en que la Asamblea Legislativa eligiera, en julio de 1910, los tres designados correspondientes al segundo bienio del periodo constitucional de 1908-1912.

Por eso bien pronto se planteó la política relativa a esa escogencia pues, quien fuera escogido como primer designado seria de hecho presidente durante los dos últimos años del periodo para el cual fue electo de De Obaldía Gallegos.

Fueron candidatos en esa elección Samuel Lewis García de Paredes, yerno de don José Agustín Arango, conservador favorito del encargado de negocios del gobierno estadounidense, Richard Marsh, quien fue llamado a capítulo por el propio secretario de Estado de Estados Unidos, debido a su injerencia excesiva en la política panameña; don Pablo Arosemena, en ese entonces rendía servicio diplomático en Chile y Belisario Porras, quien ya había recuperado sus derechos civiles y políticos junto con su nacionalidad panameña y había servido como ministro plenipotenciario en Washington DC. Por último, era evidente que el presidente Carlos Antonio Mendoza Soto estaba dispuesto y deseoso de terminar el periodo de De Obaldía.

Argumentos

Lo que impidió que esto sucediera fueron dos cosas:

El artículo 83 de la Constitución de 1904, prohibía a cualquiera que “hubiera sido llamado a ejercer la presidencia y la hubiera ejercido dentro de los seis últimos meses precedentes al día de la elección del nuevo presidente” correr para el cargo. Mientras que los amigos liberales, entre ellos Eusebio A. Morales y Francisco Filós, argumentaban que dicha prohibición no se aplicaba a los designados y solo se aplicaba a quienes aspiraban a un periodo presidencial completo. Muchos otros políticos abogados argumentaban lo contrario, entre ellos el propio Belisario Porras y don Pablo Arosemena, incluso tal era la opinión predominante en la legación estadounidense. Pienso que tenían la razón quienes consideraban que la Constitución cerraba el paso a la reelección de Mendoza.

Una segunda razón era mucho menos honrosa que la primera, pues consistía en, a fin de cuentas, en el prejuicio racial de muchos estadounidense y no pocos panameños de todo el espectro político nacional. Sin embargo, Mendoza no perdió tiempo solo en politiquería, recorrió el país para darse cuenta del estado de la nación y en su mensaje del 1 de septiembre de 1910 informó a la Asamblea Legislativa de lo que había encontrado.

En este mensaje destacó su: “Complacencia al recorrer las provincias y notar en todas ellas signos visibles y palpables de influencias benéficas que había ejercido en los pueblos visitados, sin excepción alguna, la independencia y el establecimiento de un gobierno propio y quien de cerca examine las necesidades públicas para conocerlas debidamente y tratar de remediarlas”.

Pero también informó que: “Distritos hay en donde no se hace sentir el progreso y permanecen en situación rudimentaria, careciendo de iniciativas que los hagan mejorar”.

Llama la atención que reserve su crítica más aguda para el Poder Judicial, afirmando que: “No es de sorprender la actitud de declarada oposición de caracterizados miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público para entorpecer la realización de disposiciones del Ejecutivo, para valerse de la autoridad de que están investidos y causar molestias a los agentes de este y para enfrentársele en la prensa partidista”.

Sugiere: “una reforma respecto de la época en que deben nombrarse a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público y de la necesidad de revisar los nombramientos cuando se han hecho, inadvertidamente o de propósito de individuos que no tienen la capacidad u otros requisitos constitucionales para desempeñar tan calificados empleos”.