Cien años de la huelga inquilinaria de 1925: contexto social y económico

El 10 de octubre de 1925 se dio inició al primer estallido social de la era republicana en Panamá. El detonante de esta crisis social lo serían las malas condiciones de vida que sufría la clase trabajadora en los ‘cuartos de inquilinato’ que proliferaban en las ciudades terminales de Panamá y Colón. A la ya grave situación se le añadió la subida de los alquileres por parte de los arrendadores, debido a la promulgación de la Ley 29 del 11 de febrero de 1925, que gravaba “la propiedad inmueble con un impuesto de cinco por mil de su valor”.

Esta ley, -promulgada bajo la presidencia de Rodolfo Chiari, por el entonces Secretario de Hacienda y Tesoro, Eusebio A. Morales-, establecía las tarifas a una serie de impuestos relacionados con la importación y exportación de bienes, donaciones, impuestos consulares, sobre producción y expendio de licores, tierras baldías e indultadas y el mencionado impuesto sobre bienes inmuebles.

La inclusión de este impuesto sobre bienes inmuebles, -que equivalía al 0.5% del valor de la propiedad-, buscaba ampliar la base fiscal y reducir la dependencia de los impuestos indirectos, lo que generó una fuerte oposición entre los propietarios urbanos, quienes trasladaron el nuevo impuesto a los inquilinos.

Tal como lo describe el abogado panameño Everardo Tomilson, en su artículo ‘Las huelgas inquilinarias de 1925 y 1932’ publicado en la Revista Lotería en 1973, los propietarios de fincas y casatenientes rechazaron el nuevo impuesto. “Para hacer fracasar la ley resolvieron desviar el pago del nuevo impuesto hacia la masa de los inquilinos y provocar así, un conflicto que demostraría al gobierno la impracticabilidad de la reforma. Opérese en consecuencia un alza general del tipo de renta en las ciudades de Panamá y Colón, que excedió de un 25 a un 50% sobre el precio de las habitaciones vigentes entonces”.

Como toda crisis, la huelga inquilinaria se alimentó de una serie de situaciones sociales y económicas que habían estado acumulándose hasta que provocaron el quiebre reflejado en la huelga. En lo social, la situación de precariedad y hacinamiento que vivían los extrabajadores del Canal en las casas de inquilinato, y el incremento de los alquileres por parte de los propietarios, llevó a que el Sindicato General de Trabajadores, -formado recién en 1924 y que aglutinaba unos seis mil trabajadores-, se involucrara en apoyar la organización de la ‘Liga de inquilinos y subsistencias’ entre junio y octubre de 2025, según lo describe Tomilson en su artículo.

En lo económico, el economista colombiano Salomon Kalmanovitz, en su artículo, ‘Capacidad estatal, fiscalidad y subyugación: Panamá entre 1903-1945’ (2015), describe de forma clara la situación que vivía el país en la coyuntura previa a la huelga. En primera instancia, está el bajón económico pos finalización de la construcción del Canal, que significó miles de despidos y reducción de salarios.

Con el fin de la Primera Guerra Mundial, la inflación en Estados Unidos es muy elevada (107%) con lo cual se ven afectados tanto los ingresos de la anualidad que pagaban los norteamericanos a Panamá (B/250,000), como las inversiones “en finca raíz en Nueva York” que mantenía el gobierno de Panamá, y que le aportaban al menos otros B/300,000 anuales. “Según las series sobre el PIB panameño publicadas en el artículo de Kalmanovitz, el PIB durante el período de construcción 1906-1914 creció a un promedio anual de 6,3%, pero entre 1915 y 1921 se contrajo al 0,2% anual, y entre 1922 a 1929 solo llegó al 1.6%”. Lo que deja en evidencia la debilidad de la economía panameña durante el período previo y durante la crisis inquilinaria.

La crisis además de sus componentes sociales y macroeconómicos también tenía un componente derivado de las debilidades del sistema fiscal panameño. Kalmanovitz en su artículo describe como la debilidad fiscal de los gobiernos de aquella época residía en su poca capacidad de recaudación de impuestos, al tiempo que lo recaudado provenía de pocas fuentes, principalmente de los impuestos de aduanas (45%), rentas internas (41%), mientras que el resto de los impuestos como el degüello de animales (3%), impuesto a la propiedad (2%), la anualidad del Canal (4%), y las rentas de la finca raíz en Nueva York (5%), no superaban el 15%.

La huelga inquilinaria de 1925 evidenció una respuesta estatal abiertamente represiva frente a un conflicto nacido de la desigualdad urbana, en una coyuntura de crisis económica y social. En la ciudad de Panamá, el gobierno prohibió mítines, disolvió concentraciones y criminalizó la organización de la Liga de Inquilinos y Subsistencias. El 10 de octubre en el parque de Santa Ana, la policía cargó contra una movilización pacífica: hubo disparos, heridos y muertos entre inquilinos pobres, mientras autoridades municipales y mandos policiales, ordenaron y ejecutaron la represión.

El punto culminante de la violencia estatal fue la solicitud formal del gobierno panameño para que interviniera el Ejército de Estados Unidos acantonado en la Zona del Canal, en base al artículo 136 de la Constitución de 1904 y el Tratado Hay- Bunau Varilla. El 12 de octubre, el general W. Lassiter proclamó la ocupación militar de la ciudad: se suspendieron funciones de la policía panameña, se cerraron cantinas, se prohibió portar armas, se ocuparon parques (Santa Ana y Lesseps) y se patrullaron las calles de la ciudad. En los choques, inquilinos fueron heridos a culatazos y bayonetazos, y se registraron muertes. La ocupación se mantuvo hasta el 23 de octubre, cuando las tropas se retiraron tras haber quebrado la capacidad de protesta.

La huelga inquilinaria de 1925 fue, en esencia, una reacción popular ante la injusticia estructural del modelo urbano panameño: una élite rentista que especulaba con la vivienda, un Estado sin políticas de vivienda social ni regulación del alquiler, y una economía dependiente del enclave canalero.

El movimiento expresó el nacimiento de la conciencia obrera y urbana panameña, y su represión reveló la alianza entre poder político, propiedad inmobiliaria y la tutela norteamericana que caracterizó la primera etapa republicana. La huelga inquilinaria de octubre de 1925 marcó el inicio de las demandas sociales por vivienda justa y control estatal de los alquileres, lucha que no tendría respuesta en forma de política pública por parte del Estado hasta varias décadas después.

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