Depredadores en el patio: la otra cara de convivir con los felinos
- 23/08/2025 00:00
La coexistencia con jaguares y pumas no puede sostenerse únicamente con leyes que protegen al depredador. Todo empieza con un cambio de mentalidad Con la luna como única lámpara, recorremos varios kilómetros por un camino de tierra, irregular y lleno de huecos, hasta llegar a la casa de un vecino. Queríamos saber cómo estaba después del ataque: su joven caballo, una inversión de dos años, quedó medio devorado por un puma. La luz de su linterna frontal apenas ilumina su rostro sudoroso, marcado por la preocupación. Criar un potro no es barato: solo llevar una yegua a aparearse puede costar 300 balboas, sin contar el alimento y el cuidado. Un ternero, por su parte, puede costar entre 400 y 500 balboas.
En el último año, él y otros vecinos han perdido dos caballos y dos terneros en un área donde la vida ya es dura. En estos días, expertos en temas de felinos nos han comentado de una ola de depredación de felinos inexplicable. Cada pérdida es un golpe directo al sustento familiar. Aquí, en San José de Madroño —a una hora y un río de Las Margaritas de Chepo, en Panamá Este— no hay veterinarios cercanos y la mayoría no tienen seguros pecuarios. Las pérdidas se acumulan en silencio y, hasta hace poco, ni siquiera había señal para reportarlas a las autoridades.
Mientras lo escuchaba, recordé una pérdida distinta en mi propia familia. No fue un animal, sino toda nuestra siembra: más de quinientos balboas en materiales y meses de trabajo, arrasados por las vacas de un vecino que entraron por solo unas horas cuando alguien dejó abierto el portón. Como agricultores en Panamá, siempre quedamos en desventaja frente a los ganaderos: si el ganado de otro destruye mis cultivos, la ley está de su lado, y nosotros cargamos con el costo de la pérdida y de las cercas que deben mantener fuera a sus animales.
Con los felinos sucede algo similar, aunque el “vecino” cambia. Aquí no es el terrateniente de al lado, sino el Estado, la comarca, incluso la nación entera, quienes reclaman a jaguares y pumas como patrimonio común. Si un felino entra a mi potrero y se lleva una res, tampoco lo puedo matar. El jaguar está protegido por leyes estrictas, como la Ley 24 de 1995, que prohíbe la caza, captura o muerte de fauna silvestre en Panamá, con sanciones severas para quienes la infrinjan, con años de prisión. Soy yo quien debe cercar, modernizar sistemas y cuidar mejor el ganado.
Ese mandato representa un verdadero giro de época. Antes, “preparar” la tierra para la ganadería o la agricultura incluía eliminar a los grandes felinos. Aunque no existen registros de jaguares atacando a personas, y los incidentes con pumas son raros, crecimos con miedo a esos “bichos”. Se les mataba tanto por temor como por proteger a los animales. Hoy, en cambio, la ley nos exige lo opuesto: aprender a convivir con ellos y transformar nuestras prácticas para que depredadores y productores compartan el territorio.
Pero adaptarse no es sencillo. El ganado en nuestras comunidades pasta en potreros extensos, a veces a una hora a caballo, y solo se revisa cada par de semanas. Cambiar implica dinero, tiempo y romper con costumbres arraigadas por generaciones.
En otras regiones de Panamá ya surgen pioneros, en colaboración con la ONG Yaguará y el Ministerio de Ambiente. Aquellos encierran el ganado por las noches; también colocan cencerros a los animales, instalan luces con sensores de movimiento, cercan potreros más pequeños con electricidad, vigilan con cámaras el paso de felinos, o contratan seguros pecuarios.
La coexistencia con jaguares y pumas no puede sostenerse únicamente con leyes que protegen al depredador. Todo empieza con un cambio de mentalidad: reconocer que el jaguar es pieza clave del ecosistema que protege nuestra cuenca hídrica y, con ella, nuestra propia vida. El Estado no debe compensarnos por cada res perdida si la seguimos criando como si no estuviéramos al borde de la selva. Ellos abundan en bosques sanos, y abundan también cuando cazamos sus presas en dichos bosques. Somos nosotros quienes debemos modernizar nuestras prácticas.
Para ello hace falta creatividad, confianza y, sobre todo, coordinación real entre instituciones, ganaderos y agricultores de subsistencia —muchos ya endeudados con el banco— para diseñar, financiar y dar seguimiento a soluciones sostenibles. Según el Ing. Ricardo Moreno, de Yaguará, se está gestionando un acercamiento con el MIDA, ISA, BDA y COPEC, a fin de que estén capacitados a apoyar a los campesinos afectados, y que acompañen al Ministerio de Ambiente en sus visitas a comunidades afectadas con el propósito de presentar una ruta factible de adaptación.
Mientras tanto, nuestra organización de base comunitaria (OBC) AMIGOS DEL BOSQUE, junto con la ONG KAMINANDO y el biólogo Ignacio Zea Monteza, busca cómo acompañar a nuestra comunidad en este período de transición: un tiempo incierto entre los sistemas insostenibles de hoy y los que necesitamos construir mañana, con todas las barreras que implica pasar de un modelo al otro, especialmente en el corto plazo en el cual los ganaderos sienten miedo al ver a los felinos recorrer sus potreros y amenazar a sus animales, y desde afuera se les habla de soluciones a largo plazo. Traemos trampas de sonido, luces de movimiento e interés de encontrar fondos filantrópicos para ayudar a los pequeños productores adaptar sus sistemas.
Al final, convivir con los grandes felinos no es un reto productivo de una sola finca o comunidad: es una elección de país. El jaguar no entiende de linderos ni de escrituras; su territorio son los corredores naturales que atraviesan todo Panamá y garantizan la salud ambiental y comunitaria (a largo plazo). Y si queremos protegerlo, también debemos allanar el camino para que nuestros ganaderos más vulnerables puedan hacer la transición con apoyo real y no solo con exigencias.
Con la luna como única lámpara, recorremos varios kilómetros por un camino de tierra, irregular y lleno de huecos, hasta llegar a la casa de un vecino. Queríamos saber cómo estaba después del ataque: su joven caballo, una inversión de dos años, quedó medio devorado por un puma. La luz de su linterna frontal apenas ilumina su rostro sudoroso, marcado por la preocupación. Criar un potro no es barato: solo llevar una yegua a aparearse puede costar 300 balboas, sin contar el alimento y el cuidado. Un ternero, por su parte, puede costar entre 400 y 500 balboas.
En el último año, él y otros vecinos han perdido dos caballos y dos terneros en un área donde la vida ya es dura. En estos días, expertos en temas de felinos nos han comentado de una ola de depredación de felinos inexplicable. Cada pérdida es un golpe directo al sustento familiar. Aquí, en San José de Madroño —a una hora y un río de Las Margaritas de Chepo, en Panamá Este— no hay veterinarios cercanos y la mayoría no tienen seguros pecuarios. Las pérdidas se acumulan en silencio y, hasta hace poco, ni siquiera había señal para reportarlas a las autoridades.
Mientras lo escuchaba, recordé una pérdida distinta en mi propia familia. No fue un animal, sino toda nuestra siembra: más de quinientos balboas en materiales y meses de trabajo, arrasados por las vacas de un vecino que entraron por solo unas horas cuando alguien dejó abierto el portón. Como agricultores en Panamá, siempre quedamos en desventaja frente a los ganaderos: si el ganado de otro destruye mis cultivos, la ley está de su lado, y nosotros cargamos con el costo de la pérdida y de las cercas que deben mantener fuera a sus animales.
Con los felinos sucede algo similar, aunque el “vecino” cambia. Aquí no es el terrateniente de al lado, sino el Estado, la comarca, incluso la nación entera, quienes reclaman a jaguares y pumas como patrimonio común. Si un felino entra a mi potrero y se lleva una res, tampoco lo puedo matar. El jaguar está protegido por leyes estrictas, como la Ley 24 de 1995, que prohíbe la caza, captura o muerte de fauna silvestre en Panamá, con sanciones severas para quienes la infrinjan, con años de prisión. Soy yo quien debe cercar, modernizar sistemas y cuidar mejor el ganado.
Ese mandato representa un verdadero giro de época. Antes, “preparar” la tierra para la ganadería o la agricultura incluía eliminar a los grandes felinos. Aunque no existen registros de jaguares atacando a personas, y los incidentes con pumas son raros, crecimos con miedo a esos “bichos”. Se les mataba tanto por temor como por proteger a los animales. Hoy, en cambio, la ley nos exige lo opuesto: aprender a convivir con ellos y transformar nuestras prácticas para que depredadores y productores compartan el territorio.
Pero adaptarse no es sencillo. El ganado en nuestras comunidades pasta en potreros extensos, a veces a una hora a caballo, y solo se revisa cada par de semanas. Cambiar implica dinero, tiempo y romper con costumbres arraigadas por generaciones.
En otras regiones de Panamá ya surgen pioneros, en colaboración con la ONG Yaguará y el Ministerio de Ambiente. Aquellos encierran el ganado por las noches; también colocan cencerros a los animales, instalan luces con sensores de movimiento, cercan potreros más pequeños con electricidad, vigilan con cámaras el paso de felinos, o contratan seguros pecuarios.
La coexistencia con jaguares y pumas no puede sostenerse únicamente con leyes que protegen al depredador. Todo empieza con un cambio de mentalidad: reconocer que el jaguar es pieza clave del ecosistema que protege nuestra cuenca hídrica y, con ella, nuestra propia vida. El Estado no debe compensarnos por cada res perdida si la seguimos criando como si no estuviéramos al borde de la selva. Ellos abundan en bosques sanos, y abundan también cuando cazamos sus presas en dichos bosques. Somos nosotros quienes debemos modernizar nuestras prácticas.
Para ello hace falta creatividad, confianza y, sobre todo, coordinación real entre instituciones, ganaderos y agricultores de subsistencia —muchos ya endeudados con el banco— para diseñar, financiar y dar seguimiento a soluciones sostenibles. Según el Ing. Ricardo Moreno, de Yaguará, se está gestionando un acercamiento con el MIDA, ISA, BDA y COPEC, a fin de que estén capacitados a apoyar a los campesinos afectados, y que acompañen al Ministerio de Ambiente en sus visitas a comunidades afectadas con el propósito de presentar una ruta factible de adaptación.
Mientras tanto, nuestra organización de base comunitaria (OBC) AMIGOS DEL BOSQUE, junto con la ONG KAMINANDO y el biólogo Ignacio Zea Monteza, busca cómo acompañar a nuestra comunidad en este período de transición: un tiempo incierto entre los sistemas insostenibles de hoy y los que necesitamos construir mañana, con todas las barreras que implica pasar de un modelo al otro, especialmente en el corto plazo en el cual los ganaderos sienten miedo al ver a los felinos recorrer sus potreros y amenazar a sus animales, y desde afuera se les habla de soluciones a largo plazo. Traemos trampas de sonido, luces de movimiento e interés de encontrar fondos filantrópicos para ayudar a los pequeños productores adaptar sus sistemas.
Al final, convivir con los grandes felinos no es un reto productivo de una sola finca o comunidad: es una elección de país. El jaguar no entiende de linderos ni de escrituras; su territorio son los corredores naturales que atraviesan todo Panamá y garantizan la salud ambiental y comunitaria (a largo plazo). Y si queremos protegerlo, también debemos allanar el camino para que nuestros ganaderos más vulnerables puedan hacer la transición con apoyo real y no solo con exigencias.