El abandono del patrimonio histórico en las áreas revertidas del Canal

La conmemoración de fechas históricas sirve como referencia que buscan crear una memoria colectiva, reconocer el aporte de comunidades al desarrollo histórico de un país o nación, además de fomentar la reflexión crítica con el fin extraer lecciones del pasado y evaluar el camino recorrido. La conmemoración de los 26 años de la reversión del Canal y de las tierras en la antigua Zona es una oportunidad para evaluar, ¿qué ha pasado con este patrimonio devuelto hace ya un cuarto de siglo? ¿de qué forma se ha utilizado?

Para el arquitecto e historiador Eduardo Tejeira Davis en su artículo, ‘La arquitectura del Canal: colonialismo, sincretismo y adaptación al trópico’, “los grandes conjuntos arquitectónicos, urbanísticos y paisajísticos que hoy se aprecian a lo largo y ancho del área del Canal de Panamá se deben a los EE. UU., cuya injerencia empezó oficialmente en 1903 con la independencia de Panamá y la firma de un tratado entre ambos países”.

Estos conjuntos paisajísticos, arquitectónicos y urbanísticos evolucionaron desde su ocupación inicial como campamentos para las obras del Canal y ferrocarril, a la construcción de una estructura cívico- militar que buscaba un control estricto del uso y ocupación del suelo en la recién creada Zona. La Zona del Canal se transformaría, -pasada la Segunda Guerra Mundial-, en bases militares altamente tecnificadas, las cuales al mismo tiempo son adecuadas y modernizadas para brindar espacios de confort para soldados y civiles que allí trabajaban y residían.

La arquitectura zoneíta representa un valor patrimonial, no solo por sus características, que enfatizaban la integración entre el espacio natural y lo construido, sino también por los personajes que en su diseño y construcción participaron, - Austin W. Lord, Frederick Law Olmsted Jr., William Lyman Phillips, James C. Wright, Gustav Schay, Skidmore, Owings & Merril-, e incluso por las divisiones raciales que persistieron y se vieron reflejadas en la arquitectura y poblados durante la existencia de la antigua Zona del Canal.

La reversión de estas tierras y de este patrimonio histórico- arquitectónico ha representado un reto, tanto en lo relacionado con su integración urbanística, como con su preservación y puesta en uso y valor. Veintiséis años después de la devolución a Panamá, persisten conjuntos urbanísticos completos sin utilizar en zonas estratégicas como Amador y la antigua base aérea de Howard. Existen también otros sectores que resienten un cierto nivel de abandono y una inadecuada falta de puesta en uso y valor, como lo sería el entorno del Edificio de la Administración en Ancón, que aparece en la actualidad como un espacio gris y sin vida.

Tal como describe el arquitecto Tejeira- Davis en el mencionado artículo, “no obstante la enorme popularidad del modelo suburbano estadounidense (...) llama la atención que la conservación del legado zoneíta aún no despierta mayor interés en la opinión pública panameña (...). Esta situación contrasta con la del Casco Antiguo de Panamá, que forma parte de la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO y está amparado por una legislación que reglamenta minuciosamente las intervenciones; lo mismo vale para las fortalezas de la época hispánica del lado Atlántico. En el contexto zoneíta, de todas formas, no es fácil decidir qué merece ser conservado”.

Conservar el patrimonio histórico: ¿quién, cómo, y por qué?

A partir de la década de 1990 el Estado panameño traspasó las tierras de la antigua Zona del Canal a una serie de instituciones entre las que se encontraban primariamente a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), la antigua Autoridad de la Región Interoceánica del Canal (ARI), actual Unidad de Bienes Revertidos (UABR) del MEF, el actual Ministerio de Ambiente (MIAMBIENTE), municipios y la Caja de Ahorros, entre otras instituciones.

La mayor responsabilidad quedó primariamente en la ACP y la actual UABR. En el caso de la ACP esta tiene como parte de su patrimonio, “las instalaciones, las infraestructuras, los edificios, los equipos y otros bienes muebles e inmuebles, adscritos al funcionamiento del canal, que reciba (...) con motivo de la transferencia del canal”.

A la UABR, por su parte, tiene como misión, “promover el desarrollo económico de los bienes revertidos de modo tal que se obtenga el óptimo aprovechamiento de sus recursos, el incremento de la inversión y el máximo beneficio para toda la República de Panamá”.

Así tenemos entonces que mientras la ACP tiene como foco principal el funcionamiento del Canal de Panamá, la ARI primero, y luego la UABR, se han encargado de promover las tierras revertidas como un bien de mercado, sin que existan principios, mecanismos ni obligaciones que vinculen el accionar de estas instituciones con la salvaguarda del valor patrimonial- histórico de estas tierras ni conjuntos urbanos- arquitectónicos.

Con la promulgación de la Ley General de Cultura de 2020, se establece un marco con el cual por primera vez aparece el ‘paisaje urbano histórico’, elemento que se define como, una “zona urbana resultante de una estratificación histórica de valores y atributos culturales y naturales, lo que trasciende la noción de conjunto o centro histórico para abarcar el contexto urbano general y su entorno geográfico”. Este concepto debería servir como fundamento para declarar como parte del ‘patrimonio cultural panameño’ estos conjuntos urbanísticos producidos durante la ocupación estadounidense de la antigua Zona del Canal, y que actualmente se encuentran en un estado de riesgo.

La pérdida, -por deterioro irreversible o demolición-, de los conjuntos urbanos de la antigua Zona del Canal significaría mucho más que la desaparición de edificios antiguos: implicaría borrar la memoria material que permite leer cómo se organizó y funcionó el territorio canalero, debilitando un relato nacional que conecta el territorio y la propia construcción de soberanía.

También supondría renunciar a un verdadero laboratorio urbano del trópico, -tipologías, ventilación, sombras, jardines y relación con topografía e hidrología-, cuyo conocimiento sigue siendo útil para el diseño arquitectónico y la resiliencia en tiempos de cambio climático.

Al fragmentarse el paisaje debido a una inadecuada gestión de los espacios que lo conforman, se empobrecería la capacidad crítica para interpretar, con evidencia espacial, las jerarquías y segregaciones que esos espacios reflejaron, al tiempo que se cerrarían oportunidades de educación, turismo cultural, industrias creativas y reutilización adaptativa que podrían reactivar zonas estratégicas.

Sería imperdonable que conjuntos como El Prado en Balboa, Quarry Heights, Albrook y Curundu en Ancón, o Fort Davis en Colón corran el riesgo de deteriorarse irremediablemente. Se requiere con urgencia que el Ministerio de Cultura, en coordinación con la ACP y la UABR desarrollen primariamente un “registro de bienes del patrimonio cultural material”, -tal como lo mandata la Ley General de Cultura-, y a partir de esto promulguen las necesarias declaraciones de ‘paisaje urbano histórico’ de estos conjuntos que representan una parte central en la historia de la ruta transístmica y la identidad nacional.

Como vimos el pasado fin de semana con la demolición inconsulta del mirador conmemorativo a la comunidad china en Panamá, toma solo horas destruir y borrar los elementos que nos permiten recordar y conmemorar siglos de historia.

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