El acuerdo legislativo PDC – PRD

El acuerdo M.E.T.A. entre el PDC y el PRD, estrictamente legislativo, tiene por objetivo reformar la Asamblea y hacerla más productiva de leyes que beneficien al pueblo. Pero suscita objeciones que vale la pena analizar. Al escoger una directiva reformista, los legisladores escogieron entre el riesgo esperanzador del Acuerdo y la rutina tradicional y frustrante del oficialismo.

El acuerdo M.E.T.A. (Para el Mejoramiento y la Transformación de la Asamblea) entre el PDC y el PRD ha acaparado la atención de la opinión pública no solo cerebral, sino visceralmente. Deberíamos distinguir entre los objetivos del Acuerdo y las objeciones al mismo, que rara vez tienen que ver con sus objetivos ni con la Asamblea.

En todo caso está claro que se trata de un acuerdo estrictamente legislativo, sin alcance electoral y en el muto reconocimiento de las diferencias de ideología y de proyecto político. Lo que el Acuerdo se propone es “mejorar el funcionamiento de la Asamblea Legislativa e impulsar un conjunto de proyectos de ley que beneficien a nuestro pueblo. Esperamos de esta manera devolverle el prestigio a dicha institución y suscitar, de parte de la opinión pública, una renovada confianza en este Órgano de Estado”. Para ello, las partes se comprometen a presentar y debatir prioritariamente veinte proyectos específicos de ley, tanto para introducir reformas al Régimen Interno de la Asamblea, como para establecer nuevas normas de contenido administrativo, jurídico, financiero, tributario, económico y social, que beneficien sobre todo a los más pobres en nuestra sociedad.

La prueba de fuego del Acuerdo reside en el cumplimiento de este compromiso. Por el momento, incluso quienes aprueban el Acuerdo, abrigan dudas sobre su cumplimiento. Por ello, los dos partidos han dejado constancia solemne del Acuerdo por escrito y en público, para que la opinión pública esté en condiciones de reclamarles su ejecución. Si cumplen lo prometido, ayudarán a rescatar a nuestra principal institución de representación democrática. Si no lo cumplen, la dejarán hundirse más en su estado de postración. En el PDC estamos dispuestos a hacer todo lo que está a nuestro alcance por cumplir y, si no se pudiera por cualquiera razón, lo diríamos con toda franqueza.

Desdichadamente, los objetivos del texto del Acuerdo no han suscitado tanta discusión como las objeciones al contexto del acuerdo. No me refiero a las objeciones de un radio comentarista que siempre identifica su opinión con la moralidad ideal y cualquiera opinión discrepante con la corrupción, aunque eso no le ha impedido que una empresa vinculada a él se beneficie de un contrato de publicidad por B/200,000 que le otorgó el actual Ejecutivo sin licitación alguna. Este es un caso de oportunismo frustrado disfrazado de utopía. Tampoco me refiero a las objeciones de una columnista que ha vivido largos años fuera de Panamá y no experimentó en carne propia la lucha contra la dictadura, pero con una presunción exorbitante se ha designado a ella misma como guardiana de la ortodoxia civilista, enviando a la hoguera de la ignominia a todo aquel que ella juzgue hereje. Se trata de un caso que raya en lo patológico. Ambos son negadores obsesivos compulsivos, que terminan por descalificarse a ellos mismos. No vale la pena detenerse en estos casos marginales.

Pienso en la objeción de quienes de buena fe se escandalizan de un acuerdo con el PRD, el partido que la dictadura creó originalmente para que sirviera de brazo político de los militares. Olvidan que bajo el presidente Endara se nombró secretario ejecutivo de Consejo de Seguridad a un antiguo ministro de la dictadura. Que también bajo Endara, tres presidentes de la Asamblea (dos de MOLIRENA y uno del Arnulfismo) fueron electos con los votos del PRD, a cuyos legisladores les proporcionaron presidencias de Comisión. Que tres partidos que acompañaron los cinco años a Pérez Balladares y al PRD e incluso, los apoyaron en el referéndum sobre la reelección, forman ahora parte del oficialismo y tienen importantes puestos en el Gobierno. Que los dos vicepresidentes de la presidenta fueron el uno, legislador del PALA, el partido del cuñado de Noriega y el otro, un alto funcionario del gobierno de Del Valle, beneficiario de Noriega después de que depuso a Ardito Barletta hasta que también lo depuso a él. Que la presidenta cuenta entre sus legisladores a algunos que sirvieron a la dictadura hasta el final y ha nombrado Cónsul al secretario privado de Noriega. Que más de la mitad de los directores de entidades autónomas solo pudieron ser aprobados por la Asamblea, porque el PDC y el PRD votaron por ellos, ya que numerosos legisladores arnulfistas estuvieron ausentes al momento del voto. Que la presidenta apoyó el proyecto de Ley del Fondo Fiduciario que tres de sus legisladores negociaron con el PRD, a pesar de que ella ya había avalado otro proyecto elaborado con la Bancada Popular. Y que pocos días antes de que el PDC llegara al acuerdo con el PRD, la presidenta en persona le propuso al secretario general del PRD, que entre ambos escogieran la directiva de la Asamblea.

Quienes critican el hecho de llegar a un acuerdo con el PRD pretenden desconocer la realidad histórica. Bajo la dictadura otros lucharon contra ella tanto como nosotros, pero ninguno más y algunos de los críticos no lucharon del todo. Ahora, después de diez años de democracia, las diferencias entre el Acuerdo del PDC y del PRD y los pactos reseñados son patentes: Nuestro Acuerdo es programático, por el bien de nuestra democracia y no sólo sobre puestos y es un acuerdo escrito y público, no de palabra y de trastiendas.

Cuando se firmó el jueves 24 de agosto, respondí a un periodista: “El futuro no puede ser prisionero de la memoria. La memoria vive, pero el futuro está abierto”. Con increíble deshonestidad intelectual algunos críticos me han acusado de olvidarme del pasado. Por lo contrario, afirmé que mi memoria de todo lo que hicimos y sufrimos en la lucha contra la dictadura está viva, como está viva en el judío de nuestro tiempo la memoria del Holocausto y está viva en el cristiano de todos los tiempos la memoria de la Pasión. Y afirmé que si la memoria vive, el futuro debe quedar abierto, como hoy en día queda abierto el futuro para los judíos, quienes por ello pueden negociar la paz con sus archienemigos los palestinos y, como siempre, queda abierto el futuro para el cristiano, quien más allá de la Pasión espera la Resurrección.

Juan Pablo II, en su preparación para el Jubileo en este primer año del nuevo milenio, plantea “la necesaria purificación de la memoria histórica”. En esa purificación la persona se despoja del recuerdo como ensimismamiento que nos encierra en el pasado de nosotros mismos, en lo que pudiéramos llamar un egoísmo temporal. Así se accede al recuerdo como comunicación con la transformación del tiempo y se nos posibilita la innovación de cara al futuro, lo que pudiéramos llamar una generosidad temporal.

La primera objeción al Acuerdo es para el Gobierno una excusa hipócrita, aunque mucha gente común y corriente la siente de verdad. La segunda objeción es la que preocupa realmente a la presidenta y a sus allegados, a saber, que no van a tener el control de la Asamblea. Olvidan que nunca han “controlado” a la Asamblea como lo hizo Pérez Balladares, puesto que los votos demócratas cristianos se han ejercido con independencia de criterio. Las reacciones que han tenido –el anuncio que comprarían legisladores del PRD, las amenazas que el contralor impediría que la Asamblea pudiera gastar los fondos previstos por la Ley de Presupuesto, la afirmación de que despedirían a cualquier demócrata cristiano o perredista que trabaje en el Gobierno y las sugerencias más o menos explícitas de que cerrarían la Asamblea– revelan rasgos de una mentalidad paranoica y antidemocrática.

Todas estas reacciones se erigen sobre la sospecha infundada de un presunto plan para juzgar a la presidenta y removerla. Están ciegos y sordos al ofrecimiento de que miembros del Partido Arnulfista ocupen la presidencia de dos comisiones decisivas: la de Presupuesto y la de Credenciales, donde se tendría que iniciar cualquier intento de enjuiciamiento de la presidenta. Al ofrecerle la presidencia de estas dos comisiones, la oposición del PDC y del PRD está demostrando que no tiene voluntad de paralizar al Ejecutivo. Sabemos que el pueblo es quien sufre un mal gobierno, mientras que el pueblo es quien se beneficia de un buen gobierno. Por ello, en el Acuerdo legislativo M.E.T.A. el PDC y el PRD reiteran su compromiso de “garantizar la gobernabilidad del país” y en consecuencia de “establecer los canales de comunicación necesarios con el Órgano Ejecutivo, a fin de definir en conjunto las prioridades de la agenda legislativa”.

Pero la presidenta y sus allegados presumen que tienen el “derecho” a controlar no sólo el Ejecutivo, sino también el Legislativo. Con el mismo argumento podrían reclamar el control del Órgano Judicial y del Tribunal Electoral. De acuerdo con su mentalidad, la presidenta es algo como una encarnación del Estado, la única verdadera representante del pueblo y, por ello, la única que ha de ejercer su soberanía. Caen así en una “democracia” plebiscitaria, que niega el papel independiente de la Asamblea como expresión primordial del pluralismo democrático y la posibilidad efectiva de que el Ejecutivo esté en manos de un partido y el Legislativo en manos de partidos diferentes. Deshacen el equilibrio real entre los poderes del Estado. Reducen la democracia a las elecciones y debilitan a su ordenamiento constitucional. Ya eso no es democracia. ¿Estarían deseando un nuevo autoritarismo?

Por el camino que va, la presidenta, por evitar un imaginario e inexistente plan para enjuiciarla, puede terminar enajenándose a sus propios aliados e incluso, a sus propios copartidarios en la Asamblea, que en su gran mayoría son demócratas verdaderos.

Al votar por su directiva los Legisladores escogieron entre el riesgo esperanzador del Acuerdo entre los partidos opositores, que se abren al futuro y vigorizan una gobernabilidad de equilibrio entre los poderes del Estado y la rutina tradicional y frustrante del oficialismo, que se encierra con hipocresía en el pasado y pretende ejercer un burdo presidencialismo, acaparador de todo el poder público. La victoria de la nómina reformista es una buena señal para Panamá. ¡Ojalá que ahora el oficialismo se sosiegue y ambos poderes del Estado puedan, en el respeto de sus competencias propias, trabajar por Panamá!

Este texto fue publicado el 4 de septiembre de 2000

Nombre completo: Ricardo Arias Calderón

Nacimiento: 4 de mayo de 1933, Ciudad de Panamá

Fallecimiento: 13 de febrero de 2017, Ciudad de Panamá

Ocupación: Profesor universitario, filósofo y político panameño

Resumen de su carrera: Es considerado uno de los principales ideólogos y pensadores de la política de Panamá de los últimos 30 años. Este fue un proyecto de “La Estrella de Panamá” publicado en diciembre de 2011. Con el título “Letras de la patria”, cada uno de los ensayos, de corte filosófico, histórico y político, fue escrito por Ricardo Arias Calderón, y en las dos primeras entregas explica motivos y consecuencias de acontecimientos y personajes nacionales en los primeros 100 años de vida republicana. “La política refleja la realidad propia de la sociedad”.