Las normas constitucionales deben inspirarse en los beneficios de paz y de seguridad para todos

¿Cómo analiza el doctor Linares la situación política actual?

En el mundo de hoy las palabras parecen tener un significado muy distinto al que le da el diccionario de la lengua o la ciencia política. Frecuentemente oímos llamar patriotas a quienes cedieron ante los intereses foráneos, demócratas a quienes sustituyeron la voluntad del pueblo por la suya propia o la de un líder, y honorable a quienes se han enriquecido en el ejercicio del poder o al amparo del mismo. Ser buen ciudadano es servir al gobierno de turno, independientemente de la legitimidad de su mandato y de la labor administrativa que realice. En el mundo de hoy el interés, el rendimiento y el lucro se han convertido en la fuerza propulsora de toda actividad. Y como las circunstancias pueden alterar la velocidad de esa fuerza propulsora, el hombre de hoy ha terminado por condicionar su conducta a las circunstancias.

La Constitución de cualquier país tiene una función sagrada que cumplir: Estructurar el Estado política, social y económicamente. Sus normas, consiguientemente, no deben responder a propósitos mezquinos. Deben, por el contrario, inspirarse en los beneficios de la paz y la seguridad de todos, pero en una paz y en una seguridad basada en la justicia, de tal suerte que llegue así a convertirse en la piedra angular del Estado de derecho. Tengamos presente que para que una Constitución sea respetada debe ser respetable o digna de respeto. Esta calidad emana de sus normas.

La Constitución de 1972, obra exclusiva de quienes gobiernan, no fue dictada para que Panamá volviera al Estado de derecho. Propósito principalísimo de la misma fue el de institucionalizar el régimen que se impuso en Panamá el 11 de octubre de 1968, a fin de que se mantuviera en el poder. Y por responder precisamente a ese propósito adolece de vicios que la incapacitan e inhabilitan formal y sustancialmente, para consagrar los principios políticos, sociales y económicos que deben regular la república.

Resultado de la Constitución de 1972 ... en vez de ser fuente de unión para la familia panameña se convirtió desde el momento de su entrada en vigor en motivo de fricción. Muy distinta habría sido la realidad actual si sus promotores no hubiesen ignorado, o pretendido ignorar el Mensaje que el 15 de enero de 1904 la Junta de Gobierno Provisional envió a la Convención Nacional Constituyente, el cual fue escrito, precisamente, por el doctor Eusebio A. Morales, a la sazón Ministro de Gobierno.

Decía así dicho mensaje: “La Constitución Política de un país, como en otra ocasión hemos tenido la oportunidad de observar, no es, no puede ser, la obra exclusiva de un partido político. Una Constitución, como el nombre lo indica, es la traducción, en preceptos obligatorios, del modo de ser, de las costumbres, de las aspiraciones y de los ideales políticos de un pueblo; los pueblos no se moldean a la obra caprichosa de los ensayadores de sistemas y el pretenderlo causa siempre graves y profundas perturbaciones que a veces no se reparan sino después de crueles y terribles pruebas”.

Aquí en Panamá se creyó que la Constitución podía ser obra exclusiva de un grupo sectario; aquí en Panamá se creyó también que la Constitución podía echar por la borda el modo de ser, las costumbres y las aspiraciones de nuestro pueblo; aquí en Panamá se creyó así mismo, que la Constitución podía cambiar ideales políticos del panameño; aquí se creyó igualmente que la Constitución podía moldearnos a la obra caprichosa de sus promotores. Finalmente, que todo lo anterior podía hacerse sin causar graves y profundas perturbaciones.

El proceso día a día ha venido agravando el cuerpo enfermo de nuestras instituciones, o de lo que queda de ellas, hasta hacer crisis el 30 de julio de 1982; crisis esta que no tiene precedentes en toda nuestra historia, es sin duda alguna consecuencia inmediata de la Constitución de 1972 y mediata del golpe de Estado convertido en “revolución”, de 1968. No todo, sin embargo, es oscuridad y tiniebla. Tenues y todavía confusos rayos de esperanza parecen anunciar el nacimiento de una nueva aurora. Aunemos, por lo tanto, nuestros esfuerzos, a fin de que esos rayos lleguen a constituir la chispa que, con gran intensidad, ha de llevarnos al establecimiento en Panamá de un auténtico Estado de derecho, es decir, de un Estado regido por leyes y no por hombres. Tengamos siempre presente que el Estado regido por hombres conduce indefectiblemente al atropello del derecho y el atropello no puede fundar nada estable, porque hoy somos los atropelladores y mañana podremos ser los atropellados.

Para que podamos establecer en Panamá un auténtico Estado de derecho, todas las normas que integran el ordenamiento jurídico panameño, sin excluir por supuesto, la Constitución de 1972, deben responder al principio de justicia y perseguir la paz y la seguridad de todos. Apelemos, por consiguiente, al buen sentido nacional para que resolvamos nuestras diferencias en paz, con el auxilio de nuestras leyes y de nuestros propios sentimientos de equidad, porque no hay hombre ni partido que en la balanza de la justicia eterna valga o pese lo que valen y pesan el honor y la existencia de la nación misma.

No es frecuente encontrar en nuestro medio, personas que consideren la política un servicio desinteresado y patriótico que exige, de los que se dedican a ella, competencia y honorabilidad. Considero la política como un deber cívico y no como una industria provechosa. La democracia, ya lo sabemos, es el gobierno del pueblo. Pero no siendo posible en el Estado moderno la intervención directa de los ciudadanos en el gobierno, esto es, la democracia pura como sucedía en Atenas, el gobierno tiene que estar constituido por los representantes legítimos del pueblo.

Como no es posible perfeccionar el sistema de la democracia representativa, sin elevar el nivel moral e intelectual de todos los habitantes del Estado, a fin de que puedan cumplir con honestidad, inteligencia y responsabilidad, las funciones que les corresponde desempeñar, bien como elegidos, “la democracia verdadera se funda en la capacidad y en la integridad individual de los ciudadanos y en el valor social de estos como seres conscientes y responsables, ya que su importancia y su grandeza nacen de la combinación de las voluntades sinceras movidas por impulsos espontáneos. En otras condiciones, la democracia es una farsa, un sueño, un delirio y un peligro.” La democracia en la actualidad es sinónimo de ignorancia e incultura, de pobreza y humildad. La representatividad ya no emana de la voluntad de un electorado democráticamente constituido, sino de la modesta condición intelectual y social del elegido, dando por resultado corporaciones sin capacidad para realizar con inteligencia e independencia las funciones que les han sido asignadas. En lo que a la democracia representativa respecta, el mayor vicio que encontramos en la Constitución de 1972 está en no haberla consagrado, ni siquiera formalmente, a pesar de que ella establece en su artículo segundo que el gobierno panameño es democrático y representativo.

Debe ser cambiado. Debe fortalecerse el papel institucional de los tres poderes - Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Realmente repugna a la conciencia política de quienes verdaderamente sentimos que el Poder Público debe emanar del pueblo, observar a una Fuerza Pública convertida no solo en un cuerpo deliberante, sino en una especie de súper órgano del Estado, con el cual deben colaborar armónicamente los órganos tradicionales. De nosotros, por consiguiente, dependerá que nuestro proceso social nos lleve, bien más tarde bien más temprano, al establecimiento de un Estado de derecho, donde el respeto a las leyes y el respeto a los derechos y deberes individuales y sociales se conviertan en un hábito de la vida diaria, de tal suerte que todos los panameños seamos beneficiados con los preciados dones que sólo la justicia, la libertad y la democracia pueden dar. De nosotros también dependerá que, para desgracia de la república, continuemos cultivando la semilla de nuestra propia ruina mediante el mantenimiento de un sistema jurídico - político incapaz de resolver los ingentes problemas que nos agobian y que crea otros nuevos.

La Junta de Notables, juristas independientes, debe recibir de los partidos políticos, de las organizaciones cívicas y gremiales los puntos de vista sobre la reforma constitucional. Esa junta – para citar un ejemplo, es como el sastre que recibe las instrucciones del cliente en cuanto a la moda y el color, etc. – luego, dichas reformas deben volver a ser consultadas con los representantes de los partidos y organizaciones ya citadas para ser estudiadas antes de someterlas a plebiscito.

A mí en lo personal, me simpatiza más que la idea de la Constituyente porque es un paso más democrático y participa más el pueblo en la toma de una decisión importante como es la de cambiar o reformar la Constitución. La Constituyente fortalece el papel democrático de los partidos políticos, pero tenemos que ser realistas y en estos momentos la oportunidad que se presenta no es la de una Constituyente sino la del plebiscito y tenemos que aceptarla dentro del juego democrático y participativo. De las reformas constitucionales queremos hacer un problema académico. Los problemas políticos no son un laboratorio, por lo tanto, debemos enfrentarlo con la madurez posible. Los cambios se dan cuando existe una fuerza realmente poderosa que lo impulsa desde el poder. En estos momentos esa fuerza es la Guardia Nacional como en 1972 fue el General Omar Torrijos, y en 1946 fue el señor Ricardo Adolfo de la Guardia y en 1941 fue el doctor Arnulfo Arias Madrid. La Junta de Notables debe ser nombrada sin trabas para que pueda ejercer su mandato sin presiones de ninguna clase. Estoy de acuerdo en que toda la Constitución de 1972 no es mala, hay normas extraídas de la Constitución de 1946 que son muy buenas y deben conservarse.

El doctor Arnulfo Arias dejó una interrogante en el país con sus dos comidas donde participaron el general Paredes, el presidente De la Espriella y altos oficiales de la Guardia Nacional. Puede ser positiva su acción y también podría juzgarse como negativa. Depende de los resultados posteriores. Estas comidas podrían avalar el actual gobierno que necesita de bases de aceptación más sólidas. Lo negativo que ha trascendido es que en dichas reuniones no se han tocado temas tan importantes como el esquema jurídico y político del país. La guardia ha ejercido el poder durante 14 años y no creo tanto que ahora piensen democratizar; creo que se trata más de tácticas políticas que de un verdadero convencimiento del papel que ellos deben jugar. No deseo ser muy subjetivo con esta apreciación.

La carta enviada por Wallace Nutting al Comandante de la Guardia Nacional con motivo de sus 25 años en dicha institución, puede cerrar una nota de buenos deseos y también avalar la actuación del general Paredes en materia política. La carta del Jefe del Comando Sur de los Estados Unidos se excede en las aspiraciones que hace y la considero un error en estos momentos políticos que vive el país. Puede ser interpretada también como una actitud de los Estados Unidos por imponer su voluntad en Panamá. Debemos crear una moral política en el país. El primer freno que debemos tener debe ser la conciencia. Debemos crear un equilibrio en las fuerzas para que la Guardia Nacional desempeñe su papel asignado y no se rompa el equilibrio y la Fuerza Pública pueda convertirse en el elemento dominante como lo es hoy. Toda mi vida he sido antimilitarista. Aquí en Panamá se ha perdido el equilibrio de los poderes y tenemos una Asamblea que es vocera del Partido Revolucionario Democrático y una Corte Suprema mediatizada. Debe respetarse el escalafón de la Guardia Nacional, pero también debe existir una carrera administrativa que proteja al servidor público. Todos recordamos que la Carrera Administrativa fue derogada por la Junta de Gobierno en 1968. La democracia es algo que debe perfeccionarse todos los días. No podemos cambiar la Constitución sólo para poner un nuevo rodaje a los que gobiernan o a los que prenden gobernar. El pueblo tiene mucha confusión y los partidos debemos llegar al pueblo para aclarar sus dudas y canalizar sus inquietudes. Además, tenemos un deber de explicar qué cambios o reformas quiere el pueblo. Lo importante ahora mismo es que la Junta de Notables vaya a todos los sectores de la vida nacional.

Nombre completo: Julio E. Linares

Nacimiento: 7 de agosto de 1930. Ciudad de Panamá

Fallecimiento: 27 de octubre de 1993. Nueva York

Ocupación: Diplomático y político

Resumen de su carrera: Profesó la cátedra de Derecho Internacional Público en la Universidad de Panamá, donde fue secretario,vicedecano y decano interino. Fue diputado a la Asamblea Nacional, miembro principal del Consejo Nacional de Relaciones Exteriores, presidente de la Junta Directiva del Instituto de Vivienda y Urbanismo y de la Junta de Control de Juegos, ministro Consejero de la Delegación Permanente de Panamá ante la O.N.U., gobernador de Panamá ante el Banco Mundial, representante titular de Panamá ante el Consejo Interamericano Económico y Social, y ante la V Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, donde fue electo presidente de la misma.