Symmy Larrat: ‘Los países deben unirse para enfrentar los discursos de odio’

Aunque Brasil es considerado desde hace años uno de los países latinoamericanos con mayores avances jurídicos en materia de derechos de las personas LGBTIQ+, el Gobierno brasileño sostiene que el principal desafío ya no es únicamente conquistar nuevos derechos, sino garantizar que estos se traduzcan en políticas públicas efectivas para combatir la violencia, ampliar el acceso al empleo y fortalecer la inclusión social.

Así lo explicó a La Estrella de Panamá la secretaria nacional de Derechos LGBTIQ+ de Brasil, Symmy Larrat, quien aseguró que la administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha concentrado sus esfuerzos en reglamentar las conquistas alcanzadas en los últimos años mediante decisiones judiciales y convertirlas en acciones concretas en todo el territorio brasileño.

“Desde que llegamos al Gobierno en 2023 y se creó la Secretaría Nacional de Derechos LGBTIQ+, hemos trabajado para desarrollar todas las regulaciones necesarias que permitan hacer efectivos esos derechos”, señaló.

Entre los principales avances, la funcionaria destacó el reconocimiento del matrimonio igualitario desde 2013, el derecho de las personas trans a modificar su identidad de género en los documentos oficiales sin necesidad de una intervención quirúrgica o de un proceso judicial, así como la decisión del Supremo Tribunal Federal de equiparar la LGBTIfobia con el delito de racismo.

Sin embargo, aseguró que esas victorias jurídicas requieren ahora una implementación efectiva por parte de las instituciones públicas.

Con ese propósito, el Gobierno impulsó la creación de una Política Nacional para los Derechos de las Personas LGBTIQ+, aprobada durante la Conferencia Nacional del sector con participación de representantes de todas las regiones del país.

La política establece lineamientos para que los estados y municipios brasileños adopten medidas concretas de protección y promoción de derechos. “La idea es que cada estado y cada municipio pueda adherirse a esta política y asumir compromisos específicos con la población LGBTIQ+”, explicó la funcionaria.

Además, Brasil desarrolla programas piloto destinados a fortalecer las redes de apoyo social. Entre ellos, figura el financiamiento de casas de acogida para personas LGBTIQ+ en situación de vulnerabilidad, así como la creación de una red de protección para personas LGBTIQ+ indígenas en distintos territorios del país. La intención del Gobierno es extender estas iniciativas progresivamente al resto del territorio nacional.

Uno de los ejes centrales de la estrategia brasileña a favor de las personas LGBTIQ+ consiste en mejorar la respuesta institucional frente a los delitos motivados por orientación sexual o identidad de género.

La secretaria explicó que, debido a que la seguridad pública depende de los gobiernos estatales, el Ejecutivo federal ha elaborado protocolos dirigidos a las policías y al sistema judicial para unificar la atención de estos casos.

Estos lineamientos buscan garantizar que las denuncias sean correctamente registradas y que la LGBTIfobia sea adecuadamente tipificada durante todo el proceso judicial.

En ese contexto también fue creado el Formulario Rogéria, una herramienta desarrollada junto con el Consejo Nacional de Justicia que permitirá identificar y registrar oficialmente los casos de violencia contra personas LGBTIQ+ en las distintas delegaciones policiales del país. El nombre de dicho formulario rinde un homenaje a una de las figuras transgénero reconocida por sus aportes a la visibilización del colectivo.

Según explicó Larrat, el objetivo es que el Estado brasileño asuma plenamente la producción de estadísticas oficiales sobre esta problemática. “Hasta ahora ha sido principalmente el movimiento social quien registra las agresiones y las muertes. Queremos que el propio Estado sea responsable de esos registros”, indicó la también periodista.

En otro ámbito, Brasil continúa apareciendo con frecuencia en informes internacionales sobre violencia contra personas transgénero. Sin embargo, la secretaria matizó esa percepción y afirmó que parte de esa realidad responde al alto nivel de registro existente en el país. “Brasil no necesariamente es el país donde más violencia ocurre, sino donde más se registra”, afirmó.

Más allá de las estadísticas, reconoció que aún existen importantes desafíos y explicó que el Gobierno trabaja en programas destinados a garantizar vivienda temporal, educación, capacitación y acceso al mercado laboral para personas trans y no binarias. Actualmente estas iniciativas funcionan en varios estados brasileños como proyectos piloto.

Uno de los aspectos más novedosos de la estrategia del Gobierno brasileño contra la discriminación a las personas LGBTIQ+ consiste en presentar la inclusión laboral como una política económica además de una política de derechos humanos.

La funcionaria explicó que dos investigaciones recientes sirvieron de base para la elaboración de nuevas acciones gubernamentales. La primera reveló que las mujeres trans perciben ingresos inferiores incluso a los de las mujeres cisgénero, quienes ya enfrentan una brecha salarial respecto a los hombres. El segundo estudio, elaborado conjuntamente con el Banco Mundial, analizó el impacto económico de la discriminación en el mercado laboral.

Según los resultados, las personas LGBTIQ+ tienen menos oportunidades de acceder a cargos directivos, reciben salarios inferiores y enfrentan mayores barreras para desarrollarse profesionalmente. Ese escenario representa pérdidas equivalentes al 0.8 % del Producto Interno Bruto brasileño, estimadas en alrededor de 15.000 millones de dólares anuales.

“Los gobiernos no pueden seguir perdiendo dinero por causa de la discriminación”, sostuvo.

Como respuesta a esos hallazgos, el Ministerio de Derechos Humanos y el Ministerio de Trabajo elaboraron el Plan Nacional de Trabajo Digno para Personas LGBTIQ+.

La estrategia contempla 80 acciones que deberán implementarse durante los próximos cinco años. Entre ellas, figuran programas de empleabilidad, mecanismos para facilitar el acceso al mercado laboral, acciones de capacitación y medidas orientadas a reducir las brechas de desigualdad. La secretaria de Derechos LGBTIQ+ de Brasil explicó que el plan cuenta con presupuesto asignado, metas específicas e indicadores que permitirán evaluar su cumplimiento.

Otro de los retos identificados por el Gobierno brasileño es el crecimiento de los discursos de odio impulsados a través de internet.

La funcionaria advirtió que la desinformación y las noticias falsas representan actualmente uno de los principales obstáculos para avanzar en la ampliación de derechos.

Por ello, el Ejecutivo mantiene iniciativas orientadas a regular el funcionamiento de las plataformas digitales y limitar la difusión de contenidos discriminatorios.

Reconoció, sin embargo, que el proceso enfrenta dificultades debido a la composición conservadora del Parlamento brasileño, donde algunos de estos proyectos avanzan lentamente.

Mientras tanto, el Gobierno también mantiene programas de protección dirigidos a defensoras y defensores de derechos humanos que enfrentan amenazas debido a su trabajo.

La secretaria subrayó que la cooperación internacional será determinante para enfrentar los retrocesos que han surgido en algunos países de la región.

Brasil preside actualmente una coalición de países promotores de los derechos LGBTIQ+ dentro de la Organización de los Estados Americanos, espacio desde el cual busca fortalecer alianzas entre gobiernos de la región.

A su juicio, los compromisos conjuntos permiten contrarrestar las narrativas que cuestionan los derechos de la diversidad sexual y envían una señal tanto a las instituciones públicas como al sector privado.

“Cuando varios países se unen para defender estos derechos, también inspiran a las empresas y al mercado a adoptar políticas de inclusión”, señaló.

Al concluir la entrevista, la funcionaria envió un mensaje dirigido especialmente a las nuevas generaciones de personas LGBTIQ+ interesadas en participar en la vida pública.

Como mujer trans que ocupa uno de los cargos más importantes del Gobierno brasileño en materia de diversidad, reconoció que acceder a espacios de decisión continúa siendo un proceso complejo.

No obstante, insistió en que la participación política sigue siendo fundamental para consolidar los avances alcanzados.

“No desistan. No hay camino hacia atrás; solo existe el camino hacia adelante. Llegar a los espacios de poder y representación exige mucho esfuerzo, pero no podemos detenernos. Tenemos que seguir caminando y ocupando esos espacios”, concluyó.