Tecnología al servicio de la legalidad forestal en Panamá
- 14/07/2025 00:00
Uno de los mayores logros de esta iniciativa ha sido su capacidad para adaptarse a las condiciones del territorio Hablar de la legalidad en el sector forestal panameño es, en buena medida, referirse a un proceso que está en transformación. Durante mucho tiempo, garantizar el origen legal de la madera ha sido un reto para el país, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso. Sin embargo, también es justo reconocer que hoy se están dando pasos concretos para cambiar esta realidad.
El desarrollo e implementación del Sistema de Trazabilidad y Control Forestal (STCF), es uno de estos pasos, una herramienta tecnológica que busca ordenar el sector, promover la transparencia y fomentar el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, el cual fue desarrollado en el marco de la iniciativa para fortalecer la gobernanza forestal en Panamá (2014 - 2019), proyecto apoyado por una alianza estratégica multiactor entre La Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT), Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), además de organizaciones privadas del sector.
La entidad con el apoyo de la OIMT continuó trabajando para robustecer el sistema y ampliarlo para incluir la trazabilidad de la madera de plantaciones forestales. Este sistema destaca por el alcance de la plataforma digital, la solidez de su diseño y el enfoque que promueve: una gestión forestal responsable, moderna y colaborativa entre los actores de la cadena productiva forestal. Panamá es un país con una gran diversidad de especies maderables y con potencial para desarrollar actividades forestales sostenibles, tanto en bosques naturales como en plantaciones. Pero ese potencial no puede desarrollarse plenamente si persisten prácticas informales, falta de información o dificultades para demostrar el origen legal de la madera. Por eso, contar con una herramienta como el Sistema de Trazabilidad y Control Forestal (STCF) además de ser una decisión técnica, también es un acto de responsabilidad con el futuro del país.
Este sistema, que permite rastrear la madera desde su extracción hasta su primera transformación, ha sido diseñado en fases. La primera, iniciada en 2018, se concentró en los productos provenientes de bosques naturales, particularmente en los permisos comunitarios otorgados en las comarcas indígenas Wargandí, Madugandí y Emberá Wounaan y con secciones de madera sumergida principalmente en el lago Bayano. Recientemente, se ha incorporado un segundo módulo que amplía el alcance hacia productos obtenidos de plantaciones y regeneración natural manejada (sistema de producción forestal que aprovecha la capacidad de regeneración del bosque secundario o áreas intervenidas, mediante técnicas silviculturales orientadas a favorecer el crecimiento de especies de interés comercial. A diferencia de las plantaciones, no implica necesariamente la siembra directa, sino que se basa en el manejo planificado de la vegetación natural). Esto ha significado una oportunidad para que más actores del sector participen activamente en la legalidad.
Uno de los mayores logros de esta iniciativa ha sido su capacidad para adaptarse a las condiciones del territorio. Por ejemplo, se han instalado sistemas de conectividad satelital en puntos estratégicos como Agua Fría, provincia de Darién; Torti, Genené, y garita de Chepo, provincia de Panamá; Alto Guarumo, Los Valles de Cañazas, La Yeguada provincia de Veraguas; y San Juan provincia de Chiriquí, lo que permite hacer verificaciones en tiempo real y evitar que la distancia geográfica se traduzca en debilidad institucional. Este tipo de medidas, aunque puedan parecer pequeñas, son fundamentales para que el sistema funcione de forma efectiva.
Pero la tecnología, por sí sola, no basta. El cambio también se construye desde las personas. La capacitación brindada por el Ministerio de Ambiente a propietarios y administradores de plantaciones, comunidades indígenas, talleres y profesionales forestales ha sido vital para que el STCF se perciba como una herramienta útil. Una plataforma que, lejos de complicar los procesos, puede ofrecer seguridad jurídica, mejores oportunidades comerciales y mayor confianza para todos los actores involucrados.
El marco legal que respalda este sistema también le da legitimidad. La Ley Forestal de 1994 establece la inscripción de los actores en el Libro de Registro Forestal, y el STCF hace más eficiente ese mandato. Gracias a ello, hoy es posible saber quién produce, dónde, con qué permiso y bajo qué condiciones. Contar con esta información hace posible supervisar de manera más eficaz y transparente las actividades del sector, lo que reduce el margen para decisiones sin fundamento técnico.
A la fecha, el STCF para plantaciones forestales comerciales y regeneración manejada ya cuenta con más de 230 usuarios activos. Esto indica que hay un interés creciente en formalizarse y cumplir con la normativa. También es un reflejo de una transformación cultural que, aunque aún en proceso, parece avanzar en la dirección correcta.
A nivel internacional, este esfuerzo también tiene resonancia. El sistema responde a los requisitos del Reglamento sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR), adoptado por la Unión Europea en 2023. Esto posiciona a Panamá como un país con capacidad de ofrecer productos forestales que cumplen con altos estándares, lo que sin duda es una ventaja en mercados cada vez más exigentes.
Ahora bien, no se puede perder de vista que este es un proceso en construcción. El sistema aún requiere mejoras en infraestructura, recursos financieros sostenibles, actualizaciones tecnológicas y una mayor inclusión de actores. Existen aún productores fuera del sistema, y su incorporación es necesaria para que el objetivo de trazabilidad sea realmente efectivo. Este es, uno de los principales desafíos por delante.
Sin embargo, en lugar de ver estas dificultades como obstáculos, podrían asumirse como parte natural de una transición hacia un modelo más justo, ordenado y sostenible. Construir una cultura de legalidad forestal no se logra de la noche a la mañana. Requiere tiempo, voluntad política, participación del sector privado y el compromiso de las comunidades.
En esta línea, el STCF es una herramienta tecnológica, cuyo espacio permite al Estado, productores y comunidades indígenas trabajar unidos con un objetivo común: asegurar que los bosques sean fuente de desarrollo, pero también de conservación.
El propósito del libro de registro forestal es garantizar que las actividades forestales sean realizadas por personas y entidades legalmente reconocidas, facilitando así la supervisión, el cumplimiento normativo y la trazabilidad en la cadena de producción maderera. Cabe señalar que las consecuencias de no registrarse incluyen la imposibilidad de emitir guías legales de transporte, la retención de la madera y sanciones administrativas.
Panamá tiene ante sí una oportunidad valiosa. Si este sistema avanza, cumpliendo con estándares internacionales, permitirá un sector forestal más competitivo, inclusivo y respetuoso del ambiente. Una buena gestión forestal se basa en la confianza, transparencia, reglas claras, y también en la colaboración entre todos los involucrados.
La legalidad en el manejo forestal debe ser una prioridad compartida por todos los que tienen interés en el bienestar del país. Proteger los bosques implica apoyar a las comunidades que dependen de ellos, mientras que, a la vez se apalanca la economía local y cuida el legado que dejaremos a las futuras generaciones.
Hablar de la legalidad en el sector forestal panameño es, en buena medida, referirse a un proceso que está en transformación. Durante mucho tiempo, garantizar el origen legal de la madera ha sido un reto para el país, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso. Sin embargo, también es justo reconocer que hoy se están dando pasos concretos para cambiar esta realidad.
El desarrollo e implementación del Sistema de Trazabilidad y Control Forestal (STCF), es uno de estos pasos, una herramienta tecnológica que busca ordenar el sector, promover la transparencia y fomentar el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, el cual fue desarrollado en el marco de la iniciativa para fortalecer la gobernanza forestal en Panamá (2014 - 2019), proyecto apoyado por una alianza estratégica multiactor entre La Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT), Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), además de organizaciones privadas del sector.
La entidad con el apoyo de la OIMT continuó trabajando para robustecer el sistema y ampliarlo para incluir la trazabilidad de la madera de plantaciones forestales. Este sistema destaca por el alcance de la plataforma digital, la solidez de su diseño y el enfoque que promueve: una gestión forestal responsable, moderna y colaborativa entre los actores de la cadena productiva forestal. Panamá es un país con una gran diversidad de especies maderables y con potencial para desarrollar actividades forestales sostenibles, tanto en bosques naturales como en plantaciones. Pero ese potencial no puede desarrollarse plenamente si persisten prácticas informales, falta de información o dificultades para demostrar el origen legal de la madera. Por eso, contar con una herramienta como el Sistema de Trazabilidad y Control Forestal (STCF) además de ser una decisión técnica, también es un acto de responsabilidad con el futuro del país.
Este sistema, que permite rastrear la madera desde su extracción hasta su primera transformación, ha sido diseñado en fases. La primera, iniciada en 2018, se concentró en los productos provenientes de bosques naturales, particularmente en los permisos comunitarios otorgados en las comarcas indígenas Wargandí, Madugandí y Emberá Wounaan y con secciones de madera sumergida principalmente en el lago Bayano. Recientemente, se ha incorporado un segundo módulo que amplía el alcance hacia productos obtenidos de plantaciones y regeneración natural manejada (sistema de producción forestal que aprovecha la capacidad de regeneración del bosque secundario o áreas intervenidas, mediante técnicas silviculturales orientadas a favorecer el crecimiento de especies de interés comercial. A diferencia de las plantaciones, no implica necesariamente la siembra directa, sino que se basa en el manejo planificado de la vegetación natural). Esto ha significado una oportunidad para que más actores del sector participen activamente en la legalidad.
Uno de los mayores logros de esta iniciativa ha sido su capacidad para adaptarse a las condiciones del territorio. Por ejemplo, se han instalado sistemas de conectividad satelital en puntos estratégicos como Agua Fría, provincia de Darién; Torti, Genené, y garita de Chepo, provincia de Panamá; Alto Guarumo, Los Valles de Cañazas, La Yeguada provincia de Veraguas; y San Juan provincia de Chiriquí, lo que permite hacer verificaciones en tiempo real y evitar que la distancia geográfica se traduzca en debilidad institucional. Este tipo de medidas, aunque puedan parecer pequeñas, son fundamentales para que el sistema funcione de forma efectiva.
Pero la tecnología, por sí sola, no basta. El cambio también se construye desde las personas. La capacitación brindada por el Ministerio de Ambiente a propietarios y administradores de plantaciones, comunidades indígenas, talleres y profesionales forestales ha sido vital para que el STCF se perciba como una herramienta útil. Una plataforma que, lejos de complicar los procesos, puede ofrecer seguridad jurídica, mejores oportunidades comerciales y mayor confianza para todos los actores involucrados.
El marco legal que respalda este sistema también le da legitimidad. La Ley Forestal de 1994 establece la inscripción de los actores en el Libro de Registro Forestal, y el STCF hace más eficiente ese mandato. Gracias a ello, hoy es posible saber quién produce, dónde, con qué permiso y bajo qué condiciones. Contar con esta información hace posible supervisar de manera más eficaz y transparente las actividades del sector, lo que reduce el margen para decisiones sin fundamento técnico.
A la fecha, el STCF para plantaciones forestales comerciales y regeneración manejada ya cuenta con más de 230 usuarios activos. Esto indica que hay un interés creciente en formalizarse y cumplir con la normativa. También es un reflejo de una transformación cultural que, aunque aún en proceso, parece avanzar en la dirección correcta.
A nivel internacional, este esfuerzo también tiene resonancia. El sistema responde a los requisitos del Reglamento sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR), adoptado por la Unión Europea en 2023. Esto posiciona a Panamá como un país con capacidad de ofrecer productos forestales que cumplen con altos estándares, lo que sin duda es una ventaja en mercados cada vez más exigentes.
Ahora bien, no se puede perder de vista que este es un proceso en construcción. El sistema aún requiere mejoras en infraestructura, recursos financieros sostenibles, actualizaciones tecnológicas y una mayor inclusión de actores. Existen aún productores fuera del sistema, y su incorporación es necesaria para que el objetivo de trazabilidad sea realmente efectivo. Este es, uno de los principales desafíos por delante.
Sin embargo, en lugar de ver estas dificultades como obstáculos, podrían asumirse como parte natural de una transición hacia un modelo más justo, ordenado y sostenible. Construir una cultura de legalidad forestal no se logra de la noche a la mañana. Requiere tiempo, voluntad política, participación del sector privado y el compromiso de las comunidades.
En esta línea, el STCF es una herramienta tecnológica, cuyo espacio permite al Estado, productores y comunidades indígenas trabajar unidos con un objetivo común: asegurar que los bosques sean fuente de desarrollo, pero también de conservación.
El propósito del libro de registro forestal es garantizar que las actividades forestales sean realizadas por personas y entidades legalmente reconocidas, facilitando así la supervisión, el cumplimiento normativo y la trazabilidad en la cadena de producción maderera. Cabe señalar que las consecuencias de no registrarse incluyen la imposibilidad de emitir guías legales de transporte, la retención de la madera y sanciones administrativas.
Panamá tiene ante sí una oportunidad valiosa. Si este sistema avanza, cumpliendo con estándares internacionales, permitirá un sector forestal más competitivo, inclusivo y respetuoso del ambiente. Una buena gestión forestal se basa en la confianza, transparencia, reglas claras, y también en la colaboración entre todos los involucrados.
La legalidad en el manejo forestal debe ser una prioridad compartida por todos los que tienen interés en el bienestar del país. Proteger los bosques implica apoyar a las comunidades que dependen de ellos, mientras que, a la vez se apalanca la economía local y cuida el legado que dejaremos a las futuras generaciones.