Defender la vida no es demagogia, es dignidad

En el debate sobre la minería metálica en Panamá, defensores del extractivismo hiperbolizan el espejismo de empleos temporales y “desarrollo económico”, tildando las críticas científicas y sociales de “ideología demagógica” o populismo irracional. Nada más falaz y deshonesto.

El movimiento social y ecofeminista defiende una perspectiva racional basada en evidencia: la ciencia y las políticas públicas declaran que ni las compras locales ni la supuesta responsabilidad empresarial compensan los comprobados riesgos ambientales, sociales y sanitarios. Reconocer aportes fiscales no absuelve fallas de gestión ni externalidades letales; es mera contabilidad miope que ignora el costo real para generaciones futuras, especialmente para mujeres y comunidades vulnerabilizadas por siglos de despojo extractivista.

Este 8 de marzo, “Día Internacional de la Mujer”, reiteramos: defender la vida no es retórica, es dignidad interseccional. Los ciudadanos y las mujeres rurales, afrodescendientes e indígenas –cuidadoras históricas del agua, de semillas y territorios– pagan el precio más alto por las consecuencias del extractivismo: pérdida de soberanía alimentaria, violencia territorial y salud deteriorada. Definitivamente, no están dispuestas a que se les invisibilice y se les continúe excluyendo.

Calificar de “populistas” o “demagógicos” a movimientos feministas, ambientales y sociales que alertan sobre nuestra realidad hídrica única (8-9 meses de lluvia anual, cuencas mega diversas) es ceguera deliberada, solo interesada en apropiarse de las riquezas que le quitan al país. La minería metálica a cielo abierto es una bomba hídrica y letal para hombres y mujeres.

Panamá no es el desierto de Atacama: aquí el drenaje ácido minero, cuyos contenidos en sulfuros expuestos al oxígeno y agua, liberan metales pesados tóxicos (cobre, arsénico, plomo, mercurio). Esta “mina invisible” no se confina: la percolación de esos venenos contamina ríos, acuíferos, estuarios y llega al mar, aniquilando ecosistemas vitales.

La evidencia científica es abrumadora. Estudios epidemiológicos globales, como los publicados en “The Lancet” (series sobre contaminación y salud pública), vinculan la exposición crónica a metales pesados con cánceres ginecológicos, malformaciones congénitas, infertilidad y enfermedades respiratorias por partículas PM2.5 de polvo minero. Las experiencias mineras en América Latina implican abortos espontáneos, cánceres intrauterinos, de piel y pulmonar por relaves mineros. En Panamá, la condición de salud de mujeres indígenas, entre otras, las Ngäbe y Bri Bri –guardianas de cuencas– enfrentan impactos ambientales por las enormes desigualdades económicas y sociales existentes.

En 1999, la empresa canadiense “Greenstone Resources” mediante su subsidiaria, Minera Remance, S.A. quebró y abandonó el sitio, dejando atrás una pila de lixiviación con cianuro, desechos de roca (estériles) y sedimentos contaminados con metales pesados como arsénico, mercurio y plomo. Un estudio de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) en 2022-23 advirtió de riesgos de cáncer por elementos tóxicos en la zona donde funcionó dicha mina: “La mina de Remance es un monumento a la irresponsabilidad corporativa y a la complicidad estatal. Es el recordatorio constante de que no hay minería responsable en un país tropical”

Hoy está en juego el agua de 4 millones de panameños/as, la salud de pueblos originarios despojados históricamente y el Canal –que requiere 42 millones de m³ diarios de agua limpia–. Sacrificar esto por cobre es suicida: destruye la soberanía alimentaria (pesca, agricultura familiar) y profundiza la “deuda ecológica” con trabajadores del campo, mujeres rurales y sus familias vulnerabilizadas por políticas neoliberales.

No somos una colonia cuprífera condenada a escoger entre “minería o miseria”. Esa dicotomía es propaganda extractivista que invisibiliza nuestra ventaja comparativa real: una de las biodiversidades más altas del planeta (corredor biológico Mesoamericano); dos océanos, agua en abundancia con más de 500 ríos (distribuidos en 52 cuencas, 34 en el Pacífico y 18 en el Caribe), por cada 151 km2 hay un río. En España es un río por cada 14,457 km2: y; en Colombia, un río por cada 25,372 km2. Sin duda, nuestro potencial para economía azul, bioeconomía y turismo sostenible es extraordinario.

¿Qué elegimos? ¿Veinte años de regalías mal negociadas (menos del 3% del PIB, con fugas fiscales históricas), dejando ríos muertos y “enormes sepulturas” de relaves? O empleos verdes distribuidos en ecoturismo que genera 10 veces más puestos que la minería (OIT datos), agroforestería liderada por mujeres y hombres indígenas y energías renovables que empoderan a las comunidades. Panamá elige bioeconomía y futuro inclusivo para todas y todos

Datos del PNUD y CEPAL confirman: proteger bosques tropicales genera 25-50 empleos por hectárea en turismo y carbono azul, versus 1-2 en minería, con cierre inevitable tras 20 años. Panamá podría liderar América Latina en “economías verdes”: cooperativas de mujeres en permacultura, acuicultura sostenible entre otros.

Cifras de empleos directos y temporales, compras locales y aportes al PIB son válidas, pero insuficientes sin análisis costo-beneficio completo. ¿Quién asume pasivos ambientales y sociales a mediano plazo? ¿suficientes para pagar pasivos ambientales y sociales? La contaminación crónica genera costos públicos masivos: remediación de relaves (miles de millones, como en Yanacocha-Perú), subsidios de salud por enfermedades minero-inducidas y pérdida de industrias agua-dependientes (turismo, agro).

La “responsabilidad social empresarial” se torna clientelar cuando programas focalizados (escuelitas, comedores) sustituyen el cumplimiento ambiental estricto: neutralizan la resistencia indígena/feminista y comunitaria, sin mitigar la deforestación de miles de hectáreas en Donoso, ni la violencia de género extractiva. Los pasivos ambientales son la factura oculta del “desarrollo”, que no aparece en el PIB ni en regalías.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el contrato no por tecnicismos, sino por violar principios fundamentales de la Carta Magna: transparencia, participación y estabilidad fiscal. El Acuerdo de Escazú –ratificado por Panamá en 2021– obliga la consulta previa, información accesible y justicia ambiental para comunidades afectadas. Incumplirlo perpetúa despojos coloniales, agravando la “triple vulnerabilidad” (género, etnia, territorio). Sociólogas como Silvia Federici denuncian como ecofeminismo global.

Exigimos un pacto Estado y sociedad equitativo, y democrático. Transparencia ciudadana o colapso extractivista.

Este 8M las mujeres no oponemos empleo a ambiente, como excluyentes binarios: exigimos desarrollo con garantías técnicas, legales y financieras que protejan agua, biodiversidad y derechos colectivos, priorizando a las mujeres vulnerabilizadas por el extractivismo. La racionalidad científica –favorable al bienestar social– sabe que “no hay PIB sin ecosistemas vivos”, ni soberanía sin agua limpia para las futuras generaciones. Panamá, cuna de vida y resistencia, rechaza el altar patriarcal-autoritario-extractivista: optamos por dignidad feminista y equidad, no para el saqueo patriarcal.

La autora es Socióloga ecofeminista. Activista de Espacio Encuentro de Mujeres.