Desigualdad en Panamá

El problema de la desigualdad, su dimensión y profundidad, se relaciona con la construcción histórico social de la sociedad. Para el caso de Panamá, este es un fenómeno que podría decirse la define. Absteniéndonos de reflexionar acerca del proceso histórico del desarrollo de las sociedades, en especial en América Latina, nos ubicamos en esta etapa en la que el modelo neoliberal profundizó las desigualdades ya existentes (Harvey 2007).

En Panamá, para el año 2023, más del 21% de la población vive en condiciones de pobreza; la pobreza urbana se contabiliza en 11.3% - más de 10 personas por cada 100 habitantes en las urbes, son pobres; la pobreza rural se contabiliza en 41.5% y la pobreza indígena se calcula en 84.5%.

Para el 2022, la tasa de empleo informal alcanzó el 48 % de la población ocupada (IPEL). En el 2017 un informe de la OIT ( UNICEF), da cuenta del 17 % de jóvenes y adolescentes que no estudian ni trabajan. Más de 100 mil niños y jóvenes se encontraban fuera del sistema escolar, en el año 2020 (UNICEF). Ya en el 2023, cerca de 120 mil infantes entre cuatro y 17 años no asisten a ningún centro educativo (UNICEF). El índice de Gini en el 2023, según datos del Banco Mundial es de 49 %, el más alto en Centroamérica. Son algunos datos que dan cuenta de la desigualdad existente en un país con alto crecimiento económico y escaso desarrollo humano.

La precariedad de los sectores populares, por un lado y la acumulación de los sectores dominantes por el otro, se vio incrementado con la pandemia COVID -19. El manejo de la pandemia, por parte del gobierno de turno, implicó la aplicación de una política de shock, que generó mayor flexibilización e inestabilidad laboral con impactos sostenidos a la clase trabajadora.

Destacan aumento del desempleo y la informalidad: estadísticas de la encuesta laboral de 2024, dan cuenta del aumento de la informalidad (49.3 % de la población ocupada) y del desempleo (9.7 % de la PEA). Con ello, el poder adquisitivo de la clase trabajadora se ha visto considerablemente disminuido. A la vez, el aumento del costo de la vida continúa incrementando la exclusión y empobrecimiento de grandes grupos de personas.

La pandemia de COVID-19 profundizó las desigualdades de género en Panamá, revelando y exacerbando brechas estructurales que afectan especialmente a mujeres en ámbitos como el trabajo, educación, salud y violencia. Las mujeres asumieron el 75% de las tareas de cuidado durante la pandemia; más del 60% de las mujeres trabajadoras informales perdieron sus ingresos, especialmente en sectores como comercio, turismo y trabajo doméstico. El teletrabajo se implementó sin perspectiva de género, aumentando la carga doméstica no remunerada.

Las niñas y adolescentes en zonas rurales e indígenas enfrentaron mayores barreras de acceso a la educación virtual, por falta de conectividad, dispositivos y apoyo familiar. El abandono escolar femenino aumentó, especialmente en comarcas, donde la fecundidad adolescente se disparó; las denuncias por violencia doméstica aumentaron durante los confinamientos, pero el acceso a justicia y protección fue limitado (PNUD, 2020). Derechos de la mujer trabajadora fueron vulnerados, con la eliminación del Fuero de Maternidad, impulsado por la entonces Ministra de Trabajo Doris Zapata.

La desigualdad en la educación se profundizó, uno de los indicadores de esta profundización es la expulsión de niños y jóvenes del sistema escolar. En el 2022 hubo un incremento del 60% de deserción escolar, según informe emitido por MEDUCA. Un año en que los sectores populares protagonizaron importantes movimientos sociales frente al alto costo de los alimentos, energía, servicios públicos, y ante gobiernos cuyos funcionarios se han visto envueltos, año tras año, por graves sucesos de corrupción.

La educación pública resultó mayormente afectada con la gestión pública frente a la COVID-19. Con estructuras ya insuficientes y con malas condiciones, el regreso a la educación presencial encontró centros escolares aún más deteriorados tras dos años sin mantenimiento y con una demanda mucho más alta de estudiantes cuyos padres ya no podrían costear la escuela privada tras perder capacidad de ingreso (28 mil estudiantes migraron de colegios privados a públicos en los años 2021 y 2022. (MEDUCA).

La desigualdad en educación se extiende y profundiza. Para el 2023, el censo da cuenta de unos 120,000 niños y adolescentes fuera del sistema escolar. La ejecución del presupuesto de inversión del MEDUCA para el 2025, apenas alcanzó el 39 % según informó la actual Ministra a la Asamblea Nacional.

Destacan en las expresiones del movimiento popular en Panamá el sector obrero liderado por el SUNTRACS; sectores aglutinados en Centrales obreras como CONUSI, CGTP; organizaciones estudiantiles; gremios de educadores y grupos originarios que han jugado un papel destacado en las luchas por la soberanía y contra las medidas antipopulares. Todos manteniendo presencia y beligerancia en las luchas, en especial las desarrolladas en el 2022 contra el alto costo de la vida; y el 2023 contra el contrato de explotación minera entre el gobierno panameño y la empresa canadiense First Quantum – a las que se suman organizaciones y movimientos ambientalistas. En fechas más recientes, la lucha contra la Ley 462 que reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social y modifica el régimen de pensiones de la clase trabajadora.

De otro lado, se destaca el papel de los medios de comunicación en la formación de percepciones frente a dirigentes y organizaciones del movimiento popular, a los cuales “satanizan” y colocan en el espacio simbólico de “los malos”, “los intransigentes”, “los maleantes”; y demás adjetivos de esta naturaleza, promoviendo el odio, la discriminación y por ende el rechazo a todo tipo de interpretación diferente a la de la clase dominante.

La particular campaña que mantiene el ejecutivo contra organizaciones y dirigentes del movimiento popular, orientado a “disminuir a su mínima expresión” a quienes adversan la aplicación de políticas dirigidas al beneficio “de la empresa privada, sin rubor... de nadie más”, se ha realizado con brutal violencia hacia los pueblos originarios (Arimae, Bocas del Toro), y a los trabajadores y trabajadoras (construcción del Hospital del Niño).

Todo acompañado de los grandes medios de comunicación, y que ha abierto el compás a la justicia selectiva; así como a lo que conocemos como “Lawfare”, mediante el cual se ejerce el poder del estado para generar procedimientos judiciales, acusaciones penales, demandas o normas jurídicas con el objeto de desacreditar, neutralizar o eliminar adversarios.

Estas reflexiones me permiten concluir que enfrentar el problema de la desigualdad en Panamá exige transformaciones estructurales e integrales, con mayor fortaleza y unidad del movimiento popular, gremial, ambientalista y feminista, articuladas en torno a un proyecto de Nación que coloque en el centro el desarrollo humano.

Este proyecto debe estar acompañado por un proceso educativo inclusivo y articulado, que promueva y garantice el derecho a la organización estudiantil, tanto en el nivel medio como universitario; que reconozca e incorpore los saberes ancestrales y tradicionales de los pueblos originarios en las comarcas; y que contribuya, junto con la comunicación, a la recuperación de las identidades nacionales, comunitarias y barriales de los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos.

Asimismo, es urgente replantear el modelo de gestión social del conocimiento y la cultura, profundamente incidido por el paradigma neoliberal, y avanzar hacia acciones que lo superen, orientadas a la construcción de una vida digna para todas y todos.

La autora es Sociología. Docente e investigadora de la Universidad de Panamá