El nuevo reto militarista

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates, dijo recientemente que “la Fuerza Pública panameña es militar en todo, menos en el nombre”. En esos términos justificaba el apoyo militar y económico que Estados Unidos brinda al nuevo ejército de Panamá. Las declaraciones del secretario Gates han sorprendido a los incautos o carentes de malicia que abundan en el mundo panameño. Pero a quienes vienen observando la evolución castrense, de simples policías a soldados con vocación militarista, lo expresado confirma el retorno al militarismo.

El hecho obliga a terciar en lo que hoy es debate nacional con algunas precisiones ético-jurídicas. En primer lugar, es motivo de justificadísima alarma la reincidencia del gobierno norteamericano en su afán de repetir el error histórico de prohijar un ejército en Panamá. Lo hizo una vez. Creó un monstruo para luego desmontarlo con una invasión cruel que riñe con las leyes internacionales que garantizan el principio de la no intervención.

Hasta la fecha el apoyo no se concreta con grandes sumas de dinero, pero se trata de un comienzo, tímido como todo comienzo, que puede causar un malestar en las fuerzas democráticas del país. Sabe ese gobierno cuál es el sentido militarista y la causa de su aporte al señalar que la Fuerza Pública es militar en todo, menos en el nombre. Es irrespetuosa esa afirmación y esa ayuda porque, repito, bien sabe Estados Unidos que la carta magna panameña abolió el ejército. De modo que indicar que la policía es un ejército y como tal debe recibir la ayuda económica del gobierno estadounidense, es toda una complicidad con la conducta de los nativos adversarios ideológicos de la democracia.

En cuanto a la calificación de la conducta de los gobernantes nuestros en este asunto de la remilitarización debe definirse como improcedente e ilegal encargar de la dirección de la Policía Nacional a un militar de carrera en circunstancias en que la ley dispone que dicho jefe debe ser un civil. Lo que exige la ley es que quien ejerza la función de jefe de la policía sea un civil. Es una condición relativa al ejercicio funcional del cargo y tal ejercicio se llevará a cabo tanto cuando se ejercen tales funciones como funcionario permanente o como funcionario transitorio.

Existe un aspecto en este drama de la política panameña que no es considerado. La abolición del ejército y la designación de un civil para el cargo de jefe, es producto de una sacrificada lucha histórica por la democratización del país. Esa lucha abrió dolorosas heridas y en el fragor de esta una bola de fuego dividió a los panameños entre civilistas y castrenses. De modo que todo intento de restaurar el sistema que engendró tantas rivalidades causa un escozor legítimo en la memoria histórica del civilista.

No se trata de una reacción alérgica contra el militar de carrera. De lo que se trata es que viene galopando a ojos vista el sistema que tantos tormentos, inseguridades y desprestigios causó a la República. El pueblo panameño no le teme al militar de carrera; le teme al sistema que conduce al militarismo.

Sólo los tontos no advierten los avances estratégicos finamente calculados y auspiciados por la actual coalición de gobierno. Auspicio que en lo que concierne al Partido Popular resulta una dolorosa fe de erratas a la gestión civilista realizada por el Ministerio de Gobierno y Justicia en los años iniciales del gobierno de Endara. En lo concerniente al PRD se ha dicho que se ha democratizado, pero mantiene el viejo espíritu totalitario.

El avance sigue ahora hacía la frontera colombiana. Allí se va a radicar un pelotón altamente especializado del nuevo Ejército panameño.

Debo decir como hombre de leyes que ese pelotón, dentro del esquema de la responsabilidad de los Estados con relación a la paz de sus fronteras es absolutamente innecesario. No es Panamá la que debe cuidar las fronteras de las incursiones de los insurgentes colombianos. Es Colombia la que debe vigilar para que esas incursiones no se den. A contrario sensu, si fueran insurgentes panameños los que violan el territorio colombiano es al gobierno panameño al que le correspondería impedir esas incursiones delictivas. Esta tesis fundada en el derecho internacional la he sostenido muchas veces en mis escritos sabatinos.

Precisamente en la reciente visita del presidente de Ecuador a España, señor Correa, dijo que no es Ecuador el que tiene que mantener tropas en su frontera con Colombia, que es a este país al que le corresponde guardar la tranquilidad en esa región, porque se trata de incursiones de las guerrillas colombianas.

El Ecuador, dijo Correa, tiene 500 kilómetros de frontera común con Colombia, de selva virgen. En la actualidad Ecuador tiene 13 guarniciones en la frontera y Colombia solo dos. Es injusto, dijo Correa que el erario de Ecuador asuma los costos por un oficio que le corresponde a Colombia. Esa es también nuestra realidad.

Por lo visto, la suerte está echada. Ya los militaristas pasaron del acecho a la acción. Ahora le corresponde a las dirigencias políticas y sociales del país asumir sus papeles de conductores de la democracia. Ahora es cuando. ¡Mañana es tarde!