Habitantes de calle, un ciclo de pobreza y adicción
- 26/07/2025 10:39
Rehabilitar a esta población vulnerable requiere políticas integrales de Estado y la colaboración de fundaciones y organizaciones especializadas Pies descalzos, abdomen expuesto, pelo enmarañado y sus alhajas al hombro o en una carretilla. Los habitantes de calle sobreviven como pueden en Ciudad de Panamá. El último censo de población registra 374, pero autoridades y trabajadores sociales coinciden en que es un subregistro. Contarlos con rigurosidad requiere una metodología especial y dinero. Además, rehabilitar a una persona narcodependiente toma tiempo, trabajo y más dinero. Dinero y recursos que pocos gobiernos quieren destinar a un grupo de personas vistas por muchos como indeseables.
“La pantalla que hacen los gobiernos es que recogen a la gente, los llevan a un gimnasio, les cortan el cabello, les toman los datos y los sueltan por ahí mismo. A veces ni siquiera los trasladan a centros para rehabilitarlos”, lamentó Ariel López, director del Centro San Juan Pablo II. El resultado es una puerta giratoria, el habitante de calle es recogido por las autoridades, a veces recibe un corte de pelo o un plato de comida y luego regresa a las calles. “El gobierno, sea Alcaldía, sea Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el que quiera ver el tema, no apoya a los centros que tienen la buena voluntad de atender a la gente de la calle, entonces, lógicamente, va a haber el fenómeno de entrada y salida”, explicó López.
Las organizaciones que se dedican a atender a esta población son de carácter religioso, la mayoría de ellas de orientación cristiana evangélica y algunas católicas. Sus recursos dependen de donaciones y su metodología de rehabilitación se apoya en el componente espiritual y religioso. La fe puede ser clave para transformar vidas, pero el enfoque científico también es importante, especialmente en casos de personas con trastornos mentales o dependencia a sustancias.
“No hay un enfoque de atención científica, de psicología, de psiquiatría. Algunos pacientes son psiquiátricos y los consideran casos espirituales, demonios, espíritus, pero realmente son casos de esquizofrenia, son trastornos por el consumo de sustancias. Si el Municipio o el Mides no dan el apoyo necesario a estos centros, ese fenómeno no va a cesar”, lamentó López.
En el caso del Centro San Juan Pablo II, mantienen un grupo reducido limitado a 15 personas para rehabilitación. La idea es enfocar los recursos disponibles en lograr un proceso de rehabilitación efectivo y duradero.
Algunas de las organizaciones que también brindan servicios como albergues son la Fundación Remar, el Centro Nueva Vida, la Fundación Servir, El Taller del Maestro, A Dios Sea la Gloria Pastoral de Movilidad Humana y la Fundación Paraíso Celestial.
El Municipio de Panamá (MUPA) solía otorgar subsidios a este tipo de organizaciones. Sin embargo, los aportes monetarios tuvieron que ser suspendidos en esta administración.
“En este periodo no hemos podido dar subsidio porque quedamos con una deuda de la administración pasada, que no dio subsidio desde febrero del año pasado”, explicó Lizbeth Cunningham, directora de Gestión Social del MUPA. “Estamos proponiendo para el próximo periodo, en 2026, apoyar a las organizaciones con las que estamos trabajando con subsidios”, detalló.
Cunningham explicó que aunque no se otorgan subsidios, sí se brinda apoyo canalizando donaciones, alimentos y coordinando entre distintas instituciones de salud y bienestar social para atender a la población de acuerdo con sus necesidades.
Se trata de una tarea titánica y compleja. Más del
90 % de los habitantes de calle son adictos a alguna sustancia, muchos tienen problemas de salud mental u otras condiciones médicas. Hay también adultos mayores abandonados por sus familias, ludópatas que perdieron todo en el juego y extranjeros que quedaron varados en su proceso de migración.
Por muchos operativos que se hagan, las leyes panameñas no permiten retener a estas personas contra su voluntad, ni obligarlas a recibir ayuda. “No hay un instrumento legal que nos permita retirarlos y retenerlos. Sería violatorio de los derechos humanos que la persona se quede con nosotros contra su voluntad. Nosotros no estamos de acuerdo porque una persona en esa condición no tiene voluntad de nada. Esa persona nos necesita y es triste tener que dejar ir a una persona cuando te dice ‘no quiero ir contigo’, ‘no me lleves’, ‘no quiero recibir el baño’, ‘déjame, yo no quiero estar aquí’. No puedes retenerlo porque la ley no te lo permite”, lamentó Cunningham.
El trabajo no es de una sola institución. El Municipio refiere, por ejemplo, a los migrantes con el Servicio Nacional de Migración, que traslada a los albergues de migrantes a quienes lo necesiten; los adultos mayores que no consumen drogas son referidos a instituciones especializadas en atenderlos; las personas con trastornos mentales al Instituto Nacional de Salud Mental, y los adictos a las fundaciones correspondientes. “El enganche es tener un sitio en donde los llevamos, les damos ropa limpia, les cortamos el cabello, les damos alimentación para generar esa confianza y poder entonces entrar en una entrevista que lo hace el equipo de psicología y el trabajo social para poder entonces indagar sobre cuál es la situación que aqueja a esa persona y de ahí entonces saber hacia dónde la vamos a dirigir”, resaltó la directora de Gestión Social.
Uno de los proyectos que se están realizando para atender a esta población es el Albergue Municipal Las Garzas, una obra adjudicado por 3,7 millones de dólares en 2022 a RJ Inversiones, S.A. Este albergue tendría capacidad para 250 personas, 150 hombres y 100 mujeres, y se prevé que esté listo a finales de este año o inicios de 2026.
Una recomendación que comparten tanto los trabajadores sociales como las autoridades es no darles dinero directamente a los habitantes de calle.
“Esa persona recibe cinco comidas en el día, se come dos o tres y las otras las vende para tener más dinero para consumir. Les llevas colchas, les llevas lonas, las venden para poder consumir. Lo único que estás haciendo es legitimar la actividad y dándole más recursos al narcotráfico para que siga ahí vendiéndoles. Te llevas a un habitante de calle de una esquina y estás quitándole 20 dólares diarios al narcotráfico. Son 20 piedras en un día”, destacó Cunningham. “La gente cura su conciencia dándole al que no tiene, pero lo único que está haciendo es dándole un mensaje de que ‘te puedes quedar allí’. Es más ‘te voy a dar esto para que mejores tu condición y te sigas quedando en la calle’. Vayan y entreguen todos esos recursos a los centros de acogida, que es donde están los que quieren cambiar su condición”.
Lizbeth CunninghamDirectora de Gestión Social del MUPALa gente cura su conciencia dándole al que no tiene, pero lo único que está haciendo es dándole un mensaje de que ‘te puedes quedar allí’. Vayan y entreguen esos recursos a los centros de acogida”.
Pies descalzos, abdomen expuesto, pelo enmarañado y sus alhajas al hombro o en una carretilla. Los habitantes de calle sobreviven como pueden en Ciudad de Panamá. El último censo de población registra 374, pero autoridades y trabajadores sociales coinciden en que es un subregistro. Contarlos con rigurosidad requiere una metodología especial y dinero. Además, rehabilitar a una persona narcodependiente toma tiempo, trabajo y más dinero. Dinero y recursos que pocos gobiernos quieren destinar a un grupo de personas vistas por muchos como indeseables.
“La pantalla que hacen los gobiernos es que recogen a la gente, los llevan a un gimnasio, les cortan el cabello, les toman los datos y los sueltan por ahí mismo. A veces ni siquiera los trasladan a centros para rehabilitarlos”, lamentó Ariel López, director del Centro San Juan Pablo II. El resultado es una puerta giratoria, el habitante de calle es recogido por las autoridades, a veces recibe un corte de pelo o un plato de comida y luego regresa a las calles. “El gobierno, sea Alcaldía, sea Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el que quiera ver el tema, no apoya a los centros que tienen la buena voluntad de atender a la gente de la calle, entonces, lógicamente, va a haber el fenómeno de entrada y salida”, explicó López.
Las organizaciones que se dedican a atender a esta población son de carácter religioso, la mayoría de ellas de orientación cristiana evangélica y algunas católicas. Sus recursos dependen de donaciones y su metodología de rehabilitación se apoya en el componente espiritual y religioso. La fe puede ser clave para transformar vidas, pero el enfoque científico también es importante, especialmente en casos de personas con trastornos mentales o dependencia a sustancias.
“No hay un enfoque de atención científica, de psicología, de psiquiatría. Algunos pacientes son psiquiátricos y los consideran casos espirituales, demonios, espíritus, pero realmente son casos de esquizofrenia, son trastornos por el consumo de sustancias. Si el Municipio o el Mides no dan el apoyo necesario a estos centros, ese fenómeno no va a cesar”, lamentó López.
En el caso del Centro San Juan Pablo II, mantienen un grupo reducido limitado a 15 personas para rehabilitación. La idea es enfocar los recursos disponibles en lograr un proceso de rehabilitación efectivo y duradero.
Algunas de las organizaciones que también brindan servicios como albergues son la Fundación Remar, el Centro Nueva Vida, la Fundación Servir, El Taller del Maestro, A Dios Sea la Gloria Pastoral de Movilidad Humana y la Fundación Paraíso Celestial.
El Municipio de Panamá (MUPA) solía otorgar subsidios a este tipo de organizaciones. Sin embargo, los aportes monetarios tuvieron que ser suspendidos en esta administración.
“En este periodo no hemos podido dar subsidio porque quedamos con una deuda de la administración pasada, que no dio subsidio desde febrero del año pasado”, explicó Lizbeth Cunningham, directora de Gestión Social del MUPA. “Estamos proponiendo para el próximo periodo, en 2026, apoyar a las organizaciones con las que estamos trabajando con subsidios”, detalló.
Cunningham explicó que aunque no se otorgan subsidios, sí se brinda apoyo canalizando donaciones, alimentos y coordinando entre distintas instituciones de salud y bienestar social para atender a la población de acuerdo con sus necesidades.
Se trata de una tarea titánica y compleja. Más del
90 % de los habitantes de calle son adictos a alguna sustancia, muchos tienen problemas de salud mental u otras condiciones médicas. Hay también adultos mayores abandonados por sus familias, ludópatas que perdieron todo en el juego y extranjeros que quedaron varados en su proceso de migración.
Por muchos operativos que se hagan, las leyes panameñas no permiten retener a estas personas contra su voluntad, ni obligarlas a recibir ayuda. “No hay un instrumento legal que nos permita retirarlos y retenerlos. Sería violatorio de los derechos humanos que la persona se quede con nosotros contra su voluntad. Nosotros no estamos de acuerdo porque una persona en esa condición no tiene voluntad de nada. Esa persona nos necesita y es triste tener que dejar ir a una persona cuando te dice ‘no quiero ir contigo’, ‘no me lleves’, ‘no quiero recibir el baño’, ‘déjame, yo no quiero estar aquí’. No puedes retenerlo porque la ley no te lo permite”, lamentó Cunningham.
El trabajo no es de una sola institución. El Municipio refiere, por ejemplo, a los migrantes con el Servicio Nacional de Migración, que traslada a los albergues de migrantes a quienes lo necesiten; los adultos mayores que no consumen drogas son referidos a instituciones especializadas en atenderlos; las personas con trastornos mentales al Instituto Nacional de Salud Mental, y los adictos a las fundaciones correspondientes. “El enganche es tener un sitio en donde los llevamos, les damos ropa limpia, les cortamos el cabello, les damos alimentación para generar esa confianza y poder entonces entrar en una entrevista que lo hace el equipo de psicología y el trabajo social para poder entonces indagar sobre cuál es la situación que aqueja a esa persona y de ahí entonces saber hacia dónde la vamos a dirigir”, resaltó la directora de Gestión Social.
Uno de los proyectos que se están realizando para atender a esta población es el Albergue Municipal Las Garzas, una obra adjudicado por 3,7 millones de dólares en 2022 a RJ Inversiones, S.A. Este albergue tendría capacidad para 250 personas, 150 hombres y 100 mujeres, y se prevé que esté listo a finales de este año o inicios de 2026.
Una recomendación que comparten tanto los trabajadores sociales como las autoridades es no darles dinero directamente a los habitantes de calle.
“Esa persona recibe cinco comidas en el día, se come dos o tres y las otras las vende para tener más dinero para consumir. Les llevas colchas, les llevas lonas, las venden para poder consumir. Lo único que estás haciendo es legitimar la actividad y dándole más recursos al narcotráfico para que siga ahí vendiéndoles. Te llevas a un habitante de calle de una esquina y estás quitándole 20 dólares diarios al narcotráfico. Son 20 piedras en un día”, destacó Cunningham. “La gente cura su conciencia dándole al que no tiene, pero lo único que está haciendo es dándole un mensaje de que ‘te puedes quedar allí’. Es más ‘te voy a dar esto para que mejores tu condición y te sigas quedando en la calle’. Vayan y entreguen todos esos recursos a los centros de acogida, que es donde están los que quieren cambiar su condición”.