La Constitución y sus normas intocables

El Estado Panameño no es una organización incoherente, carente de filosofía, de estructuras modernas y no está sujeta, por tanto, a los vaivenes de una anarquía institucional.

Es, como lo indica el título primero de dicha Constitución Nacional, todo un aparato disciplinadamente concebido, con funciones y definiciones ideológicas precisas y bien normado dicho aparato, de modo que sus nacionales saben que habitan un territorio que responde a instituciones y a autoridades.

Los contenidos constitucionales pueden variar, según la época en que se viva. Pero algunos por razones muy vinculadas a las luchas de los pueblos son realmente intocables. Son contenidos vinculados generalmente a principios y nadie osa su cambio.

Alcanzada la independencia de la metrópoli española, todas las constituciones de los nuevos Estados latinoamericanos señalaron que se constituían en Repúblicas. Ninguna adoptó el sistema monárquico y tras la transitoria experiencia de México y Brasil ninguna constitución política adoptó la monarquía.

Ser República es una declaración institucional irrevocable.

De modo que en el título primero de las constituciones políticas de América la adhesión a la República es de bicentenario origen.

Es igualmente trascendente observar que ningún Estado latinoamericano para violar cínicamente la concepción republicana incluyó reformas al principio constitucional creando instituciones monárquicas.

Es posible que algunos sátrapas se dejaron seducir por la fastuosidad monárquica. Pero ninguno puso sobre su testa la corona de un impero de fantasías.

El que estuvo más cerca de esa locura fue el dictador guatemalteco Estrada Cabrera quien construyó una réplica del Palacio de Minerva y en las veladas onomásticas propias, en cada septiembre se sentaba en el trono coronado de laureles para escuchar en interminables juegos florales los cantos de los poetas, José Santos Chocano y otros, tan dados a coquetear los oídos excéntricos del tirano.

Las constituciones políticas traen otros principios inmutables, diría que dogmáticos, desde la raíz más remota de su existencia.

El carácter unitario, soberano, democrático y representativo, por lo que tiene de precisión institucional, marca la identidad de una nacionalidad. Por eso tal carácter es irrevocable.

Es preciso expresar adicionalmente que muchas veces las grandes conmociones sociales que suelen identificar a los pueblos imponen situaciones institucionales que buscan dos objetivos: uno, desterrar de la sociedad todo instrumento que históricamente ha lacerado la seguridad democrática del pueblo; y dos, establecer un escudo constitucional que impida el renacer de ese instrumento violador de los derechos humanos.

La sociedad política panameña adquirió un minuto de coincidencia y de lucidez y por la vía del consenso, de unos y de otros, se esculpe en la Constitución un mandato profundamente sentido: “En Panamá no habrá ejército”.

Una generación de víctimas y de victimarios alcanzó un consenso que generó un alivio nacional.

Si se considera que ese mandato no debe perdurar, porque así lo sugiere el espíritu militarista de un partido que gobierna, debe buscarse el mismo procedimiento de consulta que le dio nacimiento a dicho mandato. Lo que no puede ser es que a pesar de la norma constitucional el Gobierno Nacional haya comenzado a estructurar un aparato que conduce la restauración del ejército.

Sólo los que tienen enterradas en su alma todas las raíces del servilismo no ven con las reformas que postula el Gobierno los precisos actos preparatorios para montar un ejército.

Lo grave es que todos estos preparativos tienen objetivos misteriosos dada su vinculación con los intereses militares de otros Estados, alguno de ellos vinculados a la existencia de las fenecidas Fuerzas de Defensa.

Lo que es más grave es que las reformas las abanderan figuras representativas de la dictadura militar que azotó el país durante 21 años.

Existen por tanto normas constitucionales histórica y moralmente intocables que solamente se podrían modificar mediante una constituyente, pero tal acto produciría una explosión estimulada por la historia.

Es lo que está provocando el Gobierno Nacional con su terca actitud de restablecer el ejército.

Tanto la responsabilidad funcional del presidente Torrijos como el rechazo de las reformas por grandes sectores de la sociedad aconsejan cautela y diálogo no imposición, desafío y prepotencia.

Es la cautela del estadista que valora más el futuro que el pasado y que en el caso concreto de la remilitarización postulada por viejos líderes de la dictadura, se podría pensar que más se buscan las tristes hazañas cuartelarias de ayer que un horizonte nuevo que garantice la democracia en el Istmo con gran confianza y transparencia.

Es absolutamente imprudente y censurable que el presidente Torrijos, a escasos meses del término de su mandato, deje los caminos de la República sembrados de minas totalitarias. Cuando los nostálgicos de las Fuerzas de Defensa comiencen a explotarlas el pueblo panameño lo recordará con muy duros epitafios.

En fin, no debe olvidarse que la constitución tiene normas intocables y los epitafios aún pueden evitarse.

Un vencedor en el campo de los ideales de libertad:

Nombre completo: Carlos Iván Zúñiga Guardia

Nacimiento: 1 de enero de 1926 Penonomé, Coclé

Fallecimiento: 14 de noviembre de 2008, Ciudad de Panamá

Ocupación: Abogado, periodista, docente y político

Creencias religiosas: Católico

Viuda: Sydia Candanedo de Zúñiga

Resumen de su carrera: En 1947 inició su vida política como un líder estudiantil que rechazó el Acuerdo de bases Filós-Hines. Ocupó los cargos de ministro, diputado, presidente del Partido Acción Popular en 1981 y dirigente de la Cruzada Civilista Nacional. Fue reconocido por sus múltiples defensas penales y por su excelente oratoria. De 1991 a 1994 fue rector de la Universidad de Panamá. Ha recibido la Orden de Manuel Amador Guerrero, la Justo Arosemena y la Orden del Sol de Perú.