La democracia asediada: verdad y confianza en riesgo

El enfrentamiento judicial entre Elon Musk (X Corp./Twitter, XAI) y Sam Altman (Open AI/ChatGPT) sobre el control del negocio de la inteligencia artificial es de tan solo 134 mil millones de dólares. Ignorar esta pelea diciendo que “ellos son ricos y se entienden”, sería un error para nosotros los mortales, por las consecuencias negativas de las nuevas tecnologías en nuestras vidas.

Musk y Altman fueron socios en el desarrollo de la Inteligencia Artificial, pero, como suele suceder, la codicia por el poder y el dinero los llevó a las traiciones, las intrigas y a las acusaciones. El juicio evoca la intención original y el altruismo de ambos por luchar para que la Inteligencia Artificial fuera una herramienta de beneficio para la humanidad y no, como se ha convertido, en un instrumento de destrucción social.

Mark Zuckerberg (META/Facebook/Instagram/WhatsApp), otro iluminado de la tecnología, hace poco aceptó, ante el Congreso de los Estados Unidos su responsabilidad de permitir en el 2016 la manipulación de información electoral, y se disculpó por los daños irreversibles que las redes sociales ocasionan a la sociedad, particularmente a la integridad física de los menores de 18 años.

Thomas Jefferson dijo que “la base de la democracia es una ciudadanía informada, y no puede existir un ciudadano informado sin la verdad”. Si complementamos a Jefferson apuntando que “la verdad es la base que genera la confianza en la sociedad”, entonces podemos concluir que la manipulación de la verdad y el uso de la mentira como estrategias de comunicación utilizando las nuevas tecnologías, particularmente en la política y por los políticos, son las razones que explican la realidad distorsionada en que vivimos y la derivada pérdida del razonamiento ciudadano.

Por ello, los panameños tenemos la obligación de crear espacios de encuentro donde reconocernos y escucharnos; generar plazas para compartir, discutir y analizar temas de manera participativa; construir liderazgos que adopten la verdad, la inclusión, la transparencia y el bien común para que sean las bases de nuestra democracia.

La preocupante y peligrosa radicalización de la sociedad nos exige contar con medios de comunicación y periodistas objetivos e independientes, fiscalizadores del poder económico y político, como otro de los requisitos indispensables para tener una democracia sana. Lamentablemente, la información ha dejado de ser un bien público para convertirse en un activo comercial, donde la manipulación y la propagación de falsedades se utiliza para generar ganancias y confundir a los ciudadanos, incluyendo a los electores.

La situación se agrava aún más con las redes sociales, hoy la mayor fuente de noticias e información para millones de personas. Estas plataformas, que nos aislan de otras culturas, ideas y personas, se sirven del anonimato para despreciar o desechar la verdad; descartar los hechos y las evidencias; y propagar información errónea con la intención de dividir, intimidar, chantajear, difamar, denigrar, descalificar y confundir con mentiras a la ciudadanía, sin reglamentación, responsabilidad o consecuencia alguna. Esto tiene que parar.

Las redes sociales pasaron de ser una herramienta de comunicación, de relacionamiento, de acercamiento, a convertirse en armas geopolíticas que operan desde burbujas o cámaras de eco reforzadas por algoritmos, con tentáculos en lo económico y lo social, que solo ellas controlan y monetizan.

Las plataformas de X, Facebook, Instagram, YouTube, Tik Tok, ChatGPT, Open AI, Truth Social, se presentan como neutrales e inofensivas, pero sabemos que no lo son y que no dicen la verdad. Obtienen cantidades inmensas de información para exacerbar la individualidad, fracturar las sociedades, manipular las comportamientos y maximizar sus ganancias con modelos de negocio que promueven la desinformación, sin importar los daños. Mientras, los gobiernos no se atreven a regular su operación, ni cobrarles impuestos, arguyendo que no se puede ir en contra de la libertad de expresión, la tecnología y la modernidad. ¿Ignorancia, cobardía o complicidad?

En una cultura como la panameña, donde la conveniencia y la inmediatez favorecen el chisme, el morbo, el voto a ganador, la proclividad al perdón, la simpatía por el perdedor, la culpabilidad del “otro”, los daños de las redes y la inteligencia artificial son incalculables y, en el caso de nuestra democracia, las afectaciones pueden llegar a ser mortales.

Si aceptamos el principio ambiental de que “quien daña, paga”, aunque las redes sociales no están contaminando un río o afectando los pulmones de los usuarios, no es difícil reconocer que estas tecnologías están dañando la mente de la gente, matando los sueños de los jóvenes, acabando con la capacidad para generar oportunidades y con ellas prosperar como sociedad. Ya alguien dijo que “más regulaciones y normas debe cumplir un vendedor de empanadas en la calle que cualquiera de estas empresas”.

La ONU, la Unión Europea, Canadá, Inglaterra y Australia han iniciado acciones frente al descontrol y el peligro inminente que representan las redes sociales y la inteligencia artificial para la democracia, la gobernabilidad y la cohesión social. Estas iniciativas buscan implementar normativas para controlar el diseño, el acceso, el uso y los resultados de las nuevas tecnologías para minimizar la manipulación de la información y la introducción intencional de la desinformación como una característica de dichas plataformas.

Por último, nos queda mencionar a los políticos y su relación con la verdad. Los políticos tienen una responsabilidad mayor ante la sociedad. Por lo general son personas que tienen mayor habilidad para comunicar, convencer y lograr apoyo para su persona o partido político, muchas veces utilizando fondos públicos, ya sea salarios, subsidios electorales o apoyos del gobierno. Por lo tanto, cualquier cosa que digan los políticos debe ser medido con una vara más alta.

Y no se trata de atentar contra la libertad de expresión, porque una cosa es emitir opiniones y otra cosa es declarar hechos. Se busca evitar que cualquier político utilice su liderazgo o su investidura, en alguna tribuna o medio público, para decir mentiras o presentar falsedades como si fueran hechos, alterando la opinión y la reacción pública para su conveniencia con cosas que son falsas y no puede probar.

En Gales, Reino Unido, se avanza en una legislación para sancionar al político que mienta de manera deliberada, sobre la base de que las mentiras dañan la democracia, la salud, la seguridad y a la sociedad en general. En estos casos, si un político no puede sustentar lo expresado como hechos y se le comprueba que está equivocado, se le brinda la oportunidad para retractarse públicamente y, de no hacerlo, se le suspende de su cargo, de manera temporal o permanente, por no tener la integridad para decir la verdad, atributo indispensable para la democracia y sus responsabilidades como político o funcionario público.

La política no puede funcionar sin honestidad política y los políticos, que están en una posición única con su discurso, no pueden con mentiras afectar el pensamiento y el comportamiento de los votantes.

Finalizo con las palabras de la filipina María Ressa, ganadora del premio Nobel de La Paz del 2021 por su defensa a la libertad de expresión como precondición a la democracia y a la paz: “una mentira repetida un millón de veces se convierte en un hecho, sin hechos no podemos saber la verdad, sin la verdad no podemos tener confianza. Sin cualquiera de estas tres (hechos, verdad y confianza), la democracia, como la conocemos, o cualquier emprendimiento humano, simplemente es imposible.

El autor es Ingeniero