La neutralidad frente al ‘paraguas del Pentágono’
- 14/06/2025 00:00
En nuestro país, a lo largo del siglo XX, tres principios han sido materia de entendimiento colectivo, sino expreso como actitud oficial al menos han motivado muchísimos empeños patrióticos Es casi una regla generalizada aspirar a unas relaciones exteriores que respondan a un consenso nacional o a un acuerdo entre las principales fuerzas políticas. Entiendo que en Estados Unidos y en muchísimos países los gobiernos de turno toman en cuenta los criterios de la oposición para trazar y ejecutar una política de Estado. Los problemas exteriores siempre han sido tan complejos que la prudencia reclama cierta unidad para enfrentarlos. Esa unidad se facilita cuando las definiciones y las propuestas se nutren de principios propios de todo Estado soberano.
En la línea que precede, México, por ejemplo, tiene en la “no intervención” un postulado que abraza por igual todo gobierno y toda oposición. La “no intervención” más que consigna es una bandera nacional y ningún sector de aquel país ha sugerido jamás su defunción. Es que el principio resulta coherente con la dignidad y las experiencias de México, tan sometido en el pasado a intervenciones que constituyeron zarpazos a su integridad territorial.
En Chile su política exterior es multipartidista al establecerse como propio de todo el país la adhesión al principio que sustenta la “santidad de los tratados”. Algunos tratados internacionales de carácter bilateral vigentes en Chile son el fruto de la guerra y, por tanto, constituyen un trofeo que no admite ni revisiones ni sustituciones. Esa postura que se acomoda al interés de la nación austral explica por qué el exembajador chileno, el señor Manuel Trucco, ante la OEA, no se hizo solidario con la causa panameña con motivo de los hechos de enero de 1964 y que dieron nacimiento a la exigencia nacional de abrogar los pactos concebidos a perpetuidad.
Es difícil obtener variación alguna en la política chilena con relación a la “santidad de los tratados”. La revisión de tales tratados constituiría una empresa sumamente conflictiva a lo interno de la sociedad chilena.
En nuestro país, a lo largo del siglo XX, tres principios han sido materia de entendimiento colectivo, sino expreso como actitud oficial al menos han motivado muchísimos empeños patrióticos. La lucha por la soberanía y por la neutralidad, acompañada con el rechazo a la perpetuidad de los pactos canaleros han significado un desvelo histórico de nuestro pueblo.
Se debe afirmar que a partir del 9 de enero de 1964 estas constantes encauzaron el sentimiento cívico de los istmeños. La soberanía y el cese de la perpetuidad constituían dos asignaturas pendientes hoy resueltas favorablemente. La neutralidad de la vía interoceánica es el principio que aún carece de solución adecuada, prístina o inequívoca. De allí que resulta oportuno discutir alguna línea oficial recientemente esbozada que busca la adhesión internacional al Tratado de Neutralidad.
El gobierno no puede preconizar la neutralidad del canal como fruto de los Torrijos-Carter ni pedir adhesión a los mismos porque mientras dichos textos nos coloquen “bajo el paraguas del Pentágono”, la neutralidad del canal es una ficción. Como igualmente es ficción pensar en una neutralidad de un canal que ofrece paso expedito y prioritario a los barcos de guerra de Estados Unidos, en caso de una conflagración.
El canciller del gobierno anterior, José Miguel Alemán, pretendió infructuosamente revisar el referido Tratado de Neutralidad para darle una acepción inequívoca y fue consecuente con esa posición porque durante el gobierno arnulfista ningún Estado se adhirió al contradictorio Tratado de Neutralidad.
Ahora que el gobierno ha levantado la bandera de la neutralidad como divisa que debe identificar a los panameños se torna imperativo darle a esa bandera los colores vivos y exactos de una auténtica neutralidad, de los que adolece.
El país debe tomar conciencia de una vieja verdad que enseña que la mejor defensa del canal descansa en su neutralidad efectiva. En un mundo tan absolutamente inseguro y crispante, Panamá estaría más protegido y no sería un objetivo guerrerista o terrorista si se mantiene al margen de las pugnas bélicas.
Por tanto, el principio de la neutralidad se ajusta al mejor interés de la nación, como el de la “santidad de los tratados” con relación a los intereses de Chile o el de la no intervención referible a la experiencia o conducta oficial mexicana.
Lo que no debe hacer el gobierno panameño es vender la idea de que el Tratado de Neutralidad vigente plasma correctamente el principio de la neutralidad a pesar, repito, de la vistosa incongruencia de colocarnos bajo el “paraguas del Pentágono” o bajo otras alternativas intervencionistas o de dependencia que, como panameño, no debo recordar ni precisar.
La política exterior debe descansar en la defensa de principios sin adulterarlos y en el mejor consenso expreso de las fuerzas vitales y responsables de la nación.
Es casi una regla generalizada aspirar a unas relaciones exteriores que respondan a un consenso nacional o a un acuerdo entre las principales fuerzas políticas. Entiendo que en Estados Unidos y en muchísimos países los gobiernos de turno toman en cuenta los criterios de la oposición para trazar y ejecutar una política de Estado. Los problemas exteriores siempre han sido tan complejos que la prudencia reclama cierta unidad para enfrentarlos. Esa unidad se facilita cuando las definiciones y las propuestas se nutren de principios propios de todo Estado soberano.
En la línea que precede, México, por ejemplo, tiene en la “no intervención” un postulado que abraza por igual todo gobierno y toda oposición. La “no intervención” más que consigna es una bandera nacional y ningún sector de aquel país ha sugerido jamás su defunción. Es que el principio resulta coherente con la dignidad y las experiencias de México, tan sometido en el pasado a intervenciones que constituyeron zarpazos a su integridad territorial.
En Chile su política exterior es multipartidista al establecerse como propio de todo el país la adhesión al principio que sustenta la “santidad de los tratados”. Algunos tratados internacionales de carácter bilateral vigentes en Chile son el fruto de la guerra y, por tanto, constituyen un trofeo que no admite ni revisiones ni sustituciones. Esa postura que se acomoda al interés de la nación austral explica por qué el exembajador chileno, el señor Manuel Trucco, ante la OEA, no se hizo solidario con la causa panameña con motivo de los hechos de enero de 1964 y que dieron nacimiento a la exigencia nacional de abrogar los pactos concebidos a perpetuidad.
Es difícil obtener variación alguna en la política chilena con relación a la “santidad de los tratados”. La revisión de tales tratados constituiría una empresa sumamente conflictiva a lo interno de la sociedad chilena.
En nuestro país, a lo largo del siglo XX, tres principios han sido materia de entendimiento colectivo, sino expreso como actitud oficial al menos han motivado muchísimos empeños patrióticos. La lucha por la soberanía y por la neutralidad, acompañada con el rechazo a la perpetuidad de los pactos canaleros han significado un desvelo histórico de nuestro pueblo.
Se debe afirmar que a partir del 9 de enero de 1964 estas constantes encauzaron el sentimiento cívico de los istmeños. La soberanía y el cese de la perpetuidad constituían dos asignaturas pendientes hoy resueltas favorablemente. La neutralidad de la vía interoceánica es el principio que aún carece de solución adecuada, prístina o inequívoca. De allí que resulta oportuno discutir alguna línea oficial recientemente esbozada que busca la adhesión internacional al Tratado de Neutralidad.
El gobierno no puede preconizar la neutralidad del canal como fruto de los Torrijos-Carter ni pedir adhesión a los mismos porque mientras dichos textos nos coloquen “bajo el paraguas del Pentágono”, la neutralidad del canal es una ficción. Como igualmente es ficción pensar en una neutralidad de un canal que ofrece paso expedito y prioritario a los barcos de guerra de Estados Unidos, en caso de una conflagración.
El canciller del gobierno anterior, José Miguel Alemán, pretendió infructuosamente revisar el referido Tratado de Neutralidad para darle una acepción inequívoca y fue consecuente con esa posición porque durante el gobierno arnulfista ningún Estado se adhirió al contradictorio Tratado de Neutralidad.
Ahora que el gobierno ha levantado la bandera de la neutralidad como divisa que debe identificar a los panameños se torna imperativo darle a esa bandera los colores vivos y exactos de una auténtica neutralidad, de los que adolece.
El país debe tomar conciencia de una vieja verdad que enseña que la mejor defensa del canal descansa en su neutralidad efectiva. En un mundo tan absolutamente inseguro y crispante, Panamá estaría más protegido y no sería un objetivo guerrerista o terrorista si se mantiene al margen de las pugnas bélicas.
Por tanto, el principio de la neutralidad se ajusta al mejor interés de la nación, como el de la “santidad de los tratados” con relación a los intereses de Chile o el de la no intervención referible a la experiencia o conducta oficial mexicana.
Lo que no debe hacer el gobierno panameño es vender la idea de que el Tratado de Neutralidad vigente plasma correctamente el principio de la neutralidad a pesar, repito, de la vistosa incongruencia de colocarnos bajo el “paraguas del Pentágono” o bajo otras alternativas intervencionistas o de dependencia que, como panameño, no debo recordar ni precisar.
La política exterior debe descansar en la defensa de principios sin adulterarlos y en el mejor consenso expreso de las fuerzas vitales y responsables de la nación.