La Unión Europea lanza una guía de acceso a la información pública para fortalecer la transparencia

La embajada de la Unión Europea (UE) en Panamá, en conjunto con la consultora Particip y la oenegé Free Press Unlimited, presentó ayer la primera ‘Guía de Acceso a la Información Pública’ destinada a empoderar a los profesionales de la información a solicitar la información pública, entendiéndola como un bien que pertenece al ciudadano ya que implica el tratamiento de temas de interés público a cargo de distintas instituciones del Estado.

El propósito de dicha guía es la promoción de la transparencia, la participación ciudadana y la auditoría social en Panamá, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana y Ecuador. Si bien existen mecanismos legales para solicitar información en estos países, la guía reconoce que todavía hay barreras técnicas y burocráticas que dificultan el ejercicio pleno de un derecho que no solo es de los periodistas, sino de cualquier ciudadano interesado en una temática particular que sea de su interés y que sea manejada por el Estado.

El documento incluye cuatro capítulos con explicaciones metodológicas y casos de éxito sobre cómo obtener información pública en cada país. Asimismo, la guía está disponible para su descarga en los sitios web de la UE, el Fórum de Periodistas de Panamá y Fundamedios Ecuador.

La embajadora de la UE en Panamá Isabela Mateusz comentó en la presentación de dicha guía que el texto busca fortalecer una cultura política de transparencia y acceso a la información. “La propuesta busca devolver a los medios su capacidad de ser, en la mayor medida posible, una herramienta imprescindible para el funcionamiento de los sistemas democráticos, alejándolos de la desinformación y del catastrofismo tan característicos de nuestro tiempo”, agregó la representante diplomática.

Por su parte, la presidenta del Fórum de Periodistas Ivette Leonardi resaltó que la información pública verificable, completa y oportuna es una materia prima esencial para que el periodismo de investigación rinda frutos. “Ningún periodismo riguroso puede sobrevivir en la oscuridad. Ninguna sociedad puede fiscalizar aquello que no conoce. Ningún ciudadano puede exigir cuentas si el Estado convierte la información en un laberinto o en un privilegio reservado para unos pocos”, agregó.

Leonardi hizo hincapié en los muros a los que se han enfrentado los periodistas, durante diferentes administraciones, para accesar a información sobre planillas, contrataciones, beneficiarios finales que “muchas veces es ignoradaa, negada o sometida a dilaciones injustificable”.

“Y debemos decirlo cada vez que sea necesario: el acceso a la información pública no es una dádiva del Estado ni un favor de un funcionario. Es un derecho ciudadano y una herramienta indispensable para el control democrático de la gestión pública. Cuando se limita el acceso a la información, no solo se afecta al periodista que pregunta; se afecta a toda la sociedad”, resaltó.

En la presentación de la guía, intervinieron varios periodistas aportaron su experiencia a este proyecto impulsado por la UE como Sol Lauría (Panamá), Noelia Esquivel (Costa Rica), Altagracia Salazar (República Dominicana) y César Ricaurte (Ecuador).

Sol Lauría – quien ganó recientemente el Gran Premio Nacional de Periodismo, realizado gracias a las peticiones de información pública – explicó a La Estrella de Panamá que utiliza constantemente en su labor diaria las herramientas de acceso a la información pública.

“Cada año presento numerosas solicitudes y llevo incluso un registro de cuáles fueron respondidas, cuáles no, si la información entregada fue completa o incompleta. He utilizado estas herramientas en investigaciones como Patria Minera, solicitando información al Ministerio de Ambiente sobre los daños ambientales asociados a Minera Panamá, así como al Ministerio de Comercio y al Ministerio de Economía para conocer los aportes realizados por la empresa durante distintos años. Después de tantos años de práctica, ya sé qué tipo de respuestas suelen dar las instituciones, qué obstáculos pueden surgir, qué estrategias funcionan mejor y cómo aplicar la ley. La experiencia enseña mucho”, comentó Lauría a este periódico.

Realizando su aporte para este texto, la periodista descubrió - en los antecedentes históricos de la libertad de información en Panamá – que existe una larga tradición de personas que lucharon por la libertad de expresión y el acceso a la información. Desde el prócer Justo Arosemena, que ya en el siglo XIX defendía la importancia de la libertad de expresión, hasta las iniciativas impulsadas durante el siglo XX que culminaron con la Ley 6 de 2002, conocida como la Ley de Transparencia, y promovida entonces por organizaciones como la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa y la Defensoría del Pueblo. En su trabajo, se compila una evolución del uso de esa ley por parte de medios y periodistas, y los recursos de hábeas data.

“Es emocionante sentirse parte de esa tradición, pero también genera una responsabilidad: utilizar estas herramientas no solo para beneficio propio, para una investigación o para obtener un premio, sino para fortalecer a la comunidad”, apuntó Lauría.

En cambio, la periodista costarricense Noelia Esquivel narró cómo la Ley de Transparencia de 2024 supuso un punto de inflexión en relación a las peticiones de información pública solicitadas por ciudadanos y periodistas.

“Costa Rica ha sido históricamente reconocida como una de las democracias más estables de América Latina. Sin embargo, durante décadas convivimos con una contradicción importante: éramos uno de los pocos países de la región que no contaba con una ley específica de acceso a la información pública. Hasta la aprobación de esta norma, el derecho existía principalmente gracias a la Constitución Política y a la jurisprudencia desarrollada por la Sala Constitucional. Fue precisamente a través de los recursos presentados por ciudadanos y periodistas que la Sala fue estableciendo criterios para garantizar este derecho”, dijo la comunicadora social resaltando la importancia de esta norma en la puesta en marcha de una jurisprudencia que sustenta las reglas claras y las obligaciones específicas para las instituciones públicas respecto a este tema.

Las normas anteriores, según Esquivel, presentaban limitaciones importantes, dentro de un contexto de gran discrecionalidad institucional por lo que, en muchos casos, era necesario presentar recursos de amparo para obtener información.

Dicha ley no solamente reconoce expresamente el acceso a la información pública como un derecho humano, sino que incorpora principios fundamentales como la máxima publicidad, la transparencia activa, la gratuidad del acceso y la obligación de garantizar mecanismos accesibles para poblaciones vulnerables, incluyendo personas indígenas o con discapacidad.

Por su lado, la periodista dominicana Altagracia Salazar apuntó que la Ley de Transparencia de su país tiene 26 años de edad.

“Es importante recordar que esta legislación surgió tras una importante crisis política ocurrida en 1994. Posteriormente se impulsó una reforma constitucional que obligó a modernizar diversas áreas del Estado, entre ellas las relacionadas con la transparencia y el acceso a la información. Otra reforma constitucional, en 2010, reforzó aún más estos principios. Sin embargo, la existencia de una ley no significa necesariamente que su aplicación haya sido sencilla o efectiva”, contextualizó Salazar, señalando que su aplicación efectiva fue alargándose en el tiempo.

Usando su propio caso como paradigma en su contribución a la guía de transparencia, Salazar recordó a sus colegas de la región la importancia de identificar correctamente aquellas instituciones que pueden poseer la información que se busca además de lo fundamental que es definir con precisión qué información se solicita y en qué formato se requiere. Otra recomendación que señala Salazar es utilizar los mecanismos de mediación establecidos antes de que el solicitante de la información decida llevar a los tribunales a la entidad a la que le está solicitando la información.

En tanto, el periodista ecuatoriano César Ricaurte describió que en el caso de Ecuador, el problema del acceso a la información pública de su país, no radica en la inexistencia de una normativa que reconozca el derecho de acceso a la información pública, sino la distancia que existe entre su reconocimiento legal y su ejercicio efectivo.

“Ecuador dispone de un Portal Nacional de Transparencia, un Sistema Nacional de Información con estadísticas oficiales, organismos de supervisión como la Defensoría del Pueblo y mecanismos de garantía que incluyen acciones constitucionales para proteger el acceso a la información. Sin embargo, como suele ocurrir en muchos países de América Latina, la realidad presenta desafíos importantes. Persisten prácticas de opacidad, respuestas incompletas, deficiencias en la transparencia activa, uso excesivo de excepciones, entrega de información en formatos poco útiles y nuevas tensiones derivadas de otras normativas.

Entre dichas tensiones destacan la Ley de Protección de Datos Personales y la expansión de normas relacionadas con inteligencia y seguridad, que han ampliado las categorías de información considerada reservada y que, por consiguiente, dificulta el ejercicio de este derecho.

“Por ello, la guía no fue concebida como un simple compendio legal, sino como una herramienta práctica para periodistas, organizaciones sociales, académicos y ciudadanos interesados en ejercer este derecho. Incluye modelos de solicitudes, mecanismos para responder a negativas, criterios para identificar respuestas insuficientes y orientaciones para acudir a la Defensoría del Pueblo o incluso presentar acciones constitucionales cuando sea necesario”, ponderó Ricaurte.

En diálogo con La Estrella de Panamá, el consultor del proyecto Xabier Meilán explicó que la guía, junto a otras iniciativas, buscan fomentar una prensa independiente y pluralista. El acceso a la información pública es fundamental porque permite acceder a información acreditada y fiable. Sin ella, el Estado no puede rendir cuentas adecuadamente ante la ciudadanía.

Meilán también destacó que, en esa misma línea, se realiza la convocatoria orientada a fomentar el periodismo de soluciones en la región. Esto con el fin de identificar un problema que aqueja a la sociedad, ofrecer una mirada más completa, que permita identificar qué está funcionando, qué no está funcionando y por qué.

Dicha convocatoria está abierta hasta el 15 de junio y está dirigida a periodistas de Panamá, Costa Rica, Ecuador y República Dominicana. Las postulaciones deberán enviarse por correo electrónico y serán evaluadas por un comité especializado. Las iniciativas seleccionadas recibirán un financiamiento de 3.000 euros, además de capacitación y acompañamiento profesional mediante un taller virtual y mentorías especializadas para desarrollar los trabajos en un plazo de dos meses.