La Universidad de Panamá, en la encrucijada

La Universidad de Panamá llevará a cabo la elección de sus nuevas autoridades en un entorno social y político especial y de gran expectación. Este evento coincide con cambios acelerados en los procesos de gestión del conocimiento científico, tecnológico y humanístico, así como con la agudización de la crisis del modelo de acumulación dominante, cuyas consecuencias impactan directamente al país.

Ante este panorama, la comunidad universitaria deberá elegir a los candidatos a la rectoría, decanaturas y direcciones de centros regionales y extensiones que demuestren mayor comprensión, liderazgo, compromiso institucional, claridad sobre los rezagos históricos, así como las mejores propuestas y estrategias para encarar los desafíos inmediatos, a corto y largo plazo. Esto será fundamental para fortalecer y reposicionar el liderazgo nacional de la Universidad como parte del patrimonio cultural y científico de todos los panameños, y con ello, consolidar su proyección y reconocimiento internacional.

La Universidad de Panamá experimenta un desgaste prolongado, una crisis acumulada, en la que confluyen diversos factores internos y externos, que limitan el cumplimiento de sus funciones sustantivas, su vinculación con la sociedad y su adecuación a las exigencias que imponen las transformaciones globales.

Aunque la Universidad nunca se adecuó plenamente a las exigencias del modelo industrial —debido a su débil desarrollo—, contribuyó desde sus inicios a la formación de los cuadros profesionales que demandaba el país, tal como aconteció en muchas otras naciones. Fue durante el periodo denominado “torrijista” cuando readecuó y enfatizó su función y vocación en un doble sentido: por un lado, alineó su política a la estrategia de desarrollo nacional, mediante la inclusión de sectores de las clases medias y populares, lo que expandió significativamente la matrícula; por el otro, generó los nuevos profesionales que exigía el modelo de desarrollo conocido como plataforma de servicios.

No obstante, esta vinculación estratégica también se agotó desde hace varias décadas con la instauración del modelo neoliberal y su tendencia hacia la privatización de la educación pública, bajo el argumento de la ineficiencia y la necesidad de una formación profesional más adaptable a las exigencias del mercado, a un menor costo para el Estado.

Si bien la existencia o no de una crisis puede ser objeto de debate, sin adentrarse a fondo en los temas sustantivos, rumbos y resultados, a cualquier observador medianamente atento le bastaría recorrer sus instalaciones y observar gran parte de sus edificios: sus puertas, ventanas y sanitarios; los salones de clases, su mobiliario, sus sillas y escritorios; los laboratorios y sus equipamientos; las cafeterías y demás espacios de uso común para percatarse de su deterioro severo y el estado de abandono de la institución.

Una situación que compromete los requerimientos mínimos para el desarrollo idóneo de la docencia y, en mayor medida, de la investigación. A pesar de estas limitaciones, se realiza con el esfuerzo personal del investigador, muchas veces destinando recursos propios y recurriendo al apoyo de redes académicas y recursos complementarios de otras instituciones.

La nueva administración tendrá, inevitablemente, que enfrentar estos rezagos y brechas estructurales. Asimismo, asimilar los cambios acelerados, particularmente tecnológicos, en los paradigmas de los modelos educativos aplicados, acordes con las exigencias de formación de las nuevas generaciones, como en las formas de organización de la investigación, colocándola en el centro de sus actividades académicas esenciales y asegurando su vinculación efectiva con la sociedad.

La Universidad de Panamá aglutina el mayor capital humano con conocimientos científicos especializados, humanísticos y técnicos del país. Concentra un enorme potencial para el desarrollo de la investigación y las actividades de extensión. No obstante, la institución destina muy poco de su presupuesto a infraestructura, lo que impacta desfavorablemente en la producción científica, a pesar de considerarla formalmente la actividad central del quehacer institucional. A ello se suma el aumento, experimentado en los últimos años, en la proporción de alumnos por profesor, lo que repercute en la calidad de la enseñanza y en la disponibilidad del tiempo efectivo dedicado a la investigación.

Cabe destacar que la institución carece de la figura formal de profesor investigador de tiempo completo. Es evidente, además, el envejecimiento de gran parte de la planta docente, debido a la ausencia de una política explícita y eficiente de relevo generacional que abra espacio a la incorporación de los jóvenes egresados, quienes, vistos más que un sector de paso, son la fuente natural generadora de los “cuadros” científicos y académicos.

La Universidad necesita un sistema de estímulo y reconocimiento al desempeño en investigación científica, así como fomentar una relación más estrecha, proactiva y crítica con la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt). A través de esta, aprovechar los recursos destinados al desarrollo de proyectos diversos y promover una mayor participación de sus investigadores en el Sistema Nacional de Investigación y aprovechar el otorgamiento de becas para sus posgrados, sin que necesariamente ello sustituya sus propias estrategias de fortalecimiento científico y humanístico.

De una planta de alrededor de 5 mil profesores, 41 (menos del 1 por ciento) forman parte del SNI. Es prioritario generar las condiciones necesarias para el desarrollo de la investigación básica y de frontera, orientada a la comprensión de la realidad nacional, su relación con el mundo y su impacto en el desarrollo social del país.

La Universidad está sistemáticamente expuesta a la crítica externa. En realidad, fuera de ella se desconoce mucho sus dinámicas internas y sus productos académicos. La institución enfrenta grandes desafíos en la consolidación de mecanismos efectivos de vinculación con la sociedad. Tanto los conocimientos generados como sus productos son bienes comunes que, como tales, deben ser conocidos, reconocidos y apropiados. No existe en la Universidad una instancia o dependencia dedicada al estudio de la Universidad, desde la que se piense, estudie y evalúe su quehacer desde distintas realidades y metas, darse a conocer y proyectarse al futuro.

En este marco, el debate sobre la misión de la institución como proyecto de la sociedad, abierta y puesta al servicio de ésta, adquiere una importancia notoria como tema del debate académico. La vigilancia y defensa permanente de autonomía debe materializarse bajo el concepto de una universidad abierta a la sociedad, que amparada en el precepto constitucional que la reconoce como la “Universidad Oficial de la República”, exija al Estado asegurarle la protección y el apoyo necesario para ejercer libremente sus funciones, proyectos y estrategias de desarrollo.

En este esfuerzo, la consulta como forma de gestión de las nuevas autoridades universitarias —en sus distintos niveles— será crucial para el logro de los consensos académicos internos con los actores universitarios y para la negociación con las instancias del gobierno nacional responsables de garantizar las condiciones y el financiamiento para impulsar y lograr el proyecto de educación universitaria inclusiva y de calidad científica y humanística que el país requiere.

Esta, como toda crisis, representa a la vez un momento en el que convergen diversos obstáculos y en el que la incertidumbre manifiesta puede paralizar o potenciar el empoderamiento de los actores universitarios en la construcción de alternativas. Es un momento propicio e inédito para pensar proactivamente la agenda de la Universidad del futuro. Un desafío crucial, ante el cual la sociedad, más que nunca, se mantiene expectante.

El autor es profesor especial del Departamento de Sociología. Miembro del Sistema Nacional

de Investigación, Senacyt.