Niñez en abandono. Una deuda estructural del Estado

En la sociedad actual, y pese a un hito histórico como la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) en la Asamblea General de Naciones Unidas (1989), así como su ratificación por Panamá mediante la Ley No. 15 de 1990, la niñez continúa expuesta a múltiples formas de violencia y desprotección. No se trata de una falla reciente ni de un episodio aislado: es la expresión de una deuda histórica del Estado en su función esencial de proteger. La infancia, lejos de ser prioridad, sigue atrapada en una cultura mediática que mira sin actuar, que denuncia sin reparar o que calla por conveniencia y complicidad.

En este artículo se propone una reflexión sobre la protección de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, tomando en cuenta datos empíricos, argumentaciones teóricas y aportes interdisciplinarios que permiten comprender la complejidad del problema, así como la experiencia acumulada en procesos de protección de derechos humanos de la niñez y la mujer.

En Panamá, más de 29.000 niñas y niños han pasado por procesos judiciales vinculados a abuso, abandono o vulneración de derechos en los últimos años (INEC, 2025). La cifra es reveladora de un sistema que interviene tarde, que escucha poco y que, en demasiados casos, no logra proteger de manera efectiva frente a la vulneración de derechos.

La crisis de los albergues en Panamá es evidente y está sustentada en innumerables denuncias, respuestas institucionales fragmentadas y una preocupante politización del tema. Esta crisis se caracteriza por una falla estructural: la incapacidad de colocar el interés superior del niño en el centro de las políticas públicas. Mientras el debate público se desplaza hacia la confrontación política y los señalamientos institucionales y personales, lo esencial se pierde: la niñez y la adolescencia como presente y condición de futuro.

Esta crisis no es nueva. Panamá ha sido escenario de hechos graves que evidencian fallas en la protección estatal de la niñez, como el incendio en el Centro de Cumplimiento de Tocumen (2011), donde murieron varios adolescentes bajo custodia del Estado. Estos hechos, lejos de marcar un punto de inflexión sostenido, parecen repetirse bajo nuevas formas. La ausencia de reformas estructurales profundas ha permitido que la desprotección se reproduzca, trasladándose de un escenario a otro sin resolverse de fondo.

La crisis de los albergues pone al descubierto el abuso infantil dentro de centros establecidos para la protección. No se trata de hechos aislados ni de la suma de casos individuales, sino de una manifestación de violencia estructural que se sostiene en tres pilares persistentes: la debilidad institucional, la normalización cultural de la violencia y la desvalorización de la infancia como sujeto de derecho.

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2023), la violencia contra niños y adolescentes sigue siendo una de las violaciones de derechos humanos más extendidas en América Latina. En los casos de abuso contra la integridad sexual, estos ocurren mayoritariamente en entornos cercanos y permanecen ocultos. El silencio no es una anomalía; es parte del problema. La Organización Mundial de la Salud señala que factores como la dependencia emocional, el miedo y la normalización del castigo físico dificultan la denuncia y perpetúan el ciclo de abuso (OMS, 2020).

A más de tres décadas de la ratificación de la CDN, en Panamá el reconocimiento de los niños como sujetos de derechos sigue incompleto. En la práctica, su palabra o denuncia continúa siendo cuestionada, relativizada o ignorada. Como señaló Pierre Bourdieu (1999), la violencia simbólica opera cuando las relaciones de poder se naturalizan y se vuelven invisibles. Desconfiar del testimonio infantil no es prudencia: es una forma de dominación. Cuando la palabra de un niño no es creíble, el sistema falla en protegerlo y reproduce las condiciones que permiten que la violencia se perpetúe.

Institucionalizar la pobreza no es proteger

Uno de los puntos más críticos del modelo actual es el uso extendido de la institucionalización como respuesta. La evidencia internacional es clara: organismos como UNICEF y Better Care Network han documentado los efectos negativos de la institucionalización prolongada en el desarrollo infantil. En Panamá, muchos niños ingresan a albergues no por ausencia de familia, sino por pobreza, violencia o falta de apoyo estatal. Cuando el Estado responde a la pobreza separando a los niños de sus familias, no está resolviendo el problema: lo está desplazando.

A esta realidad se suma un dato estructural ineludible: los niños y adolescentes representan una proporción significativa de la población en situación de pobreza en el país. Según estimaciones del Banco Mundial y la CEPAL, la pobreza en América Latina afecta de manera desproporcionada a la población infantil, lo que evidencia una profunda desigualdad en el acceso a condiciones de bienestar.

El derecho a crecer en familia no es un ideal aspiracional. Es un principio reconocido en estándares internacionales que establecen que la separación debe ser el último recurso y por el menor tiempo posible (N.U.2009). La desinstitucionalización no implica reducir la protección estatal, sino transformarla. Supone invertir en programas de fortalecimiento familiar, salud mental, educación y redes comunitarias que permitan prevenir la ruptura de los vínculos.

El avance en materia de garantía y protección de los derechos humanos de la niñez aún no ha impactado de manera suficiente en las respuestas institucionales, que siguen siendo reactivas, fragmentadas y poco innovadoras. Se ha privilegiado el control sobre la prevención y la institucionalización sobre la acogida y el acompañamiento en entornos familiares.

Diversas iniciativas han demostrado que políticas de apoyo familiar, acceso a servicios básicos y programas comunitarios pueden reducir significativamente los factores de riesgo asociados al maltrato infantil (BID, 2022). Esto exige un cambio de enfoque: pasar de intervenir sobre el daño a intervenir sobre sus causas.

Panamá cuenta con marcos normativos que responden a compromisos internacionales. Sin embargo, el problema no es la ausencia de normas, sino la falta de voluntad política para hacerlas efectivas. La arquitectura institucional que las sostiene es fragmentada, débil en su coordinación y limitada en su capacidad financiera para sostener programas y proyectos de manera efectiva.

Persiste la idea de que el endurecimiento del sistema puede resolver los problemas, como lo evidencian propuestas para bajar la edad de imputabilidad penal de adolescentes. Este enfoque, lejos de atender las causas de la violencia, desplaza el problema hacia respuestas punitivas sin fortalecer las condiciones sociales que la previenen.

La falta de respaldo político sostenido, las limitaciones en la capacidad administrativa, la débil efectividad judicial y los presupuestos insuficientes —en un contexto donde lo social pierde prioridad— convierten los marcos legales en declaraciones formales sin impacto en grupos que viven en situación de vulnerabilidad.

La crisis de los albergues debería marcar un punto de inflexión. No para profundizar disputas, sino para establecer acuerdos básicos: ningún niño debería ser separado de su familia por razones de pobreza; ningún testimonio infantil debería ser desestimado sin investigación; ninguna institución debería operar sin presupuesto adecuado y supervisión efectiva.

Proteger a la niñez y la adolescencia implica escuchar, sostener y transformar. Una sociedad que no escucha a sus niños no solo falla en protegerlos: legitima las condiciones que permiten que la violencia se perpetúe. Y cuando el Estado no cumple su función protectora, no solo incumple su deber, sino que también compromete la base misma de la democracia.

La autora es socióloga y docente de la Universidad de Panamá