Un caso de muerte asistida en España impulsa el debate sobre la eutanasia

La muerte asistida el pasado 26 de marzo de la joven española Noelia Castillo en el hospital de Sant Pere de Ribes (Barcelona) reabrió esta semana el debate sobre la eutanasia como mecanismo para una muerte digna de un paciente que se encuentra en un alto grado de sufrimiento debido a la enfermedad que padece.

El fallecimiento de Castillo ocurrió después de que la justicia española rechazara por tercera vez un procedimiento de apelación presentado por su padre – representado legalmente por el colectivo Abogados Cristianos - para frenar la eutanasia.

En su resolución, la jueza titular de la plaza 20 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona desestimó la solicitud. La juez indicó que la capacidad de la joven para tomar la decisión ya fue evaluada en instancias administrativas y judiciales, por lo que no corresponde reabrir el debate.

Noelia fue víctima en el año 2022 de violación múltiple y el 4 de octubre de ese mismo año cometió un intento de suicidio al lanzarse desde un quinto piso. Si bien salió con vida, el hecho le produjo una lesión medular “grave” e “irreversible” que la dejó paralítica.

Antes de morir, tenía una discapacidad reconocida del 74%, presentando así una movilidad reducida que le ocasionaba dolores neuropáticos constantes y el tener que desplazarse permanentemente mediante una silla de ruedas por el resto de su vida. A estas condiciones, se le añadían otras relacionadas a la salud mental como el trastorno límite de la personalidad y el trastorno obsesivo compulsivo.

En una entrevista concedida al programa ‘Y Ahora Sonsoles’ de la cadena Antena 3 afirmó momentos antes de morir que se sentía aliviada ante la posibilidad inminente de recibir la muerte asistida ya que, en sus palabras, le ofrecía la posibilidad de dejar de sufrir después de una vida caracterizada por el dolor físico y psicológico. De esta manera, Noelia le ponía voz a un caso que terminó por resolverse después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunció a su favor.

En el caso de Panamá, la eutanasia está prohibida por la ley. Así lo estipula la Ley 68 de 2003, la cual entre otras cosas regula los derechos y los deberes de los pacientes en materia de información y de decisión libre e informada. En dicha normativa, se prohíbe expresamente la eutanasia o el suicidio asistido. Lo cual, en otras palabras, ningún médico o profesional de la salud puede provocar o facilitar la muerte de un paciente, aún cuando este lo solicite.

En tanto, existe una diferenciación entre los conceptos de eutanasia y suicidio asistido. La eutanasia se produce cuando el médico provoca la muerte del paciente, mientras que el suicidio asistido consiste en la colaboración del médico en un proceso para facilitar la muerte, aunque no cause ese desenlace de manera directa.

Por otro lado, en América Latina existen países que permiten la eutanasia como Colombia, país que se convirtió en la primera nación de la región en autorizar la eutanasia en el 2015. A partir de entonces, se llevaron a cabo 157 procesos de este tipo. En el 2021, la Corte Constitucional del país andino extendió el derecho de muerte digna a aquellos que padecieran “un intenso sufrimiento físico y psíquico” a aquellos pacientes que atravesaban una enfermedad incurable.

Uruguay es otro de los países latinoamericanos que se sumaron a la lista de naciones del mundo como Canadá y Nueva Zelanda en autorizar la muerte asistida. En octubre de 2025, el Parlamento uruguayo aprobó por mayoría la ‘Ley de Muerte Digna’.

En otros países de la región, la eutanasia se consigue utilizando como vía una demanda judicial para pedir su aplicación tal como se vio en el 2024 cuando la ecuatoriana Paola Roldán – quien padecía la Esclerosis Lateral Amiotrófica – pidió ante la Corte Constitucional de su país la posibilidad de recibir la eutanasia. Dicho tribunal terminó dándole la razón y falleció cuatro días después.

Al ser consultado sobre las impresiones dentro del país sobre este tema, el sociólogo José Lasso consideró que es un tema polémico dentro de la sociedad panameña, ya que dentro del contexto cultural del país, la eutanasia no es un procedimiento que sería ampliamente aceptado, principalmente por la fuerte influencia de la religión en el imaginario social.

Un estudio estadístico realizado en septiembre de 2022 por el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República indicó que un 49% de los ciudadanos se mostraría en desacuerdo con leyes que promuevan la eutanasia, mientras que un 37% estaría favorable a las legislaciones de este tipo.

“En Panamá, el rechazo a la eutanasia se traduce en la idea de que la vida debe preservarse porque es un mandato divino. Este pensamiento limita la aceptación de la eutanasia. Por otro lado, existe un grupo —aunque minoritario— que defiende el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, especialmente en casos de enfermedades terminales que implican dolor y sufrimiento. Estas personas consideran que debería existir la posibilidad de optar por una muerte asistida. Ahí radica la contradicción: entre una visión religiosa que rechaza esta práctica y una visión basada en derechos individuales que la respalda”, manifestó Lasso.

Lasso asimismo añadió que, si bien la discusión podría tardar entre cinco y diez años, el debate en torno a la eutanasia se dará tarde o temprano.

El debate es inevitable. En Panamá se ha retrasado, pero tarde o temprano se dará. Existen muchos casos de pacientes en estado terminal que sufren intensamente y cuyos tratamientos no siempre mejoran su calidad de vida.

“Incluso, es común escuchar expresiones como ‘por fin descansó’ cuando alguien fallece, lo que refleja la percepción del sufrimiento prolongado. Por ello, el debate debería comenzar por analizar estas realidades y definir en qué condiciones podría considerarse la eutanasia. Sin embargo, en la actualidad no parece que exista un entorno favorable para una discusión profunda, debido a los valores conservadores predominantes”, reconoció el sociólogo, quien no descartó la posibilidad de que en los próximos años surjan nuevas voces con posiciones a favor y en contra que debatan el tema en el país.