BID advierte sobre el impacto fiscal de El Niño en Panamá

La decisión del Gobierno Nacional de mantener sus metas presupuestarias pese al fenómeno de El Niño no implica que este carezca de impacto fiscal, sino que el Estado cuenta con las herramientas para absorber la contingencia dentro de los límites previstos, afirmó Juan José Barrios, economista país del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Panamá.

De acuerdo con el especialista, la declaratoria de emergencia aprobada el pasado 25 de agosto responde a una medida precautoria orientada a ganar flexibilidad administrativa ante eventuales necesidades de respuesta, y no al reconocimiento de un deterioro económico ya materializado en las finanzas públicas. La medida responde a la creciente afectación de comunidades, recursos hídricos y sectores productivos, así como al riesgo de comprometer la operación del Canal de Panamá y la generación hidroeléctrica del país, explicó.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) advirtió que el fenómeno se intensificará entre octubre de 2026 y mayo de 2027, con déficit de lluvias y altas temperaturas que podrían derivar en sequías severas.

Para atender el estado de emergencia nacional, el Gobierno estableció un mecanismo financiero específico de hasta $80 millones que serán consignados mediante un fideicomiso en el Banco Nacional de Panamá, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tendrá a su cargo la administración y autorización de los recursos. Según la resolución, los recursos destinados a enfrentar la emergencia estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria de las vigencias fiscales 2026 y 2027.

Barrios explicó que, aunque la resolución faculta al MEF para solicitar una dispensa de los límites legales a la Asamblea Nacional, la estrategia gubernamental no contempla pedir dicha excepción. Los recursos para hacer frente al evento saldrán de la activación de seguros contra eventos catastróficos y de ahorros internos del Órgano Ejecutivo dentro del presupuesto vigente.

El análisis del BID identifica dos vías principales a través de las cuales el fenómeno climático presiona las cuentas del Estado: Los aportes del Canal de Panamá representan cerca del 28% de los ingresos corrientes del Gobierno Central (frente al 13% que registraban en 2016).

Sobre este punto, Barrios calificó como “tranquilizador” el precedente del periodo 2023-2024, donde el aporte apenas cayó unos $74 millones (alrededor del 0.1% del PIB), gracias a que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ajustó sus tarifas para compensar la menor cantidad de transito. De igual forma, el presupuesto proyectado de la ACP para 2027 anticipa un aporte superior al de 2026, aun en el supuesto de un año seco.

Otra presión serían los gastos directos de emergencia orientados a los sectores de agua, agricultura e infraestructura. Hasta el momento, el fondo autorizado alcanza los $80 millones (menos del 0.1% del PIB), financiados con cargo al presupuesto vigente.

Para el economista país del BID, “el desafío central no radica en la magnitud del impacto económico, sino en la capacidad y espacio de maniobra que el presupuesto tenga para absorberlo”.

Mientras que para 2026 se observa un margen razonable —con un déficit en el primer semestre de 1.98% del PIB frente a un límite anual de 3.5%—, el escenario para 2027 se presenta “más estrecho”, ya que el presupuesto contempla un déficit proyectado del 2.97% frente a un tope legal del 3%.

Ante esta coyuntura, Barrios subrayó la relevancia de disponer de coberturas contingentes y explorar instrumentos financieros que permitan responder a las emergencias climáticas sin desviarse de la regla fiscal, agenda en la cual el BID se encuentra brindando acompañamiento técnico al Gobierno panameño.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, por su parte, destacó que Panamá cuenta con un seguro para situaciones catastróficas, diseñado para cubrir daños derivados de fenómenos extremos como inundaciones y sequías.

“Panamá tiene seguro para situaciones catastróficas que podemos utilizarlo, y los recursos de necesitarse saldrían del presupuesto, como ocurre actualmente con los subsidios al combustible, transporte público, MiBus, Metro de Panamá y energía”, afirmó Chapman.

El ministro explicó que los fondos para enfrentar estas contingencias provendrán de ahorros ya identificados en el gobierno central, sin recurrir a partidas de los otros órganos del Estado. Esta estrategia busca garantizar liquidez inmediata para atender tanto la crisis energética global como los impactos de la crisis climática.

Chapman subrayó que los seguros funcionan bajo catalizadores claramente definidos, como inundaciones o sequías, donde se mide el grado de afectación para activar el beneficio.

“Cuando uno compra un seguro hay elementos claros de cuáles son los catalizadores. Tiene que ver con efectos claramente definidos, como inundaciones o sequías, que después pueden catalizar el beneficio del seguro”, puntualizó.

El BID recordó que dentro de la Estrategia de País 2025–2029 prevé destinar a Panamá entre $1,500 y $2,000 millones durante el quinquenio, sumadas a una movilización del brazo privado (BID Invest) de hasta $1,000 millones entre 2026 y 2027 sin generar deuda pública adicional.

Enfatizó que, más allá de la magnitud de las cifras, la clave radica en la efectividad operativa de los recursos. “Para choques exógenos como el fenómeno de El Niño, la propia estrategia prevé mecanismos como líneas de crédito contingentes y la opción de diferir el pago de principal en préstamos elegibles, lo que permite responder con rapidez a una emergencia sin desviarse de la regla fiscal ni comprometer el gasto social”, explicó.

En el plano fiscal y macroeconómico, la representante del BID comentó que la hidrología determina la estabilidad de los ingresos públicos, ya que cerca del 28% de los ingresos corrientes del Gobierno Central depende de los aportes de la vía interoceánica, en comparación con el 13% que representaban en 2016.

En consecuencia, dijo, “la gestión adecuada de las cuencas no solo preserva la biodiversidad, sino que actúa como la precondición indispensable para sostener la exportación de servicios logísticos y garantizar el cumplimiento de la consolidación fiscal”.

Para atender esta prioridad, Lugo contó que el BID continuará financiando proyectos de saneamiento, protección de cuencas y la atracción de capital privado en proyectos de infraestructura hídrica, como la garantía anunciada para agua potable en Panamá y Colón.