Cámara de Comercio prende las alarmas: Operación Pandora dañaría la reputación internacional de Panamá

Empresarios panameños expresaron su preocupación por las investigaciones en curso tras la Operación Pandora, investigación que destapó un presunto esquema de corrupción en la Dirección General de Ingresos (DGI) que habría ocasionado un perjuicio de $40 millones al Estado.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Aurelio Barría Pino, señaló que este tipo de hechos puede afectar la imagen internacional del país y la confianza de los inversionistas.

“La credibilidad de Panamá como destino seguro para la inversión depende de la transparencia y la solidez de sus instituciones. Un caso de defraudación fiscal de esta magnitud no solo erosiona la confianza ciudadana, sino que también proyecta dudas en los mercados internacionales”, advirtió Barría.

El dirigente empresarial subrayó que la estabilidad económica del país está estrechamente vinculada a la percepción de orden y disciplina en la gestión tributaria.

Recordó que Panamá ha trabajado durante años para fortalecer su reputación frente a organismos multilaterales y calificadoras de riesgo, por lo que cualquier señal de debilidad institucional puede tener consecuencias directas en el grado de inversión y en la llegada de capital extranjero.

Asimismo, Barría hizo un llamado a las autoridades a garantizar que el proceso de investigación se lleve adelante con rigor y transparencia, de manera que se envíe un mensaje claro de que el país no tolera prácticas que atenten contra la recaudación fiscal ni contra la confianza de los contribuyentes.

“La competitividad de Panamá depende de reglas claras y de instituciones confiables. Si no se actúa con firmeza, el costo lo pagaremos todos en forma de menor inversión, menos empleo y pérdida de credibilidad internacional”, puntualizó el presidente de la Cciap.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reconoció recientemente las profundas fallas estructurales que arrastra el sistema tributario panameño.

“Mire las cosas que nos hemos encontrado. Uno le tiene que hacer frente a las cosas”, manifestó el titular del MEF, siendo enfático en aclarar que estas debilidades operativas e institucionales fueron heredadas. “Estos problemas y debilidades no fueron causados por esta administración y es importante hacer hincapié”, subrayó.

La investigación del Ministerio Público señala que la presunta organización criminal estaba integrada por funcionarios de la DGI, abogados y representantes de empresas privadas.

Según la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, el grupo habría utilizado un mecanismo irregular de cesión de créditos fiscales para desviar fondos públicos, mediante la paralización de boletas de pago de determinados contribuyentes y su posterior asignación a terceros.

Durante la audiencia también se reveló que algunos de los investigados presuntamente recibieron transferencias que iban desde los 4 millones hasta los 22.1 millones de dólares.

La operación Pandora involucra inicialmente a 16 personas, de las cuales 11 son funcionarios de la DGI.

Con las dos imputadas pendientes por razones médicas, el proceso judicial continuará en una nueva fecha que será fijada por el tribunal.