Caso PPC: Panamá debe ‘atacar’ en arbitraje portuario, dice expresidente Pérez Balladares

El expresidente de la República, Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), cuestionó el modelo contractual bajo el cual operó Panama Ports Company (PPC) —filial del hongkonés CK Hutchison Holdings— durante más de dos décadas y advirtió sobre posibles irregularidades que, a su juicio, afectaron los ingresos del Estado panameño.

Durante una entrevista en el programa radial “En Perspectiva” este 9 de abril, el exmandatario afirmó que el contrato original fue modificado de forma sustancial, lo que redujo los beneficios económicos para el país. Según explicó, se dejaron de lado compromisos como pagos fijos anuales y porcentajes sobre ingresos brutos.

“Se olvidaron de los 22 millones (de dólares) indexados de ingresos fijos por año, se olvidaron del 10% de los ingresos brutos”, sostuvo.

Pérez Balladares indicó que la estructura financiera cambió hacia un esquema basado en ingresos netos, lo que permitió la creación de gastos mediante empresas vinculadas a los concesionarios. “Crearon una serie de compañías para darle supuestos servicios al puerto, reduciendo al mínimo la ganancia neta”, afirmó.

El exmandatario también señaló que el modelo favoreció una concentración operativa que limitó la competencia portuaria en el país. A su juicio, se evitó el desarrollo de nuevas terminales que pudieran competir con los puertos de Balboa y Cristóbal.

En medio del actual escenario de arbitraje internacional, que involucra a actores como la naviera danesa Maersk, Pérez Balladares consideró que Panamá debe adoptar una estrategia más agresiva. “La mejor defensa es el ataque”, expresó, al sugerir que el país debe presentar demandas por los supuestos perjuicios sufridos.

Asimismo, planteó la necesidad de desmantelar la estructura operativa heredada. “Si tú sigues con un nuevo jefe, pero la misma estructura, no hemos hecho nada”, indicó.

El exgobernante también recomendó que la Unidad de Análisis Financiero investigue los movimientos de capital relacionados con las concesiones portuarias, con el fin de identificar posibles irregularidades.

En cuanto al proceso arbitral, subrayó la importancia de contar con un equipo legal sólido y de sustentar la defensa en el fallo de inconstitucionalidad del contrato. “Tenemos que armar los casos legales para demostrar que la empresa operadora nos está robando por más de 20 años”, afirmó.

Finalmente, insistió en que cualquier auditoría o investigación debe ser objetiva y sin excepciones. “Cada cual tiene que asumir su responsabilidad por lo hecho y por lo no cumplido”, concluyó el mandatario.