Chancay en el centro del debate: Gobierno exige cumplimiento normativo y Cosco defiende legalidad

El Puerto de Chancay en Perú se ha convertido en el nuevo epicentro de un debate que trasciende lo comercial y se instala en el terreno regulatorio y geopolítico. La discusión no gira únicamente en torno a su dimensión como megaproyecto logístico, sino sobre el alcance de la supervisión estatal y el equilibrio entre inversión extranjera y soberanía.

El consorcio binacional Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. (CSPCP), operador del terminal, afirmó que las operaciones no implican vulneración alguna de la soberanía nacional. En un comunicado, insistió en que el puerto no tiene “ninguna extraterritorialidad política, administrativa, tributaria ni regulatoria”, y reiteró su “firme compromiso” de respetar la normativa peruana y los mandatos derivados de los procesos judiciales.

El debate escaló luego de que la Corte Superior de Justicia de Lima resolviera una acción de amparo interpuesta por la empresa contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), ordenándole abstenerse de ejercer funciones regulatorias, supervisoras, fiscalizadoras y sancionadoras respecto del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, más allá de la supervisión tarifaria.

La compañía sostuvo que recurrió a la vía judicial debido a que Ositrán se atribuye la defensa de los intereses de los usuarios portuarios, mientras que la Ley del Sistema Portuario Nacional asigna esa competencia a la Autoridad Portuaria Nacional (APN), incluyendo la protección de los derechos de los usuarios dentro de su ámbito.

“Esto no significa que el Estado pierda capacidad alguna de control y fiscalización”, subrayó la empresa, marcando una línea clara entre la delimitación de competencias regulatorias y la continuidad de la supervisión pública.

Frente al escenario judicial y las reacciones internacionales, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) emitió un pronunciamiento oficial. En su comunicado recordó que, en el Perú, la iniciativa privada “es libre y se ejerce en una economía social de mercado que promueve y vigila la libre competencia, protege la propiedad privada, y establece que la inversión nacional y extranjera están sujetas a las mismas condiciones, tal como lo establece el artículo 63° de la Constitución Política del Perú”.

Asimismo, reafirmó que la promoción de la inversión extranjera es una Política de Estado orientada a impulsar el desarrollo económico, mejorar la infraestructura crítica y fortalecer la competitividad.

No obstante, el Ejecutivo fue enfático en otro punto: “el terminal debe cumplir plenamente el ordenamiento normativo peruano, incluida la regulación en materia de seguridad portuaria ejercida por diversas entidades públicas”.

Entre ellas figuran: la APN, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional (Dirandro), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Municipalidad Distrital de Chancay.

Según la PCM, estas entidades cuentan con presencia en el terminal y ejercen efectivamente las funciones de control y fiscalización que la ley les asigna. Además, advirtió que, de configurarse supuestos que limiten indebidamente las competencias estatales, hará uso de los recursos procesales que la normativa faculta.

El debate adquirió una dimensión internacional tras las declaraciones del Departamento de Estado de Estados Unidos, que expresó preocupación por la capacidad de supervisión peruana sobre una infraestructura bajo mayoría accionaria china. Cosco rechazó tales afirmaciones y aseguró que las autoridades peruanas ejercen “todas sus atribuciones de control y supervisión” dentro del puerto, incluso con facilidades provistas por la propia infraestructura.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China, Lin Jian, también cuestionó lo que calificó como “falsa acusación y desinformación”. “China se opone firmemente y deplora la falsa acusación y la desinformación de EE.UU. contra el puerto de Chancay”, afirmó el portavoz de la cancillería china en conferencia de prensa, el 12 de febrero.

En el trasfondo, el puerto —propiedad en un 60 % de Cosco y en un 40 % de la minera peruana Volcán— representa una inversión de 1,300 millones de dólares y comenzó operaciones en noviembre de 2024. Ubicado a 70 kilómetros al norte de Lima, tiene capacidad para movilizar hasta un millón de contenedores por año y aspira a convertirse en el principal hub del comercio entre China y Sudamérica.

El caso Chancay ilustra una tensión clásica en economías emergentes: cómo atraer capital internacional de gran escala manteniendo intacta la arquitectura regulatoria nacional. La PCM ha dejado claro que la inversión extranjera es bienvenida, pero dentro del marco constitucional y legal vigente. Cosco, por su parte, insiste en que opera precisamente bajo esas reglas.

En el corto plazo, la discusión se resolverá en los tribunales y en la delimitación de competencias regulatorias. En el mediano plazo, el verdadero desafío será demostrar que un megaproyecto estratégico puede coexistir con un control estatal efectivo, sin que ello erosione la seguridad jurídica ni la soberanía.

Chancay, más que un puerto, se ha convertido en un símbolo del nuevo equilibrio que Perú —y América Latina— deben gestionar entre infraestructura global, capital extranjero y Estado regulador.

El puerto de Chancay es un terminal portuario peruano de alta capacidad, localizado en el distrito de Chancay, provincia de Huaral, a unos 75 km al norte de la ciudad de Lima, en la región homónima. Reconocido como el primer puerto inteligente y automatizado de Sudamérica, esta infraestructura busca impulsar la conectividad de Perú con mercados internacionales, especialmente con Asia y, en particular, con China.