Embajador de Perú en Panamá: fallo sobre Chancay es ‘de primera instancia’ y el control estatal se mantiene

El embajador de Perú en Panamá, Mario López Chávarri, salió al paso de las interpretaciones surgidas tras el fallo del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima que ordena al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) abstenerse de supervisar, fiscalizar, sancionar o regular las operaciones del megapuerto de Puerto de Chancay. “La decisión del Poder Judicial ha sido formulada en primera instancia”, subrayó el diplomático en declaraciones a La Decana, destacando que el proceso no está cerrado y que la apelación anunciada por Ositrán resulta clave para clarificar el alcance regulatorio.

López Chávarri calificó como “muy oportunas” las declaraciones de la presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, quien confirmó que apelarán la sentencia. Para el embajador, la labor de ese organismo estatal peruano “se requeriría [...] para las tareas propias de regular, supervisar y fiscalizar las operaciones de los usuarios del puerto”.

Zambrano había advertido que el fallo constituye un hecho “sin precedentes” y que podría dejar desprotegidos a los usuarios frente a eventuales irregularidades y a una ausencia de control estatal efectivo en el terminal.

Ante la pregunta de si la decisión judicial permite a China operar sin supervisión estatal en Chancay, el embajador peruano fue enfático: “el control estatal se encuentra presente”. Y afirmó: “El punto de controversia no es sobre el puerto propiamente, que se encuentra bajo el control de la Autoridad Portuaria Nacional; no lo es respecto al tema impositivo, a cargo de la Superintendencia Nacional de Aduanas, ni tampoco sobre la parte laboral, cuya supervisión corresponde a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral”.

Según explicó, el vacío que podría generarse tras este fallo en primera instancia está vinculado a “la fiscalización de las operaciones que brinda el puerto de Chancay en relación a los derechos de sus usuarios finales, especialmente importadores y exportadores”. “Se trata de establecer el mecanismo de verificación en el cumplimiento de los derechos de los usuarios finales del puerto de Chancay (exportadores, importadores, agentes de aduanas, dueños de carga, etc.)”, afirmó.

El fallo responde a una acción de amparo presentada por Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A., empresa vinculada a capitales chinos que opera el megapuerto —con una participación del 60 %— junto a la peruana Volcan (40 %).

La inversión asciende a 1.300 millones de dólares y el terminal, ubicado a 80 kilómetros al norte de Lima, tiene capacidad para un millón de contenedores al año.

El juez ordenó que Ositrán se abstenga de ejercer facultades de regulación y fiscalización sobre las operaciones del terminal, salvo en materia tarifaria y únicamente bajo condiciones estrictas, como la previa determinación del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sobre la ausencia de competencia en el mercado.

La decisión reabre el debate en Perú sobre soberanía portuaria, regulación estatal y el papel de empresas extranjeras en infraestructuras estratégicas. Sin embargo, para el embajador López Chávarri, el mensaje central es claro: el Estado mantiene control institucional sobre el puerto y el proceso judicial aún no concluye.

“La decisión es en primera instancia”, reiteró, dejando abierta la expectativa sobre lo que determinará la apelación y el eventual pronunciamiento final del sistema judicial peruano.