Credenciales avanza en reformas, pero aplaza debate de descuentos

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional continuó este martes 10 de febrero, en el salón de la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), el análisis de las reformas al reglamento interno del Órgano Legislativo, aunque no abordó el artículo 86, relacionado con los descuentos salariales por inasistencia, debido a la falta de consenso entre los diputados.

Durante la sesión, los comisionados avanzaron en otros artículos del proyecto de reformas a la Ley 49 de 1984, mientras que el tema de las sanciones económicas quedó pendiente para una próxima discusión dentro del primer debate.

El artículo 86 concentra varias propuestas que coinciden en mantener los descuentos salariales como mecanismo para controlar la asistencia y el cumplimiento de la jornada legislativa, pero difieren en su alcance. Algunas iniciativas establecen el descuento proporcional de un día de salario a los diputados que se ausenten sin licencia o que se retiren antes de que concluya el pleno, aun cuando hayan marcado asistencia.

Otras propuestas plantean sanciones más severas, como multas progresivas que podrían alcanzar uno o hasta dos meses de salario en casos de reincidencia. También se incluyen iniciativas que vinculan el descuento directamente a la falta de quórum, ordenando sanciones automáticas a los diputados principales ausentes sin justificación cuando una sesión no pueda realizarse.

Pese a estas coincidencias generales, las diferencias sobre la severidad de las medidas y los criterios para su aplicación impidieron que el artículo fuera discutido en esta sesión.

Donde sí hubo avances fue en materia de transparencia y acceso a la información. La comisión aprobó modificaciones al artículo 90, que obligan a que las sesiones del pleno y de las comisiones sean públicas y transmitidas por televisión, radio y plataformas digitales, incluyendo redes sociales.

La reforma establece además la creación de un archivo digital que deberá conservar y poner a disposición del público las grabaciones completas de las sesiones legislativas. También se incorporó la obligación de incluir lenguaje de señas en las transmisiones.

La sesión también incluyó intercambios sobre otros aspectos del reglamento, como la participación ciudadana en la presentación de iniciativas y el orden de discusión de los anteproyectos en comisión.

El debate sobre el artículo 111, que regula las iniciativas de ley presentadas por ciudadanos, expuso una fractura ideológica profunda. El diputado Cedeño manifestó su oposición tajante, argumentando que la Constitución solo faculta a diputados, ministros y magistrados para presentar proyectos de ley. “No voy a votar nada que tenga que ver con proyecto de ley fuera de la Constitución”, sentenció, sugiriendo que la participación ciudadana es una figura política sin sustento en la Carta Magna.

En la otra acera, el diputado Benicio Robinson defendió las oficinas de participación ciudadana en las provincias, calificando cualquier intento de cerrarlas como un “retroceso” que aleja a la Asamblea de las comunidades. Esta postura contrastó con la de la diputada Yamireliz Chong, quien afirmó que dichas oficinas “no sirven para nada más que para embotellar personas” y que los ciudadanos deberían poder presentar sus propuestas directamente por medios electrónicos o ante los diputados, sin intermediarios burocráticos. Ante la falta de consenso, la propuesta fue retirada para un análisis técnico más profundo

Finalmente, la operatividad interna también estuvo bajo la lupa. El diputado Augusto Palacio propuso que los anteproyectos se analicen en orden cronológico estricto para eliminar la “discrecionalidad” del presidente de cada comisión, quien actualmente decide qué temas avanzan. No obstante, otros diputados advirtieron que esto podría impedir la atención de asuntos de “urgencia notoria” o interés social inmediato, por lo que se sugirió buscar una redacción que combine el orden con la flexibilidad política.