Comprar casa en Panamá es más caro: créditos hipotecarios caen 34%

El sistema bancario panameño enfrenta un escenario de contracción en los créditos hipotecarios nuevos, reflejo de un conjunto de factores regulatorios y fiscales que han golpeado directamente al sector construcción y, por extensión, a la economía nacional.

Durante la presentación de resultados del primer cuatrimestre de 2026, el superintendente de Bancos de Panamá, Milton Ayón Wong, y el director de Estabilidad Financiera de la SBP, Javier Motta, explicaron los factores que pueden estar incidiendo en esta tendencia.

Ayón Wong recordó que la construcción arrastra una desaceleración desde hace varios años, tras el auge inmobiliario que generó una sobreoferta de proyectos en la capital, las playas y el interior del país.

“Ese boom nos pasó factura. Hoy el sector no muestra el dinamismo de antes y la banca ha tenido que ajustar su política de financiamiento”, afirmó.

A esta debilidad estructural se sumó la incertidumbre generada por la aprobación de la Ley de Interés Preferencial, que obligaba a los bancos a mantener al deudor bajo condiciones de subsidio incluso después de vencido el plazo. “Era un peso muy fuerte para las entidades, que optaron por suspender la concesión de créditos durante varios meses”, explicó el superintendente.

El panorama se complicó aún más con la suspensión de la exoneración del impuesto de transferencia de bienes inmuebles (ITBI), medida que encareció la adquisición de nuevas propiedades y redujo la generación de empleo en el sector. Aunque la modificación posterior de la ley permitió reactivar parcialmente los desembolsos, el impacto aún se refleja en los indicadores de crédito hipotecario.

En cifras, Motta informó que los créditos preferenciales registraron una caída de 34%, al pasar de $200 millones a $132 millones, mientras que los no preferenciales disminuyeron un 8%. “El 95% de los préstamos preferenciales corresponde a montos de hasta $120 mil, y allí es donde se ha sentido con mayor fuerza la reducción”, puntualizó. No obstante, destacó que el saldo de la cartera hipotecaria muestra un crecimiento moderado de 1.2% a abril de 2026, impulsado principalmente por el segmento no preferencial.

El impacto de estas medidas se refleja también en la industria inmobiliaria. Según datos de Convivienda, el sector acumuló una desaceleración del 55% entre 2024 y 2025, con una caída de casi 30% solo en el último año. La directora ejecutiva, Elisa Suárez de Gómez, advirtió que la meta de crecer 38% en 2026 con ventas proyectadas de 5,530 unidades será inalcanzable sin una acción coordinada entre el Ejecutivo, el Legislativo y la banca. “Por cada dólar que no se invierte en construcción, la economía panameña pierde aproximadamente $2.35 en actividad económica. La vivienda no es un gasto, es un motor que dinamiza cadenas productivas y apalanca proveedores”, subrayó.

El informe de Convivienda también alertó sobre el efecto negativo del ITBI del 2% aplicado a la primera vivienda. Aunque la recaudación estimada sería de $37 millones, las pérdidas fiscales alcanzarían $94.5 millones netos y una caída en la actividad económica de $1,288 millones, equivalente al 1.6% del PIB de 2025. “Este impuesto penaliza al segmento más vulnerable y reduce el efecto multiplicador de la construcción”, sostuvo Suárez. La presidenta ejecutiva de Convivienda enfatizó que lo importante es que las familias panameñas sigan teniendo acceso a hipotecas y vivienda, especialmente la clase media trabajadora que gana menos de $1,000.

En la misma línea, Ernesto Boyd Jr., presidente de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), reconoció que impuestos adicionales como este 2% elevan los costos de los créditos, dificultando el acceso al financiamiento. “Lo que escuchamos es que el cobro del 2% va a tener alguna afectación”, señaló, subrayando que, aunque la banca no participa directamente en la discusión política del impuesto, su rol es fundamental para apoyar la necesidad de financiamiento de quienes buscan un hogar.

Boyd recordó que el déficit habitacional supera las 180,000 familias y que las soluciones deben surgir desde la formalidad, con la colaboración público-privada. Entre las medidas urgentes mencionó la reapertura del crédito hipotecario, la reducción de la burocracia excesiva y la revisión de la exoneración del 2%. “Estamos en la dirección correcta”, afirmó, al reconocer que la Ley de Interés Preferencial es un gran paso, pero debe complementarse con políticas que garanticen acceso real a vivienda digna.

Katherin Reyes Espino, presidenta de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir), subrayó la necesidad de un diálogo abierto con el Órgano Legislativo y los actores del mercado, con el fin de generar oportunidades reales para que los panameños puedan acceder a una vivienda propia y, al mismo tiempo, atraer inversión extranjera que confíe en la estabilidad nacional.

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Jaime Antonio Jované Castillo, había anunciado iniciativas como el programa Paso y el arrendamiento solidario con opción a compra, orientados a facilitar el acceso a vivienda para quienes no califican para créditos tradicionales. Además, informó que el gobierno contempla una inversión estatal de $160 millones en nuevos proyectos inmobiliarios en provincias como Colón, Chiriquí, Herrera y Panamá, dirigidos a reducir el déficit habitacional y mejorar la calidad de vida de miles de panameños.