DGI defiende ajustes al proyecto de Sustancia Económica

La Dirección General de Ingresos (DGI) presentó ante la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional los principales argumentos y modificaciones que se evalúan dentro del proyecto de ley de Sustancia Económica, considerado clave para fortalecer la transparencia fiscal y atender compromisos internacionales de Panamá.

Lilibeth Enseñat, jefa de Convenios Tributarios, explicó que el concepto de grupo multinacional es fundamental para definir el alcance de la norma. Sin embargo, tras recibir más de 150 aportes de distintos sectores, la institución analiza sustituirlo por el de residencia fiscal, lo que otorgaría mayor certeza a las entidades sujetas a la ley.

“Precisamente porque la residencia fiscal se califica y permite identificar si le aplica o no la norma, estamos acogiendo estas recomendaciones para simplificar y dar claridad al alcance de la ley”, señaló Enseñat.

Otro de los puntos abordados fue la propuesta de aplicar un 15% sobre la renta bruta en lugar de la renta neta. La jefa de Convenios Tributarios reconoció que este aspecto ha generado debate y que algunos sectores lo consideran de posible afectación constitucional. “Hemos escuchado a varios grupos y estamos abiertos a evaluar el cambio de renta bruta a renta neta”, indicó.

Enseñat también se refirió al tema de la tercerización de servicios, aclarando que la intención no es limitar a un proveedor por empresa, sino permitir que varias entidades contraten al mismo prestador, siempre que las actividades se realicen en Panamá. “Lo que se busca es que las gestiones reales se utilicen en la República de Panamá, generen empleo y cuenten con instalaciones locales. La tercerización apunta a eso”, afirmó.

Respecto al polémico artículo 710 del Código Fiscal, que obliga a reportar ingresos de fuente extranjera, la jefa de Convenios Tributarios explicó que la modificación no implica gravar esos ingresos, sino asegurar su reportería.

“Mantenemos el principio de renta territorial. Lo que se busca es contar con información precisa sobre cuántas sociedades generan ingresos de fuente extranjera y cuántas son locales. Esa data hoy no existe y es necesaria para cumplir con los criterios de la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos”, puntualizó.

José Abel Almengor, jefe del Departamento de Intercambio de Información, por su parte, destacó los avances logrados en el cumplimiento de estándares internacionales. Recordó que en 2019 Panamá tenía un incumplimiento del 19.5% en solicitudes de información, cifra que se redujo al 6% en 2025.

“El año pasado mejoramos la calificación de intercambio automático de información de ‘no cumplido’ a ‘parcialmente cumplido’, y este año esperamos ser catalogados como altamente cumplidores”, aseguró.

Almengor subrayó que el proyecto de Sustancia Económica es parte de un plan integral que incluye disponibilidad de beneficiarios finales, registros contables y mejoras en la temporalidad de respuesta. “No buscamos cascarones vacíos, sino atraer inversión extranjera real que genere beneficios al país”, sentenció.

Linda Pérez, jefa del Departamento de Precios de Transferencia, resaltó que la iniciativa también busca alinear a Panamá con las mejores prácticas internacionales en materia de fiscalidad corporativa.

“El régimen de precios de transferencia es un instrumento que garantiza que las operaciones entre empresas vinculadas reflejen condiciones de mercado. Con este proyecto reforzamos la supervisión y la transparencia, asegurando que las multinacionales cumplan con estándares globales”, concluyó.