Evasión fiscal lleva a la DGI a limitar el facturador gratuito

El director general de Ingresos (DGI), Camilo Valdés, confirmó una serie de ajustes y restricciones en el acceso al sistema de facturador gratuito, tras detectar un uso indebido de esta herramienta que, por ley, debe ser exclusiva para microempresarios.

Según explicó, se ha identificado que una gran cantidad de contribuyentes en Panamá estaban utilizando este recurso para evadir sus obligaciones tributarias, distorsionando el propósito original para el cual fue creada la plataforma.

Valdés señaló que el abuso del sistema se manifestaba de diversas formas, especialmente en la falta de entrega inmediata de la factura al consumidor.

Recordó que la legislación panameña es clara: al momento de pagar por un bien o servicio, la empresa debe entregar el comprobante de forma instantánea. Sin embargo, dijo, bajo la modalidad del facturador gratuito, muchos comercios solicitaban el correo electrónico del cliente con la promesa de enviar la factura más tarde, una acción que en múltiples casos no llegaba a concretarse, dejando la transacción fuera del radar del fisco.

A través de avanzados cruces de información, el director general confesó que la DGI detectó una brecha alarmante en el reporte de ingresos. Valdés reveló cómo empresas que realizaban, por ejemplo, veinte transacciones diarias, solo registraban la mitad en el sistema gratuito.

“Esta práctica, que implica no discriminar ni reportar el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios correspondiente, constituye una modalidad directa de defraudación fiscal que la administración actual busca erradicar mediante inspecciones más rigurosas y ajustes técnicos en la plataforma”, manifestó.

Ante esta situación, la DGI reafirmó los límites estrictos para el uso de esta herramienta gratuita. De ahora en adelante, el sistema solo podrá ser utilizado por aquellos contribuyentes que generen ingresos anuales inferiores a los $36,000 o que emitan un volumen menor a las 100 facturas mensuales.

Aquellos que excedan cualquiera de estos dos parámetros estarán obligados a migrar hacia un Proveedor Autorizado de Calificación (PAC), garantizando así un mayor control y transparencia en la recaudación de los impuestos que paga la ciudadanía.