La brecha digital: el nuevo desafío económico de Panamá

La transformación digital suele presentarse como una señal de progreso. Permite hacer pagos desde un teléfono, realizar trámites públicos sin acudir a una oficina, vender productos por redes sociales, estudiar a distancia y trabajar para empresas ubicadas fuera de la comunidad de residencia. Esa descripción es válida para una parte de Panamá. Para otra, la economía digital continúa siendo una promesa limitada por la ubicación geográfica, la calidad de la conexión, el costo del servicio y la falta de habilidades para utilizarlo.

La diferencia no es menor. En una economía donde una proporción creciente de las actividades se desplaza hacia plataformas digitales, carecer de conectividad ya no significa únicamente tener dificultades para comunicarse. Puede reducir las posibilidades de conseguir empleo, capacitarse, acceder a servicios financieros, comparar precios, recibir atención pública y colocar productos en mercados más amplios. La brecha digital se ha convertido en una forma de desigualdad económica.

Los resultados del Censo de Población y Vivienda de 2023 permiten observar esa realidad. De los 3.8 millones de habitantes de cuatro años y más registrados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2.6 millones habían utilizado internet. La proporción equivale aproximadamente al 68.6 %. El uso del teléfono celular era mayor, cercano al 81 %, mientras que solo 36% había utilizado una computadora. Estas cifras revelan que el acceso digital panameño descansa principalmente sobre el teléfono móvil y no sobre una infraestructura tecnológica diversificada.

El promedio nacional oculta diferencias territoriales profundas. En la provincia de Panamá, cerca del 79 % de la población de cuatro años y más había utilizado internet. Panamá Oeste registraba una proporción similar. En Darién, el porcentaje se situaba alrededor de 48 %. En la comarca Emberá apenas superaba el 20 % y en la comarca Ngäbe Buglé rondaba el 11 %. La distancia entre la provincia de Panamá y la comarca Ngäbe Buglé era cercana a 68 puntos porcentuales. No se trata de una brecha marginal. Son condiciones económicas distintas dentro de un mismo país.

Guna Yala presenta una situación diferente, aunque todavía rezagada frente a las principales zonas urbanas. Alrededor de la mitad de su población de cuatro años y más había utilizado internet en 2023. El dato muestra que la conectividad no depende solamente de la ruralidad o del carácter indígena de una región. También influyen la disponibilidad de redes, la organización territorial, la cercanía a centros urbanos, el tipo de tecnología utilizada y las inversiones realizadas en cada zona.

Según la base de datos de indicadores del Banco Mundial, el uso de internet en Panamá alcanzó aproximadamente 73 % de la población en 2024. El avance frente a 2023 confirma que la incorporación digital continúa, pero una mejor cifra nacional no garantiza que la distancia territorial se haya reducido. Es posible aumentar la cobertura total mientras las áreas mejor conectadas avanzan con mayor rapidez que las comunidades rezagadas. La política pública debe medir ambas cosas: cuántas personas acceden y cómo se distribuye ese acceso entre provincias, comarcas, edades y niveles de ingreso.

Para una persona residente en un centro urbano, la digitalización puede representar ahorro de tiempo y dinero. Un trámite en línea evita transporte, filas y horas de trabajo perdidas. Una transferencia electrónica reduce la necesidad de desplazarse para pagar o cobrar. El acceso a plataformas educativas amplía las posibilidades de capacitación. Las redes sociales y el comercio electrónico permiten que un negocio pequeño promueva sus productos sin asumir el costo de un local en una zona comercial.

Esos beneficios se traducen en productividad. Una persona conectada puede realizar más actividades en menos tiempo, encontrar información con mayor rapidez y comunicarse con clientes o proveedores sin trasladarse. Una empresa puede reducir costos administrativos, llevar registros digitales y acceder a nuevos mercados. El Estado puede entregar servicios con menor uso de papel y una mayor trazabilidad.

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental ha incorporado la modernización de los servicios públicos, la interoperabilidad, la identidad digital y la ciberseguridad dentro de su agenda de transformación estatal. La dirección es correcta: un gobierno digital puede disminuir costos de atención y facilitar la relación entre las instituciones y la ciudadanía. La utilidad de esos servicios depende de que la población tenga conexión, dispositivos adecuados y conocimientos para utilizarlos. De lo contrario, la digitalización administrativa puede crear una barrera adicional para quienes ya enfrentan dificultades geográficas.

Una familia sin internet estable no obtiene el mismo rendimiento de un programa educativo virtual que otra con varios dispositivos y conexión fija. Un productor rural con cobertura intermitente no puede depender de una aplicación para recibir pedidos o cobrar. Un adulto mayor que desconoce cómo completar un formulario digital puede necesitar la ayuda de terceros para acceder a un servicio público. Una microempresa que solo utiliza efectivo pierde ventas cuando sus clientes esperan medios de pago electrónicos.

La brecha tampoco termina cuando existe señal. La calidad y el precio importan. Una conexión lenta puede servir para enviar mensajes, pero no para estudiar mediante videoconferencias, administrar un negocio en línea o prestar servicios profesionales. Compartir un solo teléfono entre varios miembros del hogar restringe el tiempo disponible para aprender o trabajar. Comprar datos móviles de forma recurrente puede representar una carga considerable para hogares con ingresos bajos e inestables.

Las estadísticas de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos muestran un crecimiento sostenido de los servicios móviles y de internet. La ASEP también reconoce la necesidad de extender el acceso, mejorar la calidad, promover inversiones y desarrollar modelos de conectividad que combinen redes terrestres y satelitales. Ese último componente resulta relevante para comunidades donde la dispersión de la población eleva el costo de las soluciones tradicionales.

Desde la perspectiva económica, dejar territorios fuera de la transformación digital genera costos que no siempre aparecen en las cuentas públicas. Reduce el rendimiento de la educación, limita la movilidad laboral y mantiene aislados a pequeños productores. También disminuye la competencia. Quien no puede comparar precios o acceder a distintos proveedores queda sujeto a la oferta disponible en su entorno inmediato.

La exclusión digital puede reforzar la informalidad. Los negocios desconectados tienen menos posibilidades de generar historiales de ventas, utilizar servicios contables, emitir facturas electrónicas o acceder a crédito basado en registros transaccionales. La informalidad no desaparecerá por instalar antenas, pero una infraestructura deficiente impide que muchos negocios puedan siquiera evaluar las ventajas de incorporarse a canales formales.

Panamá necesita tratar la conectividad como infraestructura económica, de la misma forma que las carreteras, la energía y el agua. La inversión no debe evaluarse solo por el número de usuarios potenciales o la rentabilidad comercial inmediata. Conectar una comunidad puede elevar el acceso educativo, reducir el costo de los trámites públicos y facilitar la comercialización de la producción local. Parte del beneficio es social y territorial.

La estrategia debe incluir cobertura, calidad, asequibilidad y formación. Entregar acceso sin alfabetización digital produce resultados limitados. Enseñar herramientas sin resolver los problemas de conectividad tampoco funciona. Las escuelas, municipios, centros de salud, cooperativas y organizaciones comunitarias pueden servir como puntos de apoyo para capacitar y acompañar a la población.

El país también necesita estadísticas más frecuentes y detalladas. El Censo de 2023 ofrece una fotografía valiosa, pero la velocidad de los cambios tecnológicos exige mediciones periódicas sobre uso, calidad, costo y habilidades digitales. Sin esa información es difícil saber si las inversiones están cerrando brechas o si los avances continúan concentrándose en las mismas zonas. La transformación digital puede elevar la productividad de Panamá y ampliar las oportunidades económicas. También puede profundizar las diferencias entre quienes pueden participar y quienes permanecen al margen. El resultado no dependerá solo de cuántas plataformas se creen o cuántos trámites se coloquen en línea. Dependerá de la capacidad del país para asegurar que la ubicación geográfica no determine quién puede estudiar, trabajar, emprender o relacionarse con el Estado.

La brecha digital ya no es un problema separado de la economía. Forma parte de la desigualdad territorial, del acceso al empleo y de la competitividad nacional. Panamá no será plenamente digital mientras una parte de su población continúe observando la transformación desde lugares donde conectarse sigue siendo difícil, costoso o imposible.