Ley de Sustancia Económica: expertos urgen definir ente fiscalizador
- 20/11/2026 00:00
A menos de dos meses de que la Ley 526 entre en vigor, tributaristas advierten que la indefinición operativa sobre la autoridad competente, la falta de formularios y las lagunas reglamentarias generan incertidumbre en el mercado
A semanas de que entre en vigor la Ley 526 de Sustancia Económica, el 1 de enero de 2027, el debate tributario en Panamá se concentra en quién fiscalizará efectivamente el cumplimiento de las empresas y evitará que enfrenten una tarifa del 15 % de impuesto sobre la renta.
Aunque la norma aprobada el 28 de mayo de 2026 designa al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como autoridad competente, la falta de precisión sobre la unidad ejecutora y la ausencia de formularios oficiales marcaron el panel Sustancia que crea valor: de la presencia formal a la realidad económica, celebrado este jueves 19 de noviembre en el III Congreso de Tributación Internacional de IFA Panamá. El foro se realiza tras la salida de Panamá del Anexo I de la Unión Europea el 9 de octubre, mientras el país permanece en el Anexo II y bajo seguimiento del Foro Global de la OCDE.
En el panel y en entrevistas posteriores, los especialistas dividieron opiniones sobre el rol de la Dirección General de Ingresos (DGI). Luis Ocando, socio líder de EY, sostuvo que auditar sustancia exige conocer de gobierno corporativo y actas de juntas directivas, más allá de la fiscalización ordinaria.
“Si dejamos que la autoridad competente sea la que siempre ha sido y los fiscales sean los mismos que siempre han revisado a los contribuyentes en temas de otro tipo, se puede correr el riesgo de que, por desconocimiento, terminen las entidades sujetas a sustancia con una serie de alcances tributarios que pueden no tener sentido; eso encarece el costo de operar en Panamá y perdemos competitividad como país”, advirtió Ocando.
El experto propuso un esquema mixto: declarar renta ante la DGI, evaluar sustancia en una unidad especializada del MEF y remitir el caso al fisco solo para el cobro si hay incumplimiento.
Jaime Carrizo, de KPMG, coincidió en que el MEF debe aprovechar el talento técnico de sus direcciones con experiencia ante la OCDE y dejar a la DGI como brazo ejecutor.
En cambio, Klaus Bieberach, socio de Tax@Panama Bieberach & Co, y Darma Romero, de Deloitte Panamá, defendieron que la DGI es el ente natural, al estar la sanción en el impuesto sobre la renta y concentrar la administración tributaria datos clave. “Idealmente siento que la DGI debería ser la autoridad competente porque es la entidad que más fácil va a poder constatar que hay sustancia; tiene una cantidad de información superrelevante como la facturación, los ingresos y la planilla 03”, afirmó Bieberach, quien reclamó definir “con nombre y apellido quiénes son los responsables” y publicar los formularios.
El costarricense Diego Salto, de Consortium Legal, advirtió que la administración tributaria debe ceñirse a la letra de la ley y evitar “vías de hecho” o interpretaciones extensivas que resten seguridad jurídica.
Los panelistas coincidieron en que la residencia fiscal y la sustancia económica son figuras distintas. Carrizo señaló que un certificado de residencia fiscal no exime de cumplir con la sustancia si hay fallas formales en el reporte, mientras Romero planteó que debería generar al menos una presunción de cumplimiento sujeta a prueba en contrario.
Para prepararse antes de enero, Bieberach sugirió un “autoexamen introspectivo” en lugar de crear gastos artificiales, identificando las actividades reales y a quienes asumen los riesgos en Panamá. También alertó sobre la responsabilidad de los directivos: “El tema de la sustancia crea un cambio de paradigma completo de las posiciones corporativas en Panamá. Ya un director que dice bajo declaración jurada que está tomando las decisiones no se puede desligar de la entidad; en el futuro tienen que conocer el negocio y saber qué está pasando porque pueden ser responsables de las actividades de la sociedad”.
De cara a la implementación de la normativa, Ocando subrayó la necesidad de mantener el diálogo con el Ejecutivo: “Pedimos que en la redacción de las guías y en la elaboración de los formularios se vuelva a involucrar al sector privado para lograr normas por consenso, porque el consenso da seguridad jurídica”.
Con la entrada en vigor de la Ley 526 a la vuelta de la esquina, el consenso entre los especialistas pasa por definir al responsable operativo, emitir guías claras y abrir el diálogo técnico, de modo que Panamá cumpla los estándares internacionales sin perder competitividad.