Panamá: el desafío de la modernización legal para ser un verdadero ‘hub’

Panamá se encuentra en una encrucijada crítica. La visión de ser el verdadero hub financiero, logístico y de servicios de la región —una aspiración legítima dada su ubicación estratégica y su historia comercial— está siendo frenada por una inercia en la modernización de su marco legal y regulatorio. Si bien la infraestructura física avanza, la estructura que soporta el andamiaje financiero y tecnológico del siglo XXI necesita una revisión profunda y urgente.

Desde la perspectiva del Cumplimiento en el mercado de valores, la desconexión entre la velocidad de la innovación global y la lentitud legislativa panameña es palpable y, lo que es más preocupante, perjudicial para nuestra competitividad. No podemos pretender ser un centro financiero de vanguardia mientras nuestro sistema de leyes aún lucha por conceptualizar y regular la tecnología que impulsa el futuro.

La urgencia tecnológica y la conceptualización de activos digitales

Uno de los ejemplos más claros de este desfase es el tratamiento de los activos digitales y la tecnología blockchain. A nivel global, las jurisdicciones más avanzadas están creando marcos legales que permiten la emisión, custodia y negociación de estos activos con seguridad jurídica, atrayendo inversión y talento.

En Panamá, el panorama es incierto. La falta de una legislación clara y específica sobre la naturaleza legal de los activos digitales (como utility tokens, security tokens y criptomonedas) deja a las empresas y a los inversionistas en un limbo regulatorio. ¿Cómo puede un país aspirar a ser un hub tecnológico y financiero si las finanzas descentralizadas (DeFi) y la tokenización de activos —tendencias que están redefiniendo el mercado de capitales— se enfrentan a un vacío legal o a una aplicación forzada de normativas obsoletas?

Esta ambigüedad no solo resta competitividad frente a hubs rivales que ya han actuado, sino que también dificulta el desarrollo de soluciones locales innovadoras. La regulación debe ser un catalizador, no un freno. Necesitamos leyes que, sin sacrificar la protección del inversionista y la integridad del mercado, permitan la tokenización de bienes raíces, acciones o bonos, abriendo el mercado de capitales a una base de inversionistas más amplia y eficiente.

La segunda gran amenaza a la aspiración de hub de Panamá proviene del factor tiempo en relación con las expectativas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), especialmente de cara a la Quinta Ronda de Evaluación Mutua que se avecina.

Si bien Panamá ha realizado un esfuerzo notable para salir de la “lista gris” mediante la aprobación de leyes que abordan las deficiencias identificadas en la Cuarta Ronda, el desafío de la próxima evaluación es de una naturaleza distinta y se ve directamente comprometido por la lentitud en la actualización de la legislación en áreas emergentes.

La metodología del GAFI no solo evalúa la existencia de leyes y regulaciones (cumplimiento técnico), sino, crucialmente, la efectividad de su implementación. Para demostrar efectividad, un país debe proveer data histórica que evidencie cómo las nuevas normativas, procedimientos y supervisión han sido aplicadas y han generado resultados tangibles (ej. investigaciones, sanciones, decomisos, cooperación internacional).

El peligro es claro: al demorar el establecimiento de leyes claras en áreas como los activos virtuales o al no definir marcos regulatorios que incorporen las últimas recomendaciones internacionales, no se genera la data operativa necesaria sobre la cual evaluar la implementación. Si las regulaciones no entran en vigor con el tiempo suficiente antes de la Quinta Ronda, el país no tendrá el periodo de prueba necesario para:

1. Recolectar estadísticas de supervisión, transacciones monitoreadas, y acciones de cumplimiento relacionadas con estas nuevas áreas.

2. Demostrar la capacidad operativa de las autoridades (reguladores, UAF, órganos de investigación) para aplicar eficazmente las normativas sobre los nuevos riesgos (ej. criptomonedas, tokenización, crowdfunding).

En esencia, la demora legislativa nos coloca en una posición vulnerable: si las leyes llegan tarde, no hay datos de aplicación. Si no hay datos, el evaluador del GAFI no puede calificar la efectividad, lo que inevitablemente restará puntos a la evaluación general. Para un hub financiero, enfrentar una evaluación con resultados deficientes en un área clave como la gestión de riesgos emergentes es un golpe directo a su credibilidad y un aumento del riesgo percibido a nivel internacional, erosionando los logros obtenidos hasta ahora.

El concepto de ‘hub’ no se sostiene únicamente con leyes modernas y puertos eficientes; se requiere una base ética sólida. Los compromisos éticos deben ser intrínsecos al ecosistema financiero. Esto implica:

• Tolerancia cero a la corrupción: Las percepciones de corrupción sistémica minan la confianza que es vital para cualquier centro financiero. Las reformas deben ir de la mano de un fortalecimiento de las instituciones de transparencia y accountability.

• Fortalecimiento de la cultura de cumplimiento: El compliance debe dejar de ser visto como un gasto o un trámite burocrático y ser asumido como una ventaja competitiva y una parte fundamental de la gobernanza corporativa. La capacitación constante y la responsabilidad individual son claves.

• Independencia y capacidad de los reguladores: Los entes reguladores deben contar con la autonomía política, el presupuesto y la capacidad técnica necesaria (especialmente en áreas como ciberseguridad y activos digitales) para supervisar mercados cada vez más complejos.

La ventana de oportunidad se cierra: Panamá tiene la oportunidad de oro de consolidar su posición como el centro neurálgico de las Américas. Sin embargo, para capitalizar esta ventaja, la acción debe ser inmediata y decisiva.

El reto es político y de voluntad. La modernización legal en tecnología y la adhesión inquebrantable a los estándares éticos no son opciones, sino prerrequisitos para la supervivencia en el panorama financiero global. La pasividad nos condena a ser un actor secundario, una simple escala, en lugar del centro dinámico y confiable que merecen los panameños y que requiere la región. Es tiempo de que el sistema legal y ético de Panamá se ponga a la altura de su ambición geográfica, y que la legislación avance con la velocidad necesaria para generar los datos que prueben nuestra efectividad ante el mundo.