Quinta ronda de evaluación del Gafilat: Panamá busca demostrar efectividad de sus normas contra delitos financieros

Panamá se encuentra en un momento decisivo frente a la quinta ronda de evaluaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en 2027. Isabel Vecchio Arófulo, coordinadora Nacional ante este organismo y secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), compartió una visión clara sobre los retos que enfrenta el país y la región en este proceso que, más allá de ser un examen técnico, se convierte en una prueba de efectividad y compromiso institucional.

En una entrevista publicada en el canal de Youtube del MEF, Vecchio explicó que la quinta ronda de evaluaciones del Gafilat marca un cambio sustancial respecto a las anteriores. En el pasado, el énfasis estaba puesto en la existencia de normas alineadas a los estándares internacionales; ahora, el foco se centra en demostrar que esas normas funcionan en la práctica. “No es solamente lo que cambió de estándar, sino cómo el país aplica esas normas y si realmente son efectivas en la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”, señaló. Este giro hacia la efectividad implica que Panamá debe mostrar resultados concretos, respaldados por estadísticas, sentencias y casos que evidencien la aplicación real de su marco normativo.

Uno de los puntos más sensibles que destacó la funcionaria es el tema del beneficiario final. En su criterio, no basta con tener un registro o una lista de nombres; lo fundamental es contar con información clara, actualizada y oportuna que permita identificar quién controla realmente las estructuras corporativas.

Otro desafío que enfrenta Panamá es el desarrollo de normativas efectivas para supervisar los activos virtuales. El auge de las criptomonedas y otros instrumentos digitales plantea riesgos que requieren respuestas rápidas y sólidas.

Vecchio subrayó que no se trata de tener leyes en papel, sino de garantizar que estas se apliquen con mecanismos de supervisión adecuados y con capacidad de recuperación de activos en caso de delitos financieros. Explicó que la recuperación de activos, de hecho, es otro de los ejes prioritarios, pues se vincula directamente con la extinción de dominio y con la lucha contra la corrupción.

La coordinadora nacional insistió en que la preparación para esta ronda de evaluaciones no es tarea exclusiva del sector público. El sector privado juega un papel fundamental y debe involucrarse activamente en capacitaciones y procesos de fortalecimiento. “Es un trabajo en equipo, no puede ser una evaluación de país en donde cada sector actúe por separado. El compromiso del sector privado es clave para demostrar que el sistema funciona en todos los niveles”, afirmó.

Vecchio también advirtió sobre las consecuencias que puede tener un resultado negativo en la evaluación. Más allá de los aspectos técnicos, un mal desempeño afecta la reputación internacional del país y puede repercutir en las relaciones financieras, especialmente en la banca corresponsal. Por ello, insistió en que la alta gerencia de las instituciones financieras debe estar involucrada y consciente de la importancia de estos procesos, ya que su participación puede ser requerida directamente en las evaluaciones.

La funcionaria también subrayó que cada país debe realizar evaluaciones internas de riesgo, adaptadas a su realidad particular. No se puede medir a Panamá con los mismos parámetros que a Guatemala o República Dominicana, ya que cada nación tiene un ecosistema distinto.