Reestructuración fiscal y equilibrio presupuestario en Panamá
- 25/08/2025 00:00
El actual gobierno enfrenta, desde su llegada, una exorbitante deuda pública, especialmente la externa, que hoy, el servicio a la misma se eleva a más de $5.000 millones, minando las posibilidades presupuestarias actuales y desviando recursos hacia el exterior en detrimento de la solución de necesidades prioritarias para la población. He manifestado la necesidad de revisar nuestra realidad fiscal de manera integral, con el objetivo de corregir fallas, no solo en los niveles actuales de los tributos nacionales, sino también en las legislaciones que los sostienen desde la reforma tributaria de 1997.
Nuestra economía se ha caracterizado por tener un bajo nivel de impuestos, y eso ha coadyuvado como elemento de atracción de inversiones, pero ese mismo hecho nos ha convertido en blanco de críticas, considerándose a nuestro país un destino de baja imposición fiscal y, por ende, un paraíso fiscal.
Si bien estas afirmaciones han sido desmentidas hasta la saciedad por profesionales y el Gobierno Nacional en determinados momentos, no es menos cierto que, a pesar de los esfuerzos institucionales por defender nuestro sistema tributario de renta territorial y no mundial, algunas latitudes nos siguen viendo con suspicacia.
Independientemente de estas situaciones, que poco a poco se están superando, nuestra realidad fiscal motiva a señalar que es fundamental hacer ajustes, no porque a otros así les parezca, sino porque nuestro fisco no cubre las necesidades presupuestarias en una proporción importante, y su diferencia se plasma en el endeudamiento externo.
Transiciones Tributarias La adhesión de Panamá a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1997 condujo a nuestro gobierno a realizar una serie de concesiones como condición de las negociaciones posteriores para suscribir ese pacto comercial global.
Estas concesiones se materializaron en disminuciones a los niveles arancelarios establecidos en ese momento, fijando unos topes máximos mucho menores en la mayoría de los bienes importados, con excepción de los productos agropecuarios.
Culminada esta negociación y nuestro horizonte arancelario ajustado a la nueva relación comercial global, nuestro gobierno consideró prudente hacer ajustes adicionales, y dicha frontera se hizo aún menor y más accesible a la producción importada.
Igualmente, para 1997 el Gobierno Nacional realizó una reforma tributaria y, en el Diagnóstico del Sistema Tributario de Panamá (1998), se concluyó como conveniente simplificar el sistema en cuestión, con miras a disminuir la cantidad de impuestos, tasas y derechos que permitieran una mejor administración y, por ende, una recaudación más efectiva.
Los gobiernos siguientes determinaron como prioridad comercial realizar tratados de libre comercio con socios importantes, llámese Centroamérica, México, Taiwán, Singapur, Estados Unidos y la Comunidad Europea, entre otros, y esas acciones presionaron mucho más nuestro erario público debido a las concesiones arancelarias.
Todo eso condujo, desde el punto de vista fiscal, a una merma en nuestros impuestos de introducción (aranceles) y, por ende, a una reducción de las recaudaciones.
Si bien nuestros aranceles disminuidos generaron una pérdida en tributos, otros argumentarían que el incremento de las importaciones de materias primas y bienes terminados podría compensar dicha pérdida fiscal por la vía de la diversidad de bienes, el consumo de los mismos y el pago del resto de los impuestos internos en la cadena comercial.
Por otro lado, se ha favorecido a segmentos salariales con el no pago del Impuesto sobre la Renta, y con ello se resiente el erario público.
Como contrapropuesta, hace unos 12 años se incrementó el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS) para compensar un poco la recaudación de tributos en aras de un más robusto erario público.
Realidad Fiscal Actual Luego de terminada la dictadura militar, los dos primeros gobiernos democráticos hicieron ingentes esfuerzos por sanear las finanzas públicas, en especial la deuda externa, y posteriormente gestionar la cosa pública de manera tal que, entre 2009-2014, Panamá lograra alcanzar grado de inversión, y los beneficios que esto conlleva para la economía nacional.
Pero el actual gobierno enfrenta, desde su llegada, una exorbitante deuda pública, especialmente la externa, que hoy, el servicio a la misma se eleva a más de $5.000 millones, minando las posibilidades presupuestarias actuales y desviando recursos hacia el exterior en detrimento de la solución de necesidades prioritarias para la población.
Paralelo a ello, sale a relucir, ante esta realidad fiscal, un elemento que cala mucho en la sociedad y es la llamada evasión fiscal, y quién se beneficia de ello.
En mi análisis previo a esta evaluación, denominado ¿Elusión o Evasión Fiscal?, indicábamos que la evaluación realizada por la Dirección General de Ingresos (DGI) y plasmada en sus boletines tributarios dedicados a este tópico, daba a entender que una gran cantidad de recursos que pudieran ingresar al Tesoro Nacional se diluía en el proceso contable, mostrándose muy favorable a las personas jurídicas, es decir, al empresariado panameño.
Pero las cifras revisadas no solo exponen al resto de los contribuyentes y los montos que, por razones que más adelante explicaremos, no ingresaban al erario público, sino que la DGI no explica una serie de legislaciones que favorecen un cúmulo de exoneraciones que, en la práctica, impiden que dichos valores ingresen al erario público.
Hicimos referencia a la brecha normativa, la cual permite, por las legislaciones del momento, descontar avales y, por ende, los tributos resultan menores.
Si la norma, luego de una evaluación objetiva por la DGI, no cumple su cometido, o la misma es aprovechada por segmentos de la población no contemplados en ella, su modificación o sanción deben ser consideradas.
Si, por otro lado, la brecha de cumplimiento muestra excesos en los valores a descontar, estamos frente a una clara violación legal, y quedamos frente a la evasión fiscal, ante lo cual la DGI tiene pleno derecho para tomar las acciones correspondientes.
Señalamos al principio que los análisis realizados por la DGI en sus Evaluaciones de Gasto Tributario e Incumplimiento, presentes en sus boletines oficiales, tienden a afirmar un elevado grado de incumplimiento; esto es, montos no declarados cuyos saldos podrían resolver no solo las necesidades de la población con creces, sino también saldar nuestra deuda externa sin los sobresaltos financieros actuales.
El cuadro que a continuación presentamos revela cierto nivel de detalle de nuestra realidad legal fiscal que redunda, supuestamente, en beneficios a la sociedad, y evaluemos si se requiere hacer ajustes legales o no para mejorar el nivel de recaudación actual.
Estos valores son los sacrificios fiscales que hacen los contribuyentes para sostener estos incentivos, los cuales se acercan a los $3.000 millones para el período 2019-2023.
Veamos solo dos ejemplos de los contemplados en este cuadro y consideremos si vale o no mantenerlos o si es necesario realizar ajustes que redunden, no solo en beneficios para quien recibe este apoyo, sino también en que sea menos impactado el erario público.
El subsidio a la energía es el rubro que arroja el mayor saldo, y nos preguntamos: ¿Hacia qué sector está dirigido el mismo? ¿Clase popular o media, acorde a los niveles de consumo?
En el caso del subsidio al gas licuado, ¿hacia qué sector está dirigido el mismo? ¿Segmento popular o comercial?
Sin esos análisis, la opinión de propios y extraños generará una percepción u opinión sesgada de los datos que ofrece la DGI en cuanto a la brecha de incumplimiento, o como se le pudiera atribuir, a una descarada evasión fiscal.
Conclusión Los mayores impactos al Presupuesto General del Estado están condicionados, tal cual lo ha expresado el Ministro de Economía y Finanzas, a los ajustes automáticos por leyes especiales y a un abultado servicio de la deuda.
Si a ello le sumamos los recursos dirigidos a programas sociales, las exoneraciones y subsidios como los del cuadro anterior, sin contar con el resto de los ítems que pueden deducirse legalmente en las declaraciones juradas de renta, nuestro Tesoro Nacional seguirá en déficit frente a lo que requiere nuestro PGE.
Si el crecimiento económico, por bueno que parezcan los resultados del PIB, no permea a la mayor cantidad de la población, como hasta ahora se ve en las calles con una gran cantidad de personas desempleadas, entonces cualquier mejora será meramente cosmética.
Una revisión integral de todos estos aspectos es requerida con urgencia. Si no es así, nuestras necesidades seguirán siendo cubiertas con deuda, y el futuro de la sociedad, en especial los segmentos menos favorecidos, se verá seriamente comprometido.
Luego de terminada la dictadura militar, los dos primeros gobiernos democráticos hicieron ingentes esfuerzos por sanear las finanzas públicas, en especial la deuda externa, y posteriormente gestionar la cosa pública de manera tal que, entre 2009-2014, Panamá lograra alcanzar grado de inversión, y los beneficios que esto conlleva para la economía nacional.
He manifestado la necesidad de revisar nuestra realidad fiscal de manera integral, con el objetivo de corregir fallas, no solo en los niveles actuales de los tributos nacionales, sino también en las legislaciones que los sostienen desde la reforma tributaria de 1997.
Nuestra economía se ha caracterizado por tener un bajo nivel de impuestos, y eso ha coadyuvado como elemento de atracción de inversiones, pero ese mismo hecho nos ha convertido en blanco de críticas, considerándose a nuestro país un destino de baja imposición fiscal y, por ende, un paraíso fiscal.
Si bien estas afirmaciones han sido desmentidas hasta la saciedad por profesionales y el Gobierno Nacional en determinados momentos, no es menos cierto que, a pesar de los esfuerzos institucionales por defender nuestro sistema tributario de renta territorial y no mundial, algunas latitudes nos siguen viendo con suspicacia.
Independientemente de estas situaciones, que poco a poco se están superando, nuestra realidad fiscal motiva a señalar que es fundamental hacer ajustes, no porque a otros así les parezca, sino porque nuestro fisco no cubre las necesidades presupuestarias en una proporción importante, y su diferencia se plasma en el endeudamiento externo.
La adhesión de Panamá a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1997 condujo a nuestro gobierno a realizar una serie de concesiones como condición de las negociaciones posteriores para suscribir ese pacto comercial global.
Estas concesiones se materializaron en disminuciones a los niveles arancelarios establecidos en ese momento, fijando unos topes máximos mucho menores en la mayoría de los bienes importados, con excepción de los productos agropecuarios.
Culminada esta negociación y nuestro horizonte arancelario ajustado a la nueva relación comercial global, nuestro gobierno consideró prudente hacer ajustes adicionales, y dicha frontera se hizo aún menor y más accesible a la producción importada.
Igualmente, para 1997 el Gobierno Nacional realizó una reforma tributaria y, en el Diagnóstico del Sistema Tributario de Panamá (1998), se concluyó como conveniente simplificar el sistema en cuestión, con miras a disminuir la cantidad de impuestos, tasas y derechos que permitieran una mejor administración y, por ende, una recaudación más efectiva.
Los gobiernos siguientes determinaron como prioridad comercial realizar tratados de libre comercio con socios importantes, llámese Centroamérica, México, Taiwán, Singapur, Estados Unidos y la Comunidad Europea, entre otros, y esas acciones presionaron mucho más nuestro erario público debido a las concesiones arancelarias.
Todo eso condujo, desde el punto de vista fiscal, a una merma en nuestros impuestos de introducción (aranceles) y, por ende, a una reducción de las recaudaciones.
Si bien nuestros aranceles disminuidos generaron una pérdida en tributos, otros argumentarían que el incremento de las importaciones de materias primas y bienes terminados podría compensar dicha pérdida fiscal por la vía de la diversidad de bienes, el consumo de los mismos y el pago del resto de los impuestos internos en la cadena comercial.
Por otro lado, se ha favorecido a segmentos salariales con el no pago del Impuesto sobre la Renta, y con ello se resiente el erario público.
Como contrapropuesta, hace unos 12 años se incrementó el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS) para compensar un poco la recaudación de tributos en aras de un más robusto erario público.
Luego de terminada la dictadura militar, los dos primeros gobiernos democráticos hicieron ingentes esfuerzos por sanear las finanzas públicas, en especial la deuda externa, y posteriormente gestionar la cosa pública de manera tal que, entre 2009-2014, Panamá lograra alcanzar grado de inversión, y los beneficios que esto conlleva para la economía nacional.
Pero el actual gobierno enfrenta, desde su llegada, una exorbitante deuda pública, especialmente la externa, que hoy, el servicio a la misma se eleva a más de $5.000 millones, minando las posibilidades presupuestarias actuales y desviando recursos hacia el exterior en detrimento de la solución de necesidades prioritarias para la población.
Paralelo a ello, sale a relucir, ante esta realidad fiscal, un elemento que cala mucho en la sociedad y es la llamada evasión fiscal, y quién se beneficia de ello.
En mi análisis previo a esta evaluación, denominado ¿Elusión o Evasión Fiscal?, indicábamos que la evaluación realizada por la Dirección General de Ingresos (DGI) y plasmada en sus boletines tributarios dedicados a este tópico, daba a entender que una gran cantidad de recursos que pudieran ingresar al Tesoro Nacional se diluía en el proceso contable, mostrándose muy favorable a las personas jurídicas, es decir, al empresariado panameño.
Pero las cifras revisadas no solo exponen al resto de los contribuyentes y los montos que, por razones que más adelante explicaremos, no ingresaban al erario público, sino que la DGI no explica una serie de legislaciones que favorecen un cúmulo de exoneraciones que, en la práctica, impiden que dichos valores ingresen al erario público.
Hicimos referencia a la brecha normativa, la cual permite, por las legislaciones del momento, descontar avales y, por ende, los tributos resultan menores.
Si la norma, luego de una evaluación objetiva por la DGI, no cumple su cometido, o la misma es aprovechada por segmentos de la población no contemplados en ella, su modificación o sanción deben ser consideradas.
Si, por otro lado, la brecha de cumplimiento muestra excesos en los valores a descontar, estamos frente a una clara violación legal, y quedamos frente a la evasión fiscal, ante lo cual la DGI tiene pleno derecho para tomar las acciones correspondientes.
Señalamos al principio que los análisis realizados por la DGI en sus Evaluaciones de Gasto Tributario e Incumplimiento, presentes en sus boletines oficiales, tienden a afirmar un elevado grado de incumplimiento; esto es, montos no declarados cuyos saldos podrían resolver no solo las necesidades de la población con creces, sino también saldar nuestra deuda externa sin los sobresaltos financieros actuales.
El cuadro que a continuación presentamos revela cierto nivel de detalle de nuestra realidad legal fiscal que redunda, supuestamente, en beneficios a la sociedad, y evaluemos si se requiere hacer ajustes legales o no para mejorar el nivel de recaudación actual.
Estos valores son los sacrificios fiscales que hacen los contribuyentes para sostener estos incentivos, los cuales se acercan a los $3.000 millones para el período 2019-2023.
Veamos solo dos ejemplos de los contemplados en este cuadro y consideremos si vale o no mantenerlos o si es necesario realizar ajustes que redunden, no solo en beneficios para quien recibe este apoyo, sino también en que sea menos impactado el erario público.
El subsidio a la energía es el rubro que arroja el mayor saldo, y nos preguntamos: ¿Hacia qué sector está dirigido el mismo? ¿Clase popular o media, acorde a los niveles de consumo?
En el caso del subsidio al gas licuado, ¿hacia qué sector está dirigido el mismo? ¿Segmento popular o comercial?
Sin esos análisis, la opinión de propios y extraños generará una percepción u opinión sesgada de los datos que ofrece la DGI en cuanto a la brecha de incumplimiento, o como se le pudiera atribuir, a una descarada evasión fiscal.
Los mayores impactos al Presupuesto General del Estado están condicionados, tal cual lo ha expresado el Ministro de Economía y Finanzas, a los ajustes automáticos por leyes especiales y a un abultado servicio de la deuda.
Si a ello le sumamos los recursos dirigidos a programas sociales, las exoneraciones y subsidios como los del cuadro anterior, sin contar con el resto de los ítems que pueden deducirse legalmente en las declaraciones juradas de renta, nuestro Tesoro Nacional seguirá en déficit frente a lo que requiere nuestro PGE.
Si el crecimiento económico, por bueno que parezcan los resultados del PIB, no permea a la mayor cantidad de la población, como hasta ahora se ve en las calles con una gran cantidad de personas desempleadas, entonces cualquier mejora será meramente cosmética.
Una revisión integral de todos estos aspectos es requerida con urgencia. Si no es así, nuestras necesidades seguirán siendo cubiertas con deuda, y el futuro de la sociedad, en especial los segmentos menos favorecidos, se verá seriamente comprometido.