Superintendencia respalda regulación de beneficiario final en contratos públicos

La superintendente de Sujetos No Financieros (SSNF), Isabel Fernández, reiteró la importancia de fortalecer los mecanismos de transparencia en Panamá, especialmente en lo relativo a la identificación y regulación de los beneficiarios finales que mantienen contratos con el Estado.

Fernández destacó que, aunque actualmente existe un Registro Único de Beneficiarios Finales (RUBF) administrado por la Superintendencia, es necesario avanzar en reformas legales que permitan a instituciones como la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) acceder a esta información. De esta forma, el país se alinearía con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

“Efectivamente, para que Contrataciones Públicas pueda acceder a los datos de beneficiarios finales se requiere un cambio de ley que los incluya como autoridad autorizada para ver esa información. Ese paso es parte de las recomendaciones internacionales del GAFI, y hacia allá estamos trabajando”, afirmó Fernández durante su participación en el 10.º Congreso Internacional de Cumplimiento de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (Asocupa).

La funcionaria explicó que el RUBF es una plataforma activa y en constante actualización, y que la entidad mantiene comunicación directa con los abogados responsables de registrar a los beneficiarios finales.

“Estamos muy pendientes de cualquier necesidad que tengan los abogados, que son quienes realizan los registros, para garantizar que la información esté vigente, protegida y cumpla con los estándares de transparencia”, añadió la superintendente.

Las declaraciones de Fernández se dan en momentos en que la diputada de la bancada de Vamos, Janine Prado, presentará ante la Asamblea Nacional una propuesta de ley orientada a transparentar quiénes son los beneficiarios finales de las empresas que contratan con el Estado.

El proyecto busca modificar los artículos 23 y 41 de la Ley 22 de 2006, sobre contrataciones públicas, para que toda persona jurídica que resulte contratista del Estado esté obligada a entregar a la DGCP la lista completa de las personas naturales que sean sus beneficiarios finales.

De acuerdo con la propuesta, la DGCP deberá publicar esa información en su sitio web, mientras que las empresas estarán obligadas a reportar cualquier cambio en su estructura accionaria. Además, las sociedades anónimas que contraten con el Estado deberán contar con acciones nominativas.

En caso de incumplimiento, las entidades contratantes no podrán desembolsar los fondos del contrato, según advierte el proyecto.

“El uso y la recepción de fondos públicos implican necesariamente un mayor nivel de escrutinio ciudadano. Las empresas que deciden participar en licitaciones, contratos o convenios con el Estado lo hacen de forma voluntaria, por lo que deben aceptar condiciones de transparencia más estrictas”, argumentó Prado en la exposición de motivos.

Por su parte, Ricardo Moreno, supervisor de Capacitación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), quien también participó en el Congreso de Asocupa, aseguró que Panamá ha logrado salir de varias listas internacionales gracias al fortalecimiento de su marco legal y al cumplimiento efectivo de las normas financieras.

“Panamá ha demostrado que su sistema es robusto. No somos un paraíso fiscal; tenemos leyes que se cumplen, y por eso hemos salido de esas listas”, sostuvo Moreno.

En cuanto a la confidencialidad, Moreno recalcó que tanto los sujetos obligados como la UAF deben proteger la información de forma estricta. “La confidencialidad está garantizada. Toda la información que los sujetos obligados envían a la UAF se maneja con absoluta reserva. Es un sistema seguro y confiable”, manifestó.