Una reforma tributaria se necesita urgentemente

Las calificadoras de riesgo tienen años advirtiendo que las finanzas públicas de Panamá no son sostenibles, que hay un problema estructural que se debe resolver y que no puede ser solucionando con medidas cosméticas como se ha tratado de hacer hasta ahora. El problema es que los ingresos del Estado no están creciendo al mismo nivel que los gastos. Peor aún, están cayendo como porcentaje de la economía.

Este tema lo trate con más detalle en artículo publicado en La Estella de Panamá titulado “La Evasión Fiscal Existe en Panamá”. En resumen, los ingresos corrientes han caído un 4,1 % del producto interno bruto (PIB) del 2013 al 2024, lo que equivale a $3.600 millones. Mientras tanto los gastos corrientes han subido un 2,1 % del PIB lo que equivale a $1.800 millones en el 2024. Los intereses se estiman en $3.200 para el 2025 lo que equivale al 3,5 % del PIB de este año. Es decir, los ingresos no recaudados son más que lo que el Estado paga en intereses. Para contrarrestar esta caída en los ingresos se está bajando la inversión, de un 8,8 % del PIB en el 2013 a un 4,4 % en el 2024. En dólares, son $3.800 millones en inversión pública que no se realizó. Esta inversión es lo que genera empleo, crecimiento económico y bienestar social.

Con la reforma a la ley de la Caja de Seguro Social (CSS), el gobierno logró resolver uno de los problemas que tenía las finanzas públicas. No es que resolvió el problema del financiamiento de las pensiones del sistema solidario, sino que se definió el monto que el Estado tiene que aportar para cubrir el déficit actuarial que tiene el sistema solidario. Este monto equivale a 1,2 % del PIB de aquí hasta que se muera el último pensionado de este sistema. Sin embargo, cuando proyectamos el espacio presupuestario que va tener los futuros gobiernos para endeudarse, solo la CSS se va llevar casi la totalidad del espacio permitido en la modificación a Ley Responsabilidad Fiscal aprobada en esta administración que establece un tope de déficit de un 1.5% para el 2030 (yo personalmente pienso que este tope es demasiado bajo y debe ser más por el orden del 3%).

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se ha concentrado en controlar el gasto para poder tratar de lograr una estabilidad fiscal. Pero la realidad es que la contención del gasto no es más que una contención de la inversión. De los $1.900 millones que se metieron en la contención del gasto aprobada en el Gabinete, el 85% es inversión. Aquí es donde llegamos al meollo del problema. El presupuesto de funcionamiento del gobierno es poco flexible. A mí me da risa cuando escucho “expertos” hablar de rebajar en miles de millones de dólares el costo de funcionamiento del Estado. El rubro más grande es la planilla y con las leyes especiales en algunos sectores como salud y educación, el aumento anual ando por más de $300 millones. Puede el gobierno botar funcionarios cuando tenemos una tasa de desempleo por el orden del 10% y una informalidad del 50 %? Claro que no. Lo más saludable es congelar los nombramientos y dejar que la atrición reduzca la cantidad de funcionarios, pero eso toma tiempo y todos los gobiernos tienen compromisos políticos que tienen que atender. Bajar el presupuesto de la Asamblea también es otra medida que he escuchado. Bajando en $100 millones el presupuesto de la Asamblea solo representa el 0,003 % del presupuesto del 2026 lo cual no es nada. Bajemos los más de $2.000 millones en subsidio. ¿Perfecto, cual quitamos? ¿El de la luz para que las familias paguen una cuenta de luz más alta? La beca universal para que la deserción escolar regrese a un 50 %? ¿Los intereses preferenciales?

Hay realidades financieras y hay realidades políticas y los gobiernos tienen que nadar en ambas aguas. Claro que los subsidios pueden ser más eficientes. Claro que el gasto puede ser más eficiente. Pero lograr una mejoría drástica es imposible. Yo todavía recuerdo ver noticias en los 80s que en Estados Unidos, el Pentágono estaba pagando $800 (en esa época) por inodoros. Mi punto es que los gobiernos, ni el de Estados Unidos, son tan eficientes como la empresa privada y no podemos usar los mismos estándares para compararlos.

Otro punto que no se toma en cuenta es que el progreso tiene un costo. Ahora que tenemos Metro, tenemos gastos que antes no se tenían. El mantenimiento y la operación lo cual no se cubre con la tarifa. Lo mismo para el Metrobús. Todos los sistemas de transporte público son subsidiados para que los usuarios puedan pagar una tarifa accesible para sus presupuestos familiares. La Ciudad de la Salud, una centro hospitalario de primer mundo, tiene un costo operacional alto. Los aviones y lanchas que requiere el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá también tienen costos operacionales altos. ¿Debemos poner en riesgo nuestra seguridad nacional por falta de presupuesto?

Todos queremos mejor salud, mejor educación, más seguridad, mejores salarios, etc. Pero no queremos pagar por eso. El argumento simplista es que como el gobierno mal gasta o se roba la plata entonces no voy a pagar impuestos. ¿Qué viene primero, el huevo o la gallina? Sin plata el gobierno no puede atender las necesidades de su población. El Canal ha logrado cubrir en parte esas necesidades con los aportes que anualmente da al gobierno. Pero hoy día lo que aporta el Canal no cubre los intereses que tenemos que pagar, ni tampoco los subsidios que el gobierno otorga. Se tiene que aumentar la recaudación de impuestos. La región latinoamericana tiene un promedio de recaudación tributaria de 21 %. Panamá está en 6,6 %, más el Canal que aporta un 3 % del PIB, estamos en total cerca del 10 %, un 11% por debajo de la región. Esos son $9.500 millones. Combatiendo la evasión fiscal se recupera parte de eso, pero toma tiempo y no llega ni cerca a ese monto. Panamá tiene el IVA (ITBMS) más bajo y, agregado a eso, el 45 % de la actividad está exenta del cobro (comida, salud, educación, vivienda). Se debe aumentar la tasa y eliminar las exenciones en salud y educación. Eliminar otras exenciones e incentivos fiscales a sectores que no lo necesitan. También tenemos que repensar el esquema de territorialidad que tenemos e ir migrando a un impuesto mínimo en toda actividad comercial. Son ideas, pero la realidad es que hay que hacer una reforma tributaria ya, porque las finanzas públicas no aguantan más.