Álvaro Uribe es sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria
- 01/08/2025 23:00
Uribe fue hallado culpable de soborno y fraude. Deberá cumplir 12 años de detención domiciliaria en Llanogrande, según fallo judicial que aún puede ser apelado El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez fue sentenciado a 12 años de arresto domiciliario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, según la decisión judicial emitida este 1 de agosto por la jueza Sandra Liliana Heredia. El fallo, de 1.114 páginas, impone también una multa de 2.400 millones de pesos y una inhabilitación de más de ocho años para ejercer funciones públicas. La sentencia fue difundida por El Tiempo, que accedió al documento completo.
“Condenar a Álvaro Uribe Vélez a las penas principales de 144 meses o lo que es lo mismo, 12 años de prisión, multa equivalente a 2.420 salarios mínimos (unos 3.400 millones de pesos colombianos que representan unos $822.000), e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, como sanción principal, de 100 meses y 20 días, como determinador penalmente responsable del delito de soborno en actuación penal en concurso homogéneo en concurso heterogéneo con fraude procesal en concurso homogéneo como se expuso en la parte motiva de la sentencia...”, reza el fallo.
Pese a que la Fiscalía había solicitado una pena de 9 años, la jueza impuso una condena mayor y ordenó que el exmandatario inicie de inmediato la detención domiciliaria en su finca de Llanogrande, Rionegro, mientras el proceso sigue su curso en segunda instancia, pues la defensa anunció que apelará ante el Tribunal Superior de Bogotá.
La jueza justificó la medida asegurando que Uribe “es merecedor de la prisión domiciliaria”, al cumplir los requisitos de idoneidad y proporcionalidad. No obstante, aclaró que debe empezar a ejecutar la pena aun sin que la sentencia esté en firme:
“Se hace necesario que el acusado inicie la ejecución de su sanción previo a que la decisión proferida cobre firmeza, al superarse con creces los requisitos nominales de necesidad...”.
La decisión ha generado controversia, pues los precedentes de las altas cortes permiten que los acusados sin riesgo de fuga o peligrosidad permanezcan en libertad hasta que haya una sentencia definitiva.
Entre las condiciones impuestas, Uribe no podrá cambiar de domicilio sin autorización judicial, deberá atender los llamados de las autoridades y permitir el ingreso de funcionarios encargados de verificar el cumplimiento de la orden. Además, la inhabilidad para ejercer cargos públicos se extiende por 100 meses y 20 días, periodo en el cual no podrá ser elegido a ningún cargo de elección popular.
El penalista Jaime Granados, quien también forma parte del equipo legal de Uribe, le contó a El Tiempo que, desde el pasado lunes, cuando el exmandatario fue condenado por Heredia, la defensa está estudiando la apelación. Resaltó que su cliente mantiene la presunción de inocencia porque no hay un fallo definitivo.
“Él ha estado muy activo en su defensa, con todo respeto, dando ejemplo, y con toda la confianza de que la apelación deberá prevalecer, y la justicia brillará porque Colombia es un país de instituciones”, dijo el abogado.
El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez fue sentenciado a 12 años de arresto domiciliario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, según la decisión judicial emitida este 1 de agosto por la jueza Sandra Liliana Heredia. El fallo, de 1.114 páginas, impone también una multa de 2.400 millones de pesos y una inhabilitación de más de ocho años para ejercer funciones públicas. La sentencia fue difundida por El Tiempo, que accedió al documento completo.
“Condenar a Álvaro Uribe Vélez a las penas principales de 144 meses o lo que es lo mismo, 12 años de prisión, multa equivalente a 2.420 salarios mínimos (unos 3.400 millones de pesos colombianos que representan unos $822.000), e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, como sanción principal, de 100 meses y 20 días, como determinador penalmente responsable del delito de soborno en actuación penal en concurso homogéneo en concurso heterogéneo con fraude procesal en concurso homogéneo como se expuso en la parte motiva de la sentencia...”, reza el fallo.
Pese a que la Fiscalía había solicitado una pena de 9 años, la jueza impuso una condena mayor y ordenó que el exmandatario inicie de inmediato la detención domiciliaria en su finca de Llanogrande, Rionegro, mientras el proceso sigue su curso en segunda instancia, pues la defensa anunció que apelará ante el Tribunal Superior de Bogotá.
La jueza justificó la medida asegurando que Uribe “es merecedor de la prisión domiciliaria”, al cumplir los requisitos de idoneidad y proporcionalidad. No obstante, aclaró que debe empezar a ejecutar la pena aun sin que la sentencia esté en firme:
“Se hace necesario que el acusado inicie la ejecución de su sanción previo a que la decisión proferida cobre firmeza, al superarse con creces los requisitos nominales de necesidad...”.
La decisión ha generado controversia, pues los precedentes de las altas cortes permiten que los acusados sin riesgo de fuga o peligrosidad permanezcan en libertad hasta que haya una sentencia definitiva.
Entre las condiciones impuestas, Uribe no podrá cambiar de domicilio sin autorización judicial, deberá atender los llamados de las autoridades y permitir el ingreso de funcionarios encargados de verificar el cumplimiento de la orden. Además, la inhabilidad para ejercer cargos públicos se extiende por 100 meses y 20 días, periodo en el cual no podrá ser elegido a ningún cargo de elección popular.
El penalista Jaime Granados, quien también forma parte del equipo legal de Uribe, le contó a El Tiempo que, desde el pasado lunes, cuando el exmandatario fue condenado por Heredia, la defensa está estudiando la apelación. Resaltó que su cliente mantiene la presunción de inocencia porque no hay un fallo definitivo.
“Él ha estado muy activo en su defensa, con todo respeto, dando ejemplo, y con toda la confianza de que la apelación deberá prevalecer, y la justicia brillará porque Colombia es un país de instituciones”, dijo el abogado.