Elecciones en México para adecentar el Poder Judicial
- 19/05/2025 00:00
El pueblo mexicano considera que estas elecciones son contra la corrupción pues con esos comicios México inaugura un nuevo sistema de escogencia de esos importantes funcionarios del Estado que anteriormente eran asignados a dedo por los partidos políticos con representación parlamentaria Después de una larga batalla de casi siete años que empezó desde el primer día de gobierno en 2018 del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (Amlo), México se abocará a las urnas este 1 de junio para elegir a los principales cargos del Poder Judicial.
Son consideradas por el pueblo mexicano unas elecciones contra la corrupción pues con esos comicios México inaugura un nuevo sistema de escogencia de esos importantes funcionarios del Estado que anteriormente eran asignados a dedo por los partidos políticos con representación parlamentaria.
Eran las cúpulas de esas agrupaciones, sobornadas por el gran capital nacional y extranjero, quienes imponían a magistrados y jueces y formaban sus órganos principales como la Suprema Corte, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, de la Sala Superior del Tribunal Electoral, de Salas Regionales del Tribunal Electoral, y de Circuito, y juezas y jueces de Distrito.
O sea, la elección abarca a todo el aparato de ese poder del Estado a fin de que deje de ser un instrumento de violación de leyes y decretos, contrario a su objetivo y mandato de hacerlas respetar y castigar a quienes hacían todo lo contrario.
El Poder Judicial de México desde finales del siglo pasado se caracterizó por una corrupción entronizada por los propios gobiernos desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, pasando por los de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, y Felipe Calderón, quienes mantuvieron la influencia del capital privado y de los partidos de derecha en todas sus instancias, e incluso la reforzaron durante el mandato de López Obrador pues el Poder Judicial siguió en sus manos.
Desde allí se manipularon las elecciones presidenciales y de los estados durante todos esos gobiernos y se fraguaron el boicot y los fraudes para impedir la llegada al poder de Amlo, a quien le arrebataron su triunfo o le impidieron llegar a la presidencia de la república en sus dos intentos anteriores, en 2006 y 2012, pero en 2018 les fue imposible detenerlo o hacer trampas para ocultar o decretar nula su victoria, la cual logró con más de 30 millones de votos.
Una vez en el gobierno, la Suprema Corte de Justicia, en manos de la derecha, hizo todo lo que estuvo a su alcance para impedir que los programas de la IV Transformación para elevar el bienestar del pueblo y sacar a millones de mexicanos de la pobreza, se realizaran, pero aun teniendo a su favor una mayoría para hacer abortar las leyes y decretos al respecto, no pudieron detener la avalancha de cambios y la modernización de México que con Amlo se colocó entre los 13 países más desarrollados del mundo.
La Corte vetó o declaró inconstitucionales todas las leyes y decretos aprobados por el Poder Legislativo, en una franca invasión de un terreno que le era vedado, una usurpación que mantuvo hasta ahora.
Como en otros estados, el Poder Judicial de México fue preparado para encubrir los delitos de cuello blanco, y piedra de traba en la investigación de crímenes de lesa humanidad como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014 bajo el gobierno de Peña Nieto, la enorme corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex), y la privatización de la industria eléctrica nacional entregada al capital extranjero mediante una fraudulenta reforma energética cuyos ilícitos involucraron a diputados y senadores de los principales partidos políticos como Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.
El Instituto Nacional electoral fue convertido en un nido de buitres a la sombra de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral, desde los cuales se manejaban y alteraban las cifras para favorecer a los candidatos designados a dedo.
El narcotráfico, con su secuela de muertos por la violencia criminal, estuvo amparado, y aun lo está en parte, por jueces corruptos de base, en especial municipales y distritales que es donde se ventilan en primera instancia esos delitos.
Pero con estas elecciones ya esa historia llega a su fin, pues por vez primera en la historia de México, todos los cargos del Poder Judicial serán electos por el pueblo sin que los partidos ni los legisladores y empresarios, puedan meter sus manos.
Para lograr que no haya trampas, impunidad, corrupción, manejo de votos y beneficios oscuros para los aspirantes, se ha ideado un sistema que al menos les dificulta con creces cualquier acción ilegal.
Tras más de un año de esfuerzos por realizarlas y de lucha contra la guerra sucia mediática encabezada por la propia presidenta de la Corte, Norma Piña, quien no quiso renunciar ni a su cargo ni a sus enormes privilegios monetarios y de otra naturaleza, finalmente ya el escenario está listo para que el 1 de junio termine la impunidad judicial.
Para tratar de impedir u obstaculizar las acciones contra el proceso y blindarlo lo más posible contra el fraude, los organizadores confeccionaron seis boletas bien definidas que el elector recibirá al llegar a la casilla, cada una de un color distinto para elegir a: 1) ministros y ministras de la Suprema Corte; 2) magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, 3) Sala Superior del Tribunal Electoral, 4) Salas Regionales del Tribunal Electoral; 5) magistradas y magistrados de Circuito, 6) juezas y jueces de Distrito.
Tiene detalles que servirán para preservarlas de fraude como, por ejemplo. Una lista de todos los candidatos con un número que se puede ver previamente y es el que se pondrá en la boleta que además revela quién o qué partido, propuso al candidato, si fue del Poder Judicial, del Ejecutivo, del Legislativo a fin de que quede claro su origen y tendencia.
Las listas de candidatos tendrán en cuenta los problemas de género y para que no haya confusiones no se mezclaran los nombres de las mujeres con los de los hombres.
Hay muchas expectativas creadas, pues es la primera experiencia de este tipo de comicios en México, es decir, elección popular de magistrados y jueces, y seguramente otros países estarán al tanto de sus resultados, sobre todos aquellos en los que los partidos políticos participan como instituciones. Aquí ya no será así, pues lo harán únicamente como personas comunes.
Hay muchas expectativas creadas, pues es la primera experiencia de este tipo de comicios en México, es decir, elección popular de magistrados y jueces, y seguramente otros países estarán al tanto de sus resultados.
Después de una larga batalla de casi siete años que empezó desde el primer día de gobierno en 2018 del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (Amlo), México se abocará a las urnas este 1 de junio para elegir a los principales cargos del Poder Judicial.
Son consideradas por el pueblo mexicano unas elecciones contra la corrupción pues con esos comicios México inaugura un nuevo sistema de escogencia de esos importantes funcionarios del Estado que anteriormente eran asignados a dedo por los partidos políticos con representación parlamentaria.
Eran las cúpulas de esas agrupaciones, sobornadas por el gran capital nacional y extranjero, quienes imponían a magistrados y jueces y formaban sus órganos principales como la Suprema Corte, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, de la Sala Superior del Tribunal Electoral, de Salas Regionales del Tribunal Electoral, y de Circuito, y juezas y jueces de Distrito.
O sea, la elección abarca a todo el aparato de ese poder del Estado a fin de que deje de ser un instrumento de violación de leyes y decretos, contrario a su objetivo y mandato de hacerlas respetar y castigar a quienes hacían todo lo contrario.
El Poder Judicial de México desde finales del siglo pasado se caracterizó por una corrupción entronizada por los propios gobiernos desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, pasando por los de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, y Felipe Calderón, quienes mantuvieron la influencia del capital privado y de los partidos de derecha en todas sus instancias, e incluso la reforzaron durante el mandato de López Obrador pues el Poder Judicial siguió en sus manos.
Desde allí se manipularon las elecciones presidenciales y de los estados durante todos esos gobiernos y se fraguaron el boicot y los fraudes para impedir la llegada al poder de Amlo, a quien le arrebataron su triunfo o le impidieron llegar a la presidencia de la república en sus dos intentos anteriores, en 2006 y 2012, pero en 2018 les fue imposible detenerlo o hacer trampas para ocultar o decretar nula su victoria, la cual logró con más de 30 millones de votos.
Una vez en el gobierno, la Suprema Corte de Justicia, en manos de la derecha, hizo todo lo que estuvo a su alcance para impedir que los programas de la IV Transformación para elevar el bienestar del pueblo y sacar a millones de mexicanos de la pobreza, se realizaran, pero aun teniendo a su favor una mayoría para hacer abortar las leyes y decretos al respecto, no pudieron detener la avalancha de cambios y la modernización de México que con Amlo se colocó entre los 13 países más desarrollados del mundo.
La Corte vetó o declaró inconstitucionales todas las leyes y decretos aprobados por el Poder Legislativo, en una franca invasión de un terreno que le era vedado, una usurpación que mantuvo hasta ahora.
Como en otros estados, el Poder Judicial de México fue preparado para encubrir los delitos de cuello blanco, y piedra de traba en la investigación de crímenes de lesa humanidad como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014 bajo el gobierno de Peña Nieto, la enorme corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex), y la privatización de la industria eléctrica nacional entregada al capital extranjero mediante una fraudulenta reforma energética cuyos ilícitos involucraron a diputados y senadores de los principales partidos políticos como Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.
El Instituto Nacional electoral fue convertido en un nido de buitres a la sombra de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral, desde los cuales se manejaban y alteraban las cifras para favorecer a los candidatos designados a dedo.
El narcotráfico, con su secuela de muertos por la violencia criminal, estuvo amparado, y aun lo está en parte, por jueces corruptos de base, en especial municipales y distritales que es donde se ventilan en primera instancia esos delitos.
Pero con estas elecciones ya esa historia llega a su fin, pues por vez primera en la historia de México, todos los cargos del Poder Judicial serán electos por el pueblo sin que los partidos ni los legisladores y empresarios, puedan meter sus manos.
Para lograr que no haya trampas, impunidad, corrupción, manejo de votos y beneficios oscuros para los aspirantes, se ha ideado un sistema que al menos les dificulta con creces cualquier acción ilegal.
Tras más de un año de esfuerzos por realizarlas y de lucha contra la guerra sucia mediática encabezada por la propia presidenta de la Corte, Norma Piña, quien no quiso renunciar ni a su cargo ni a sus enormes privilegios monetarios y de otra naturaleza, finalmente ya el escenario está listo para que el 1 de junio termine la impunidad judicial.
Para tratar de impedir u obstaculizar las acciones contra el proceso y blindarlo lo más posible contra el fraude, los organizadores confeccionaron seis boletas bien definidas que el elector recibirá al llegar a la casilla, cada una de un color distinto para elegir a: 1) ministros y ministras de la Suprema Corte; 2) magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, 3) Sala Superior del Tribunal Electoral, 4) Salas Regionales del Tribunal Electoral; 5) magistradas y magistrados de Circuito, 6) juezas y jueces de Distrito.
Tiene detalles que servirán para preservarlas de fraude como, por ejemplo. Una lista de todos los candidatos con un número que se puede ver previamente y es el que se pondrá en la boleta que además revela quién o qué partido, propuso al candidato, si fue del Poder Judicial, del Ejecutivo, del Legislativo a fin de que quede claro su origen y tendencia.
Las listas de candidatos tendrán en cuenta los problemas de género y para que no haya confusiones no se mezclaran los nombres de las mujeres con los de los hombres.
Hay muchas expectativas creadas, pues es la primera experiencia de este tipo de comicios en México, es decir, elección popular de magistrados y jueces, y seguramente otros países estarán al tanto de sus resultados, sobre todos aquellos en los que los partidos políticos participan como instituciones. Aquí ya no será así, pues lo harán únicamente como personas comunes.