Jueza anula suspensión de visas de inmigrante impuesta por Trump a ciudadanos de 75 países
- 23/08/2026 10:02
El tribunal determinó que Marco Rubio excedió sus facultades legales al aplicar una restricción general basada en la nacionalidad de los solicitantes
Un tribunal federal de Estados Unidos asestó un nuevo revés a la política migratoria del presidente Donald Trump, al dejar sin efecto la suspensión de visas de inmigrante que afectaba a ciudadanos de 75 países de América Latina, el Caribe, África, Asia, Medio Oriente y los Balcanes.
La jueza federal Jeannette Vargas, del Distrito Sur de Nueva York, determinó que la medida implementada por el secretario de Estado, Marco Rubio, excedía las facultades que le otorga la legislación estadounidense y contravenía las normas que regulan la concesión de estos documentos.
La decisión judicial, emitida el viernes, también deja sin efecto las negativas de visas sustentadas exclusivamente en esa política y obliga a que las solicitudes afectadas vuelvan a ser evaluadas bajo los procedimientos migratorios ordinarios.
La restricción había entrado en vigor en enero de 2026 y paralizó el procesamiento de visas de inmigrante para nacionales de decenas de territorios, entre ellos Brasil, Colombia, Cuba, Haití, Uruguay, Afganistán, Egipto, Irán, Irak, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen.
La Administración Trump había justificado la suspensión bajo el argumento de evitar el ingreso de personas que pudieran convertirse en una “carga pública”, concepto utilizado en la legislación migratoria para evaluar la posibilidad de que un extranjero dependa principalmente de determinadas ayudas gubernamentales.
Sin embargo, Vargas concluyó que el Departamento de Estado aplicó una prohibición generalizada basada en la nacionalidad de los solicitantes, en lugar de permitir que los funcionarios consulares estudiaran individualmente cada caso.
En su fallo, la magistrada consideró que la política era contraria a la ley y había sido emitida más allá de la autoridad legal de Rubio.
El tribunal señaló que la normativa migratoria estadounidense establece mecanismos específicos para determinar cuándo una persona puede ser considerada inadmisible por motivos económicos, por lo que esa evaluación corresponde realizarla de manera individual.
La jueza sostuvo además que la política provocó que personas que cumplían con los requisitos establecidos por la legislación estadounidense no pudieran obtener sus visas únicamente por pertenecer a alguna de las nacionalidades incluidas en la lista.
El alcance de la sentencia no se limita a impedir que continúe aplicándose la suspensión.
El tribunal también anuló las denegaciones que se hubieran producido exclusivamente como consecuencia de esta política, lo que abre la puerta para que las solicitudes afectadas sean reconsideradas por funcionarios consulares bajo las reglas migratorias habituales.
El litigio fue impulsado por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, entre ellas Catholic Legal Immigration Network y African Communities Together, además de solicitantes afectados y ciudadanos estadounidenses que patrocinaban a familiares.
La demanda cuestionaba que el Gobierno pudiera restringir de manera general el procesamiento de visas de inmigrante en función del país de procedencia.
La decisión representa un nuevo desafío judicial para la estrategia migratoria de Trump, que desde su regreso a la Casa Blanca ha impulsado distintas medidas destinadas a endurecer los requisitos de entrada y permanencia de extranjeros en Estados Unidos.
El Gobierno estadounidense, sin embargo, todavía tiene la posibilidad de apelar el fallo.