Nicolás Maduro buscará anular su proceso judicial en Estados Unidos por su ‘inmunidad diplomática’
- 01/09/2026 11:07
La defensa deberá enfrentar precedentes judiciales como el caso del exdictador panameño Manuel Antonio Noriega
El depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro buscará que sean desestimados los cargos de narcotráfico en su contra durante su próxima audiencia judicial, prevista para este miércoles en una corte de Nueva York (Estados Unidos), apelando a su inmunidad como jefe de Estado.
Este movimiento se produce pocos días después de que la administración del presidente estadounidense Donald Trump y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciaran un acuerdo mediante el cual Washington se convertiría en propietario de una quinta parte del petróleo venezolano. Esa misma semana, Maduro difundió en redes sociales unas fotografías fechadas el pasado 25 de junio desde el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn.
Según reveló la agencia Reuters este martes 1 de septiembre, la defensa de Maduro, encabezada por el abogado Barry Pollack, centrará sus esfuerzos en plantear interrogantes sobre la forma en que el exmandatario fue llevado ante la justicia estadounidense, tras su captura en Caracas el pasado 3 de enero por parte del Ejército de Estados Unidos.
En este sentido, Reuters destacó que Maduro enfrenta ‘una batalla cuesta arriba’ para convencer al juez federal del distrito de Manhattan, Alvin Hellerstein, pese a que el derecho internacional generalmente protege a los jefes de Estado en ejercicio frente a procesos judiciales en los tribunales de otros países.
Una de las líneas de defensa del exmandatario se centrará en la invocación de un principio diplomático que establece que los jefes de Estado en ejercicio gozan de inmunidad frente a procesos judiciales en el extranjero. Sin embargo, de acuerdo con Reuters, la Fiscalía rebatirá este argumento al señalar que Washington dejó de reconocer a Maduro como presidente de Venezuela desde 2019 y desconoció los resultados de las elecciones de 2018 y 2024, al considerar que fueron procesos electorales fraudulentos.
Asimismo, se prevé que los fiscales citen diversos precedentes judiciales para justificar tanto el proceso contra Maduro como la forma en que fue llevado ante los tribunales estadounidenses. Uno de los ejemplos será el intento fallido del exdictador panameño Manuel Antonio Noriega de alegar inmunidad como jefe de Estado después de que el Ejército estadounidense lo capturara y trasladara a Miami para enfrentar cargos por narcotráfico.
En ese caso, un juez rechazó el argumento de Noriega debido a que nunca ostentó oficialmente el título de presidente.
No obstante, Reuters apuntó que uno de los elementos clave para la decisión de Hellerstein será determinar si la entonces número dos de Maduro y actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, respalda o no la reclamación de inmunidad presentada por el exmandatario. En el caso de Noriega, Panamá nunca solicitó inmunidad judicial en su favor cuando su condena por narcotráfico fue confirmada en 1997.
Por otro lado, Maduro también argumentará que su caso debería ser desestimado, ya que su captura contravino el tratado de extradición entre Estados Unidos y Venezuela, suscrito en 1922, mediante el cual ambos países acordaron presentar solicitudes formales para la entrega de fugitivos.
Sin embargo, los tribunales estadounidenses han sostenido durante mucho tiempo que la forma en que un acusado es capturado no puede impedir su procesamiento. Esta doctrina se remonta al caso de un empleado bancario de Chicago que robó a su empleador en 1883 y posteriormente huyó a Perú, donde fue capturado por un detective privado.
En 1886, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el argumento de que su procesamiento era improcedente debido a que su captura no se había realizado conforme al tratado de extradición entre Estados Unidos y Perú.
Este es uno de los antecedentes de la doctrina jurídica en latín ‘male captus, bene detentus’, que significa ‘capturado ilegalmente, pero detenido legalmente’. Esta doctrina fue citada el 23 de diciembre de 2025 por la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia de Estados Unidos en un memorando dirigido al Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, en el que se argumentó que el carácter forzoso de una incursión para capturar a Maduro no pondría en peligro el proceso judicial en su contra.