Trump vs. Anthropic: por qué Estados Unidos vetó a la IA Claude y qué resolvió la justicia
- 26/09/2026 14:08
El conflicto comenzó por los límites impuestos al uso militar de inteligencia artificial para vigilancia masiva y armamento sin intervención humana
La ruptura entre el Gobierno de Donald Trump y Anthropic, creadora del asistente de inteligencia artificial Claude, mantiene abierto uno de los conflictos más importantes sobre quién debe controlar el uso militar de estas tecnologías: las empresas que desarrollan los modelos o las autoridades que los contratan.
La confrontación estalló públicamente el 27 de febrero de 2026, cuando Trump ordenó a las agencias federales abandonar la tecnología de Anthropic y el Departamento de Defensa —denominado por la Administración como Departamento de Guerra— clasificó a la compañía como un “riesgo para la cadena de suministro”.
La decisión establecía un plazo de transición de hasta seis meses para retirar los sistemas de Claude. También pretendía impedir que contratistas, proveedores y socios de las Fuerzas Armadas mantuvieran relaciones comerciales con Anthropic, incluso en proyectos no vinculados directamente con operaciones militares.
La medida fue presentada por el Gobierno como una respuesta a la negativa de la compañía a entregar al Pentágono acceso sin restricciones a su tecnología. Sin embargo, Anthropic llevó el caso ante los tribunales y obtuvo una decisión favorable que calificó las acciones gubernamentales como ilegales y carentes de fundamento.
Vigilancia masiva y armas autónomas
El desacuerdo surgió durante las negociaciones para ampliar el uso de Claude dentro de los sistemas militares estadounidenses.
Anthropic, dirigida por Dario Amodei, aseguró estar dispuesta a permitir todos los usos legales de sus modelos para proteger la seguridad nacional, con dos excepciones: la vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses y la creación de armas completamente autónomas capaces de actuar sin intervención humana.
La empresa argumentó que los modelos actuales todavía no son suficientemente confiables para controlar sistemas armamentísticos por cuenta propia. También advirtió sobre los riesgos de utilizar inteligencia artificial para procesar grandes cantidades de información personal y vigilar a la población.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, consideró que una empresa privada no debía tener capacidad para establecer límites sobre las decisiones operativas de las Fuerzas Armadas. El Pentágono sostuvo que las restricciones debían estar determinadas por las leyes estadounidenses y no por las condiciones de uso de un proveedor tecnológico.
Anthropic respondió que ningún tipo de intimidación modificaría su postura sobre las armas autónomas o la vigilancia doméstica. Además, anunció que impugnaría judicialmente la clasificación impuesta por el Gobierno.
Un contrato de hasta $200 millones
La ruptura fue especialmente sensible porque Anthropic había firmado acuerdos con el Pentágono valorados en hasta $200 millones y Claude se encontraba integrado en sistemas empleados para tareas de inteligencia y seguridad nacional.
La compañía fue una de las primeras desarrolladoras de inteligencia artificial generativa en operar dentro de redes militares clasificadas. Su tecnología también era utilizada a través de plataformas de empresas contratistas, lo que complicaba su sustitución inmediata.
Anthropic cuenta entre sus principales inversionistas con Amazon y Google, por lo que la prohibición podía tener repercusiones más amplias dentro del ecosistema tecnológico y contractual del Gobierno estadounidense.
Paralelamente, OpenAI alcanzó un acuerdo para incorporar sus modelos a redes clasificadas del Pentágono. Su director ejecutivo, Sam Altman, aseguró entonces que el contrato incluía salvaguardas sobre la intervención humana en sistemas de armas y la prohibición de vigilancia masiva dentro de Estados Unidos.
Esa circunstancia generó cuestionamientos sobre por qué condiciones semejantes a las defendidas por Anthropic fueron incorporadas en el convenio con otra compañía.
La justicia declaró ilegal el veto
El conflicto cambió el 27 de agosto de 2026, cuando la jueza federal Rita F. Lin, del Distrito Norte de California, falló a favor de Anthropic.
La magistrada concluyó que la clasificación de la empresa como riesgo para la cadena de suministro violó la normativa aplicable, fue “arbitraria y caprichosa” y estuvo sustentada en un expediente administrativo insuficiente.
La sentencia determinó que la conducta de Anthropic no cumplía con los criterios legales necesarios para considerarla una amenaza para la cadena de suministro. También señaló que el Departamento de Defensa incumplió procedimientos obligatorios y no demostró que hubiera evaluado medidas menos restrictivas.
“El vacío uso de la seguridad nacional no es un cheque en blanco para castigar y tomar represalias contra críticos del Gobierno”, estableció la decisión judicial.
El fallo sostuvo que el Pentágono conserva la facultad de seleccionar a sus proveedores, pero no puede imponer sanciones generales sin evidencia ni utilizar mecanismos de seguridad nacional para responder a desacuerdos contractuales.
El Pentágono insiste
Pese a la derrota judicial, funcionarios del Pentágono reafirmaron a comienzos de septiembre que seguían considerando a Anthropic un riesgo para la base industrial de defensa.
La postura evidencia que la disputa no está completamente cerrada. El Gobierno conserva la posibilidad de apelar y sostiene que existen fundamentos adicionales para restringir el uso de Claude en determinados sistemas militares.
El caso trasciende la relación entre Trump y Anthropic. Su resultado podría determinar hasta dónde pueden llegar las empresas tecnológicas al establecer límites éticos sobre sus productos y qué facultades posee el Gobierno para exigir acceso a modelos de inteligencia artificial empleados en operaciones de defensa.
La ruptura ocurrió porque Anthropic se negó a permitir que su tecnología fuera utilizada para vigilancia masiva y armas completamente autónomas.